Decretan arresto domiciliario parcial para imputado por caso de pornografía infantil

Con completo hermetismo, así se desarrolló este lunes en el Juzgado de Garantía de Illapel, la audiencia de formalización para el empresario y comunicador radial, Roy Canales, investigado por una presunta red de producción de material pornográfico infantil, en la comuna de Salamanca.

La Fiscalía de Illapel formalizó la investigación a un imputado, de iniciales R.C., por su participación en la investigación como presunto autor de los delitos de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil, hechos acontecidos entre los años 2011 y 2016.

Según la imputación de la Fiscalía, dos víctimas en el año 2011 habrían sido fotografiadas por el sujeto, a quienes habría convencido de posar desnudas. Otra víctima fue también fotografiada en el año 2013 y finalmente, en el año 2016, una cuarta víctima habría sido grabada en video.

Todas ellas no habían cumplido los 18 años de edad a la hora de los hechos, según la investigación.

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El fiscal de Illapel, Andrés Villalobos, dijo en la audiencia que el sujeto mantenía el material “en su poder y finalmente ese material llegó a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD de Salamanca y finalmente quedó en poder en el Ministerio Público, luego que denunciara una funcionaria de dicha oficina”, dijo el fiscal.

Tras la formalización de la investigación, el fiscal solicitó medidas cautelares contra el sujeto, las cuales fueron otorgadas por el Tribunal de Garantía. “El tribunal entendió que se encontraba acreditada la existencia del delito y presunciones de participación del imputado, quien según las propias víctimas las contactó luego de iniciada la investigación para que mintieran en razón de su edad y señalaran que las fotos se las tomaron cuando eran mayores de edad, cuestión que hizo presente el Ministerio Público para entender la importancia de las cautelares solicitadas”, dijo el fiscal Villalobos.

El Tribunal fijó medidas cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas.

Además fijó un plazo de investigación de 90 días.

En la audiencia de formalización, si bien la defensa planteó cuestionamientos sobre el origen de la evidencia (pendrive que contenía las imágenes), así como la edad de las víctimas, el fiscal Villalobos dijo que con todo el material probatorio ofrecido se acreditó ante el tribunal que las víctimas eran niñas o adolescentes a la hora de los hechos.

Ahora, en este plazo de 90 días, la Fiscalía deberá ubicar evidencia tecnológica y además resulta necesario periciar un computador. Además se requiere la declaración de una víctima que no ha querido prestar testimonio.

En cuanto a que existan otros partícipes de los hechos, el fiscal dijo que por ahora no hay antecedentes a esta altura de la investigación que permita establecer a personas distintas en la producción y almacenamiento del material, lo mismo en la comercialización o distribución del material.

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De esta manera, Canales deberá complir con lo dictado por la magistrado Andrea Rojas fijo, quien fijó además, en 90 días el plazo de investigación.