A dos años del 18-O: los cambios y deudas que dejó el estallido social

El día en que todo comenzó. El viernes 15 de octubre, aproximadamente 80 estudiantes del Instituto Nacional empezaron a saltar los torniquetes del Metro de Santiago en las estaciones Universidad de Chile, Bellas Artes y Santa Lucía como manifestación contra el alza de los pasajes. Evasión que se repitió en las jornadas siguientes, hasta que tres días después, el 18 de octubre del año 2019, varias estaciones del tren subterráneo, además, del edificio de Enel y una sucursal del Banco de Chile fueron quemadas. Protestas que con el correr de las horas, se hicieron masivas y se extendieron al resto del territorio nacional.

Había iniciado el estallido social. Movimiento que si bien empezó por el aumento del pasaje del Metro, se amplificó hasta incluir temáticas como el alto costo de la vida, las pensiones y un rechazo generalizado a la clase política que había gobernado en las últimas décadas, entre tantas otras. Eran muchas las consignas que se mezclaron con violentos disturbios pero del mismo modo, con cacerolazos y multitudinarias marchas que se realizaron en prácticamente todas las comunas del país. La revolución del malestar, la denominó, en su libro homónimo, el sicólogo y escritor, Gonzalo Rojas-May.

Manifestación que con el transcurso de las jornadas también dejó detenidos, heridos y muertos. Varios de ellos.

Rostros que ya no están:  Romario y Kevin

La Región de Coquimbo no quedó afuera de las protestas y es así como la conurbación fue protagonista a nivel nacional, no solo por las miles de personas que salieron a las calles sino que por dos lamentables hechos. Por dos asesinatos que tienen nombre: Romario Veloz y Kevin Gómez.

El primero fue impactado por una bala disparada por un capitán del ejército en las cercanías del Mall Plaza La Serena. Integrante de las fuerzas armadas individualizado por el ministerio público como autor de los delitos consumados de homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, que, de acuerdo a la información más reciente, se encuentra con prisión preventiva por estimar que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

Por su parte, Gómez fue muerto por un militar tras un saqueo realizado a una tienda situada en la comuna puerto. Integrante del ejército que igualmente está cumpliendo con prisión preventiva. “Es muy difícil que incluso él, con su preparación especial, con todo lo que significaba estar ese día, en ese lugar, atendida toda la convulsión que había, haya podido realmente pensar que la víctima, con algo en las manos, podía ser una amenaza. Al contrario, lo obvio era pensar que estaba sustrayendo especies, que llevaba algo en sus manos”, manifestó la jueza del Juzgado de Garantía de Coquimbo, Carolina Baroncini, cuando se confirmó la medida cautelar.

Un hotel quemado como telón de fondo de una violenta noche

No obstante, también hubo detenidos que se convirtieron en discusión pública. Y con alto alcance. Popular y muy criticada fue la fotografía de unos jóvenes en el bandejón central de la avenida Francisco de Aguirre con él, a esas alturas, destruido hotel Costa Real como telón de fondo.

Precisamente por quemar y saquear el recinto, fue apercibido el sujeto de iniciales A.I.V.R. Según lo informado por el fiscal jefe de la Unidad de Focos, Eduardo Yánez, “se logró establecer y posicionar a este sujeto con el análisis de redes sociales que lo vinculaban a cuentas específicas de Youtube y Facebook, videos grabados por el mismo y otros videos que fueron claves para establecer el delito de desórdenes y robo en lugar habitado, hechos por los que fue formalizado”.

Este imputado accedió al proceso abreviado por lo que el próximo 20 de octubre a las 11 de la mañana, se dictará sentencia.

Pero el caso más emblemático es el de la estudiante de enfermería de la Universidad de La Serena (ULS), Akina Nakamura. Joven que fue detenida por la supuesta posesión de bombas molotov y que tras pasar más de 160 días en la Cárcel de Huachalume, en este momento se encuentra acusada y con preparación de juicio oral, con fecha aún no fijada por el tribunal. Oportunidad en la que se determinará si va a juicio oral o a un procedimiento abreviado.

Cabe destacar que varias de estas causas están pausadas por el poder judicial a raíz de la pandemia por COVID-19.

¿Presos políticos? Proyecto busca indultarlos

Justamente el escenario en prisión que enfrentan los detenidos de las protestas, muchos de ellos solo imputados y no condenados, es el origen del Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta.

