El pasado sábado se conoció la existencia de una red de tráfico de migrantes chinos que involucraría a exautoridades vinculadas con la extinta Nueva Mayoría.
Tras una investigación de la PDI, se detuvo a 10 personas, pero solo ocho fueron formalizadas por la Fiscalía Centro Norte, por los delitos de tráfico de migrantes, asociación ilícita y cohecho.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó para el funcionario de cancillería, Alex Brito, prisión preventiva; el exalcalde de Los Andes, el DC Mauricio Navarro, quedó con arresto domiciliario total; el exgobernador de la provincia de Choapa en el segundo gobierno de la Michelle Bachelet, Patricio Trigo, quedó con arresto domiciliario parcial por gestionar las cartas de invitación ideológicamente falsas, antes y después de dejar su cargo; Xiling Huang, también quedó con arresto domiciliario; mientras el resto quedó con arraigo nacional y firma mensual. La investigación durará 90 días.
La red habría cobrado US$5 mil por persona y la indagación realizada por la PDI estableció que 381 ciudadanos chinos fueron traídos a nuestro país, de los cuales 110 tienen visa de residente, 33 la tramitan y 60 están en situación irregular, con paradero desconocido. Los otros 178 cruzaron a Argentina, pero tramitaron sus visas para ese país en el consulado argentino de Antofagasta
Tolerancia cero
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció el sábado que se realizará una querella por red de tráfico de migrantes y precisó que la acción legal será realizada por la cartera que dirige.
“Nos querellaremos como Ministerio del Interior para colaborar en investigación de Fiscalía y aplicación de la Ley”, dijo el secretario de Estado a través de su cuenta de Twitter.
“Felicito a PDI y Ministerio Público por investigación sobre presunta red de tráfico de ciudadanos chinos. Tolerancia cero a quienes pretendan burlar nuestras normas migratorias”, añadió en la misma red social.
Condena a militantes
En tanto, exministros de la Nueva Mayoría condenaron la posible participación de militantes de la desarticulada coalición en una red de tráfico de migrantes chinos y exigieron que se apliquen las sanciones correspondientes, sobre todo si utilizaron sus cargos para fines ilícitos.
El exministro de Relaciones Exteriores y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró que el actuar de los involucrados es “condenable” y que la justicia debe condenarlos por ello, “sin contemplaciones”.
En la misma línea, el exministro de la Secretaría General de Gobierno y diputado del PS, Marcelo Díaz, afirmó que “debe operar la justicia, pues la trata de personas es de los delitos más repudiables” y que la utilización de sus cargos públicos sería una agravante.
Mientras, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, aseguró que no tolerarán hechos ilícitos por parte de sus militantes.
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