El Juzgado de Garantía de La Serena llevó a cabo la audiencia de reformalización de la causa en la que se persigue el homicidio del joven ecuatoriano Romario Veloz, quien fue asesinado el 20 de octubre de 2019 por disparos de un militar en el contexto del estallido social.
Veloz participaba de una protesta en las inmediaciones del Terminal de Buses de la capital regional cuando se registró un saqueo a Mall Plaza, a un costado del recinto. El hecho movilizó a personal uniformado, que disparó contra la multitud, hiriendo de muerte a Romario y provocando lesiones a dos ciudadanos chilenos, que también figuran como víctimas del caso.
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El primer imputado en la causa
A más de dos años de lo ocurrido, y al alero de reclamos de la familia de la víctima fatal por el lento avance de las indagatorias y el “silencio” del Ejército, en diciembre de 2021, la Fiscalía formalizó al capitán José Faúndez, quien se encontraba a cargo del pelotón que percutó los disparos, y el Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva.
Luego, se confirmó que se llevaría a cabo una reformalización del caso, para llevar ante la justicia a otros tres militares -Carlos Robledo Olguín, José Arenas Mancilla y Milován Rojas Barrera- quienes serían los autores materiales de los disparos contra las tres víctimas.
La instancia se concretó esta semana y se extendió por tres días, finalizando ayer con las medidas cautelares decretadas por parte del tribunal.
“Esta formalización se añade a la del capitán de Ejército que está en prisión preventiva por haber ordenado disparar fusiles que contenían munición real y de mayor cantidad que fogueo”, dijo ayer el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega.
Lo que se conoce del caso
Según la investigación de la Fiscalía, fue una Unidad Fundamental de Emergencia la que se desplegó el 20 de octubre de 2019 en el sector -además de otros puntos de la comuna- en el contexto de las protestas, cuando regía el estado de excepción constitucional de Emergencia.
En aquella ocasión, Faúndez dispuso la conformación de tiradores, compuesta por 25 militares, que abarcaron la calle Alberto Solari hasta la ruta 5.
Ante la presencia militar, las personas que se encontraban en el sector habrían abandonado sus actos y huido hacia el norte en dirección a calle Amunátegui.
No obstante haber conseguido el objetivo del despliegue, el jefe de la unidad ordenó sucesivamente el avance de la línea en cadena hasta lograr posicionarla a la altura de los estacionamientos existentes en el lugar, momento en que se incorporaron a la cadena de tiradores otras dos escuadras militares.
Siendo las 18:13 horas aproximadamente, el capitán ordenó a los soldados abrir fuego con fusiles SIG y Galil.
Así, cerca de las 18:15 un primer civil recibió impactos de bala que lo dejaron lesionado en forma grave. Para la Fiscalía, estos hechos se enmarcan en la tipificación de violencia injustificada y desproporcionada con resultado de lesiones graves, en los que les cabría participación a Faúndez y a Rojas Barrera.
Posteriormente, resultó herido Romario Veloz, quien luego falleció a causa de las lesiones. Además, un tercero también recibió disparos, pero sin perder la vida. La Fiscalía imputó a Faúndez y a Robledo Olguín el delito de homicidio, y por la tercera víctima, imputó al mismo jefe del grupo y a Arenas Mancilla el delito de homicidio frustrado.
En la audiencia, el juez de Garantía mantuvo la prisión preventiva del capitán imputado en los hechos y ordenó la misma medida para Robledo y Arenas. Rojas, en tanto, resultó con la cautelar de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a las víctimas de los hechos.
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Víctimas del estado
El caso se ha conocido incluso internacionalmente, por la muerte de Romario Veloz, una de las víctimas fatales de la acción de militares en el estallido social. Además del joven ecuatoriano, murió en circunstancias similares el coquimbano Kevin Gómez, por cuyo homicidio ya existe condena para un uniformado.
En el momento álgido de las marchas, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) alertaron del excesivo uso de la fuerza durante la dispersión de las manifestaciones y urgieron al Estado a detener la situación.
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de las más de 3.000 querellas presentadas contra agentes del Estado por delitos cometidos en el marco de las protestas, solo había cuatro condenas dos años después del inicio de la crisis social.
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