Fiscalía, Intendencia y defensores presentan recursos de nulidad por Caso Carabineros

El pasado 21 de septiembre tuvo lugar en el Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena la lectura de sentencia del caso Carabineros, mediático hecho donde dos motoristas perdieron la vida el 11 de noviembre de 2016 en el sector del cruce Apatitas, en la Ruta D-43 que une a La Serena con Ovalle.

En ese contexto, y tras el veredicto entregado con anterioridad, donde se supo que tanto los dos mayores de edad involucrados como los cuatro menores en cuestión fueron absueltos de robo con homicidio y se acogieron los delitos de robo en bien nacional de uso público y robo con fuerza en las cosas en sitio no destinado a la habitación, sólo faltaba saber cuáles serían las penas que debían cumplir.

El resultado tras el veredicto fue así: Bastián Díaz, conductor del Subaru Impreza deberá cumplir dos penas de cuatro años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de receptación y robo de vehículo en lugar no destinado a la habitación respectivamente. Además, deberá cumplir 300 días de presidio por robo tentado – frustrado- de vehículos.

Por su parte, Dixon Saavadra, quien iba en el maletero del vehículo  deberá cumplir dos penas de tres años y un día por los delitos antes mencionados y 100 días de presidio por el robo frustrado.

En el caso de los menores de edad al momento de los hechos, uno de ellos deberá cumplir con ocho años de régimen semicerrado bajo un programa de reinserción social por los delitos de receptación, y robo de vehículo en sitio no destinado a la habitación. En tanto, los tres restantes deberán cumplir tres años de libertad asistida especial por el delito de receptación y de robo de vehículo en sitio no destinado a la habitación.

Sin embargo, en todos los juristas existieron diferencias con respecto a los detalles de las sentencias, por lo que desde ese mismo día se planteó la posibilidad que tanto el Ministerio Público como los defensores presentaran recursos de nulidad, con matices en cada caso.

MINISTERIO PÚBLICO Y GOBIERNO

En el caso del Ministerio Público y de acuerdo a lo ya anticipado por el fiscal adjunto Carlos Vidal tras la lectura de sentencia, presentaron efectivamente un recurso de nulidad durante la jornada de ayer.

El fiscal jefe de Coquimbo, Claudio Correa, aseguró que “hemos presentado el recurso de nulidad, solicitando que se anule el juicio y la sentencia del primer juicio oral. Entendemos que no se hizo cargo de toda la prueba rendida por la Fiscalía. Respetamos el fallo del tribunal oral en lo penal, pero no compartimos lo que se establece”, dijo.

Añadió que “nuestra posición es que los acusados sí tienen responsabilidad en la muerte de los dos funcionarios de carabineros y es una discrepancia que hemos presentado ante la Corte. Lo que la Fiscalía entiende es que si se valora toda la prueba, los testigos, peritos y audios, el tribunal hubiese arribado a una conclusión distinta”, añadió.

El persecutor insiste en que las órdenes que da Carabineros en detenerse a los imputados y que éstos hayan hecho caso omiso da cuenta “de un actuar doloso”.

El Gobierno, a través de la Intendencia de Coquimbo, también presentó un recurso de nulidad. Lo que se busca es anular el juicio oral y la respectiva sentencia contra los seis involucrados. Este recurso se funda, según una misiva “en una errónea valoración de las pruebas presentadas, y el Tribunal Oral de La Serena no se pronunció respecto a los cargos de robo con homicidio, condenando a los involucrados, finalmente, por receptación de vehículo motorizado, robo en lugar no destinado a la habitación y robo en bienes nacionales de uso público”.

El intendente, Claudio Ibáñez, señaló que “queremos justicia. Respetamos la decisión del tribunal, pero no compartimos las medidas sancionatorias que aplicaron a los imputados involucrados en la muerte de los dos carabineros en acto de servicio. Por eso hemos presentado de manera coordinada con Carabineros y la Fiscalía, recursos para declarar la nulidad de este fallo que consideramos insuficiente”.

En tanto, el jefe de la IV Zona de Carabineros, general Rolando Casanueva, agregó que “estamos velando porque los derechos de esos dos carabineros que fallecieron, de sus familias y toda la ciudadanía que busca el bien común, tengan la tranquilidad que no nos quedaremos de brazos cruzados, vamos a buscar el mejor desenlace para dar tranquilidad y seguir manteniendo el nivel de seguridad que la gente requiera y hay detenidos de por medio”.

LA DEFENSA

José Miguel Riquelme, abogado defensor de los cuatro menores de edad involucrados, aseguró que presentarán un recurso de nulidad puntualmente por la extensión de la pena de ocho años.  “En este caso, dos de los tres delitos a los que fue condenado, es decir los robos, tienen penas que se extienden de 3 años y un día a cinco años, que es presidio menor en su grado máximo. Considero que por el hecho de ser menor de edad, se debe rebajar en un grado el delito. Yo no estoy discutiendo la sanción en sí, lo que discuto, en el caso del menor que fue sancionado a ocho años, que el tiempo es muy prolongado. Por ende, dos penas de tres años serían lo apropiado”, afirmó.

Respecto de la posibilidad que el Ministerio Público siga sosteniendo la tesis del robo con homicidio, el jurista indicó que “tenemos absoluta confianza de que la corte va a confirmar la resolución que realizó el Tribunal. Creemos que está bien valorada la prueba y desde esa perspectiva creemos que no hay ningún vicio. La sentencia se hace cargo de todos los medios de prueba”.

Carlo Silva, abogado defensor de Dixon Saavedra, aseguró que presentarán un recurso que analiza los términos en los que se basó el tribunal para calcular la pena, en forma similar a lo que plantea Riquelme. “No vamos a discutir por el fondo del juicio ni la resolución, sino por la cantidad de pena y como la calculó el tribunal.  Creemos que las dos penas de tres años más lo cien días deberían ser menos y se debería conceder a nuestro defendido la posibilidad de cumplirla mediante mecanismos sustitutivos; es decir, en libertad”.

A su juicio, lo ideal es que las sanciones se incorporen en un solo delito y así confluir en una pena única de tres años y un día en un Centro de Reinserción Social (CRS) de Gendarmería, mediante un contrato de firma mensual.

Con respecto de la situación del otro de los mayores de edad, Bastián Díaz Segura, que iba conduciendo el vehículo que se vio involucrado en los hechos del 11 de noviembre de 2016 en el sector del cruce Apatitas, si bien hasta el cierre de esta edición no se pudo contactar a su abogado, el defensor Alejandro García, también buscaría reducir las penas aunque sin objetar el fondo de la sanción.

Los alegatos tendrían lugar, en un lapso de tres semanas a un mes, en la Corte de Apelaciones de La Serena. Posteriormente se leería la lectura de sentencia definitiva.