Respeto por institucionalidad ambiental

La Ley que creó los tribunales ambientales tuvo por objeto crear una institucionalidad jurisdiccional eminentemente técnica y especializada, radicada en órganos colegiados, donde sus ministros acceden a tales cargos luego de exigentes concursos. Dicho carácter colegiado tuvo por propósito evitar la subjetividad que significaría radicar tales decisiones en un solo juez. Es por esta razón que la Corte Suprema conminó al Tribunal Ambiental de Antofagasta a pronunciarse sobre el fondo: es decir si la calificación ambiental del Proyecto Dominga se ajustó o no a derecho, y muy especialmente a los antecedentes contenidos en el informe de evaluación ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región. Así, el mismo Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó el cierre de Pascua Lama (dos de sus actuales ministros fueron parte de esta decisión) emitió un fallo ordenando anular el acuerdo del Consejo de Ministros y la Resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región, distinguiendo entre esta calificación (que ordenó anular) con el informe consolidado de evaluación, de contenido eminentemente técnico, que recomendó favorablemente el proyecto, como lo ha recordado el ex Ministro de Medio Ambiente del Gobierno de la Presidenta Bachelet, Pablo Badenier.Los fallos judiciales se acatan y no se comentan. Lo mismo diremos cuando la Corte Suprema deba pronunciarse sobre el recurso de apelación, que con seguridad y legítimo derecho interpondrán distintas ONG. Es claro que en nuestra Región tenemos partidarios (particularmente en la comuna de La Higuera) y detractores al proyecto: conozco amigos, dirigentes de la pesca artesanal, de organizaciones sociales y vecinales que defienden una y otra posición. A unos y otros debemos asegurarles que la calificación final se remita a argumentos estrictamente ambientales y técnicos, sin telefonazos y cálculos políticos. Se lo debemos sobre todo a los habitantes de la comuna de La Higuera, que tienen el promedio de ingresos más bajos entre las 15 comunas; se lo debemos a la región con uno de los índices de desempleo más altos de Chile, y que ha sido víctima de la paralización de importantes proyectos de obras públicas por parte de este Gobierno, los que serían capaces de generar miles de puestos de trabajo. Se lo debemos también a una de las reservas de la naturaleza más importantes de nuestro país.Un buen debate mientras discutimos en el Congreso un verdadero Royalty Minero, para que precisamente sean las comunas mineras las que reciban los beneficios del aporte que hacen al PIB, y también para percibir las adecuadas compensaciones a externalidades negativas de la actividad minera.