Fue un rumor creciente en los últimos días, que finalmente se concretó pasado el mediodía de ayer, anunciado por las autoridades competentes, ya que en estas fechas se cumplían los 180 días de plazo de investigación que se fijaron en el marco de los dramáticos hechos que terminaron con la vida de la pequeña Melissa Chávez Ardiles (12) el 26 de noviembre del año pasado, en la Villa Talinay en Coquimbo.
Por tanto, sólo se debía clarificar si se solicitaría la ampliación del plazo correspondiente. Y así fue, porque tras la audiencia realizada ayer, el Juzgado de Garantía de Coquimbo acogió la solicitud realizada por el Ministerio Público y la investigación se extenderá por 120 días más, en el marco de los cargos contra Mirta Ardiles, madre de la menor, imputada como autora del delito de parricidio e incendio. “La magistrada Carolina Baroncini Gálvez extendió la etapa investigativa, a partir del vencimiento del fijado originalmente, por existir diligencias pendientes para determinar la dinámica de los hechos y la participación de la imputada”, se informó desde el Poder Judicial.
Recordemos que esta mujer fue formalizada por estos hechos el 3 de febrero pasado, y desde esa fecha se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Huachalalume.
De acuerdo a las investigaciones iniciales, ordenadas por la Fiscalía, la mujer habría agredido con un cuchillo a Melissa Chávez hasta darle muerte, y tras aquello, la menor agonizó durante casi una hora.
Mientras tanto, la imputada intentó prender fuego a la habitación donde encontraba el cuerpo de la niña, específicamente a un camarote inferior, que logró consumir sólo parte del mobiliario, para luego irse de la vivienda.
Argumentos de la Fiscalía
Según lo indicado por el fiscal regional, Adrián Vega, “durante la investigación asomaron ciertos elementos que son necesarios de ramificar y afinar, en relación al perfil de la víctima, la relación con su madre, para establecer una especie de contexto en relación al delito investigado e imputado”, explicó.
Sobre la razón de por qué se solicitaron 120 días más de investigación, el persecutor señaló que “creemos que será suficiente en atención al estado procesal de la causa y la situación de prisión preventiva de la imputada”.
Asimismo, también explicó que “hubo dificultad para acceder a la evidencia tecnológica (las especies incautadas, como teléfonos o computadores)”, y también quedaron algunas dudas respecto del informe histológico del SML “para afinar las conclusiones de la autopsia de ciertos elementos que interesan a la Fiscalía para establecer los hechos”.
¿Es necesaria mayor celeridad?
La directora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) en diálogo con diario El Día, se refirió a los alcances de prolongar una investigación en el marco de un caso de alta connotación pública.
“En cuanto a la investigación, la imputada debería ser la más interesada en que el caso avance, ya que ella actualmente se encuentra privada de libertad y bajo ese criterio, actualmente no estaría siendo un peligro para la sociedad. Sin embargo, en el marco de la debida defensa, quizás la Fiscalía, busca no cometer errores -como los que hubo en el caso de Daniela Reyes, por ejemplo- donde se condenó al homicida por lesiones graves y no por el delito de femicidio, ya que el ente persecutor argumentó que no contaba con todas las pruebas necesarias o ni siquiera se pensó de esa manera en el momento”, argumentó la jurista.
Carolina Tello señaló que “argumentando la perspectiva de género se podría haber solicitado una ampliación de la investigación en el caso de Daniela Reyes. Y por esto, es probable que ante la insistente inocencia de la madre de Melissa Chávez, y como la Fiscalía ha estado en el ojo del huracán por estos temas, se busquen reducir los márgenes de error”, concluyó.
¿Cómo está la madre de Melissa Chávez hoy?
El director regional de Gendarmería, Rubén Pérez, en conversación con diario El Día, se refirió a la situación de Mirta Ardiles, madre de Melissa Chávez, que se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario de Huachalalume y alejada de la población penal.
“Hay que señalar que ella no goza de ningún privilegio o trato preferente con respecto del resto de la población. Está privada de libertad, imputada y en dependencias del Área de Salud del complejo penitenciario, por resolución judicial”, indicó.
Aseguró que Mirta Ardiles “tiene comunicación con el medio externo a través de llamadas telefónicas que se autorizan esporádicamente. También acceso a visitas de sus seres queridos y atención psicosocial, porque nosotros tenemos que analizar la situación desde una perspectiva constructiva y cuidadosa como servidores públicos”.
Esto, a su juicio, “porque una persona que no tiene habitualidad delictual y que se ve enfrentada en su condición de mujer a un hecho tan potente como el que se le imputa a esta señora, merece una atención diferenciada desde el punto de vista de la salud mental, porque es de gran impacto, no solamente para ella, sino también para su círculo familiar o amistades. No hay que olvidar que en cada persona que está privada de libertad, hay una persona que sufre”, subrayó.