En teoría el juicio se debió retomar durante la semana en que comenzó la fase de Transición en La Serena y Coquimbo. Esto no se logró tras la suspensión a solicitud de la defensa, tras encontrarse uno de los imputados con evidentes complicaciones de salud.
Así lo confirmó la representante de Juan Miranda, la abogada Verónica Castro. “El día lunes tuvimos una audiencia que se debía continuar, sin embargo uno de los imputados se encontraba afectado por una enfermedad y le impedía poder comparecer aunque sea de manera remota, entonces el Tribunal accedió a la solicitud de la codefensa de suspender el juicio de la semana anterior y se retomó el día lunes”, sostiene.
Finalmente en modalidad semipresencial, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena retomó el juicio por los delitos de asociación ilícita, estafas y loteos irregulares, en la venta de terrenos en las comunas de Coquimbo y La Serena.
El proceso judicial, se encuentra en la etapa de rendición de prueba testimonial y es presidido por la jueza Eugenia Gallardo, quien junto a la magistrada Paola Cortés participarán desde el tribunal, en tanto, que la jueza María Inés Devoto, lo hará en forma remota.
La fiscal Yocelyn Weisser, explicó el proceso actual del juicio indicando que, “La Fiscalía ya terminó la prueba documental y se está recibiendo declaración de víctimas, las que concurren presencialmente al tribunal, adoptando todos los protocolos de seguridad para prevenir contagios por Covid 19”, finalizó Weisser.
Extensión del caso
Desde el 25 de febrero de este año comenzó el juicio oral contra los tres imputados de la empresa Parcons Propiedades, quienes habrían engañado a más de una centena de personas vendiéndoles terrenos de manera irregular.
Se trata del denominado “caso Parcons”, en el que la empresa del mismo nombre, era propiedad de la sociedad conformada por Ximena Burdiles y Juan Manuel Miranda.
Antes de la pandemia, se estimaba que el proceso se extendería por más de dos meses, siendo transmitido en directo por el canal del Poder Judicial, situación que en realidad se prolongó por siete meses tras la pandemia.
Hasta la fecha, el término del juicio aún es incierto, pese al tiempo que ha transcurrido el caso denunciado en el año 2014 y considera 67 víctimas querellantes, más de 200 testigos, una decena de peritos, además de 1.200 pruebas documentales, entre gráficas, audios y fílmicas.
Según la magistrada Paola Cortés, es difícil hacer una predicción muy certera del término del juicio. “Nosotros pensamos siendo muy generosos en la proyección que podría ser a medidos de noviembre, pero en realidad es muy difícil por los factores que hoy existen”, explicó.