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Lautaro Carmona
La abogada, Nicole Auger, subrayó que es discutible la evidencia para sostener los delitos de violación y abuso sexual contra su defendido, quien ya está cumpliendo medidas cautelares, aislado del resto de la población penal por protocolo Covid.

Tras decretarse la medida cautelar de prisión preventiva, Luis Santander, padrastro de Melissa Chávez (12) hizo ingreso al complejo penitenciario de La Serena, mientras se indaga su eventual responsabilidad en los delitos reiterados de violación y abuso sexual impropio contra la menor. 

Recordemos que la pequeña fue asesinada el 26 de noviembre de 2020 presuntamente a manos de su madre, Melissa Chávez Ardiles, quien también cumple medidas cautelares en Huachalalume.

La abogada de Santander, Nicole Auger, de la Defensoría Penal Pública, en conversación con diario El Día comentó razones de porqué el imputado finalmente optó por la representación fiscal y no por el jurista privado, Nicolás Pavez, quien asesora a Mirta Ardiles en la causa por la muerte de la menor.

“Hasta el momento yo soy la defensora designada en la causa, lo que podría modificarse en el tiempo, ya que como es una causa mediática, se podría traspasar al defensor jefe local”, indicó.

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Diferencias



La abogada defensora de Luis Santander subrayó que si bien estuvo de acuerdo con el plazo de investigación -40 días- no compartió la medida cautelar determinada por la magistrada Nury Benavides.

“Me opuse a la prisión preventiva, ya que se trata de la medida cautelar más gravosa que contempla la legislación y consideramos que requería ciertos presupuestos que estimamos, no se configuraban, por lo menos en este estado procesal. Lo que nosotros solicitamos era un arresto domiciliario total, y quizás una prohibición de acercamiento a la familia de la víctima. No obstante, la magistrada resolvió decretar la prisión preventiva por considerar a mi defendido un peligro para la sociedad”, acotó.

Respecto de algunos antecedentes entregados por la Fiscalía, puntualmente por la persecutora Yocelyn Weisser, quien reveló que los hechos en relación a esta causa datan desde 2014 y se extienden hasta la fecha de fallecimiento de la niña, la abogada Auger indicó que “en 2014 se realizó una denuncia por parte de la madre de la víctima, y luego las circunstancias se refieren a 2020, que fue el año en que lamentablemente fallece la menor. Como defensa, en este estado procesal, planteamos la tesis de la falta de participación en los hechos formalizados, ya que al menos, respecto a lo ocurrido el año pasado, creemos que no había antecedentes suficientes que puedan vincular de manera directa a mi defendido como autor del delito de abuso y violación reiterada, por lo que requeriríamos otros medios de prueba”.

La jurista planteó “que eventualmente, podría haber una inexistencia de los delitos, porque creemos que no hay suficientes antecedentes para poder plantearlos. Los antecedentes que hay tienen que ver más con los exámenes corporales que ser realizaron a la víctima y no así con alguna denuncia, por ejemplo”.

A su vez, la abogada de Luis Santander señaló que para seguir avanzando en una estrategia específica “espero en los próximos días sostener una reunión con el imputado, ya sea telefónica o presencial, pues como tenía un abogado particular, no logramos entrevistarlo previamente. Antes de la formalización se realizó una muy breve, con gendarmes presentes”.

En ese contexto, la jurista aseguró que “como estrategia, podríamos realizar metapericias sobre la autopsia y los exámenes histológicos” y concluyó que “como nosotros negamos participación, en un futuro juicio oral, podríamos llegar a solicitar la absolución de los delitos de carácter sexual. El delito de abuso sexual, para quien tiene irreprochable conducta anterior, podría llegar incluso a una pena sustitutiva; en el caso de una violación, no hay pena sustitutiva, y ahí podría arriesgar penas efectivas”.

En prisión preventiva  



Luis Santander está cumpliendo la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo en el centro penitenciario de Huachalalume, al que ingresó el jueves por la tarde. Al respecto, el director regional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, aseguró a El Día que “al ingresar al recinto, en el marco de la pandemia, debe cumplir con una cuarentena obligatoria de 11 días. Por lo tanto, y en su calidad de imputado, queda inmediatamente segregado de la población penal, en el Módulo 1. Una vez que cumple la cuarentena preventiva, se determina en cuál dependencia deberá permanecer hasta nueva orden, sujeto a un permanente monitoreo de su seguridad personal, ante la latencia de que personas que no tienen un encarcelamiento previo generen conductas autodestructivas o suicidas”.

Pérez también se refirió a la posibilidad de prevenir posibles agresiones al imputado. “Vamos a consultar si surgen algunas instrucciones extraordinarias de la autoridad judicial al respecto. Pero sabemos, por la experiencia acumulada, que en forma espontánea debemos adoptar medidas locales tendientes a minimizar los riesgos”, dijo. Además, agregó que a Santander se le entregará “atención psicosocial, porque para una persona no vinculada al mundo carcelario es tremendamente chocante estar en esas circunstancias”.

 

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