Al respecto, su integrante, Raquel Torres, afirmó que de ellos nace el proyecto de indulto general a los presos del estallido social. “Se toma esta bandera y se empieza a trabajar en el grupo con una mesa técnica integrada por abogados de derechos humanos, asesores parlamentarios de distintas bancadas y los familiares de los detenidos (…) proyecto de ley que es ingresado por el senador (Juan Ignacio) Latorre como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con la firma de los parlamentarios (Yasna) Provoste, (Adriana) Muñoz, (Isabel) Allende y (Alejandro) Navarro, lo que es una señal porque cada uno de ellos representa a una bancada, a un sector político”, complementó.

La también sicóloga reveló que la situación que enfrentan “los presos políticos de la revuelta” es muy difícil puesto que son sometidos a malos tratos. En este sentido, puntualizó que recientemente en la Cámara de Diputados, “se expuso un informe de médicos que colaboran con nosotros y otras organizaciones, en el que se da cuenta de situaciones terriblemente graves en términos de salud mental, de la atención que reciben desde la concesionaria…les dan comida congelada, mezclas de comidas que no se pueden tragar, no respetan sus dietas por alguna enfermedad que tienen, han bajado de peso notablemente. Tienen una serie de enfermedades asociadas a la mal nutrición. Aparte de eso, los médicos han constatado que en casi todos los casos, hay secuelas de tortura previa durante la detención”.

En relación a esto, aseveró que les sucede a personas que ni siquiera están condenadas y que tal como lo ha manifestado el parlamentario por la Región de Araucanía, Francisco Huenchumilla, son presos políticos porque la administración Piñera es el querellante en gran parte de las causas. “Hay una persecución político penal sobre las personas que se han manifestado y esto se explica también porque es el gobierno el que se querella, lo que no es así con los otros presos. Entonces, claramente hay una diferencia”, añadió Torres.

Según datos del poder judicial y gendarmería a los que accedió Ciper en agosto, al menos 77 personas estaban apercibidas por delitos asociados a las protestas ocurridas desde el 18 de octubre en adelante. De este total, 51 están en prisión preventiva y 26 ya cumplen condena. Subraya el Centro de Investigación Periodística que solo dos de los detenidos, son mujeres.

Una nueva carta magna era inevitable

Para muchos, la mayoría, el resultado más importante de la revuelta fue el pacto electoral que resultó en un plebiscito nacional y a la postre, en la redacción de una nueva constitución. Texto fundamental que empezará a ser escrito simbólicamente este 18 de octubre.

El académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte (UCN), sede Coquimbo, Gonzalo Cortés, indicó que el remplazo constitucional era algo que debía ocurrir. “Había una suerte de distanciamiento entre las exigencias de la sociedad chilena y la ideología que inspira la constitución del 80. Es decir, había un divorcio entre la ciudadanía y su constitución. Quizás el fenómeno era patente para los expertos de ciertas áreas, del derecho constitucional o de la sociología y las ciencias políticas; pero ese fenómeno se hizo evidente probablemente a partir del estallido social cuando la ciudadanía movilizada se da cuenta de que gran parte de sus demandas encuentran el problema o tope para ser solucionadas, en la constitución que nos rige actualmente”, explicó.

Por consiguiente, afirmó que el experto en derecho constitucional, Carlos De Cabo, reseña de manera muy particular que “las constituciones tienen la paradoja de que se escriben con vocación de permanencia, es decir para durar indefinidamente, pero se escriben en tiempos de crisis. Esto porque justamente la crisis política es lo que hace que la ciudadanía examine su propia estructura y empiece a buscar cuáles son los elementos de esa estructura que tiene que corregir”.

El país ya no es el mismo

Cambiando de ámbito, una de las ciudades más afectadas no solo en la zona sino que a nivel país, es La Serena. Lo evidencian los daños a su museo al aire libre emplazado en la avenida Francisco de Aguirre y rayados en distintas construcciones con valor arquitectónico fundamental.

Su alcalde, Roberto Jacob, aseguró que algo “está claro y es que cambió Chile. El país ya no es el mismo después del estallido social. Se lograron cosas importantes como la nueva constitución, eso nadie lo puede negar y quizás una mirada distinta de lo que son las necesidades de la gente y eso creo que es tremendamente relevante”.

Sin embargo y volviendo al inicio de este apartado, dijo que con lo que no está de acuerdo es con que se destruya la ciudad o dañe su mobiliario público. “Ahora, se viene la celebración del 18 de octubre y yo espero que lo hagan ojalá de forma pacífica, porque ya lograron lo más importante que era una nueva constitución”.