El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron la mañana del jueves 20 de septiembre, el proyecto de ley “Aula Segura”, el cual busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.
Esta proyecto de ley lo que busca, es contrarrestar lo que ocurre actualmente en muchos establecimientos del país, un claro ejemplo es que cuando un profesor es víctima de una agresión física, el profesor agredido debe convivir junto al estudiante agresor por casi un mes, lo que es sin dudas un portazo dignidad de nuestros docentes.
Se ha dicho que este es un proyecto “centralista”, ya que solo responde a la contingencia que viven los liceos emblemáticos en Santiago. Sin embargo, es necesario recordar que, en la Región de Coquimbo, a la fecha, hay muchas denuncias en la Superintendencia de Educación por agresiones a profesores, de las cuales gran parte son por maltrato de alumnos hacia docentes y/o asistentes de la educación, y otros de maltrato de apoderados hacia docentes y/o asistentes de la educación (sin considerar las denuncias que se realizan directamente en el ministerio público).
Es necesario que se respete la autoridad, el orden y la disciplina al interior de las escuelas”, siendo estas condiciones mínimas para que un proyecto pueda escalar en calidad y prestigio.
Aquellos que critican el proyecto, señalan que el proyecto no resuelve el “problema de fondo”. Es difícil pensar que alguna política pública en particular pueda resolver las condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de alumnos y sus familias (ese 8,6% de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza según la Casen 2017), o los altos índices de patologías relacionadas a la salud mental que padecen a cada vez más temprana edad nuestra población (somos el segundo país Ocde) , o el poco tiempo que tienen las familias para estar con sus hijos, y por ende, para reforzar principios y valores que favorezcan un uso responsable de la libertad (somos el quinto país Ocde donde más horas se trabaja al año).
Así, no hay un único “problema de fondo”, sino varios fenómenos, siendo urgente un trabajo intersectorial para mejorar estas condiciones, en donde la educación juega un rol fundamental. El debate por los “problemas de fondo” no puede inmovilizar el ejercicio de la autoridad, menos ahora que es tan necesaria para resguardar la integridad de quienes dedican su vida a la labor docente. No destruyamos esa vocación.
Juan Ignacio Catalán
Presidente Regional
Juventud Renovación Nacional
