Voluntaria gana batalla legal y pone en jaque protocolos de Gendarmería

Está feliz y no lo oculta. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones que le permitirá reingresar a la cárcel de Huachalalume a realizar trabajos de reinserción social con las internas, Carolina Hudson siente que “por fin se ha hecho justicia”, ya que la medida que tomó Gendarmería en su contra por comunicarse vía WhatsApp con las mujeres privadas de libertad, fue demasiado grave y “antojadiza”, según dice, si se compara con el bien que ella estaba entregando desinteresadamente. “Espero que después de esto la autoridad abra un poco la mente. Yo reconozco mi error, pero aquí hay un bien superior que son los derechos de las internas. Además, hay que cuestionarse también el por qué y cómo tienen acceso a celulares, cuáles son los protocolos de seguridad y si están funcionando”, manifestó la activista, quien ahora volverá a poner en marcha su labor social, la que de acuerdo a sus palabras, es lo que la mueve en la vida.

LA LUCHA TRAS EL ERROR.

Pero la lucha de Carolina Hudson comenzó hace cuatro años. Sin ser parte de ninguna organización decidió ir a celebrar la Navidad con las mujeres de la cárcel de Huachalalume en La Serena. Allí, según dice, comenzó a adentrarse en una realidad que jamás esperó conocer.

Se encariñó con las internas y ya no fue suficiente estar con ellas sólo para las  fechas especiales. Elaboró un proyecto para tener una presencia permanente en el centro penitenciario y fue así como los días lunes y viernes comenzó a efectuar diversos talleres para colaborar con su reinserción.

Al principio no tuvo ningún problema. De hecho, según afirma, entró en contacto con los concesionarios del establecimiento y en conjunto lograron la reparación de infraestructura que, a su juicio, no se encontraba en buen estado.

Pero a medida que fue pasando el tiempo, se dio cuenta que los problemas en el Módulo 83 para mujeres, que era donde ella realizaba su labor social, aparentemente, iban mucho más allá.

Derechamente, sostiene que existen vulneraciones a los derechos humanos, por lo que comenzó a intentar visibilizar la situación y efectuó denuncias concretas al poder judicial. “Adentro no se está cumpliendo la ley. Las internas ni siquiera tienen papel higiénico y viven en condiciones precarias”, alega Hudson, quien agrega que no podía quedarse callada frente a esta situación, algo que habría molestado “profundamente en Gendarmería”.

LA ÚLTIMA VEZ EN EL RECINTO.

Sabía que lo que estaba haciendo podía traerle problemas pero no imaginó que la decisión fuese tan drástica y el 10 de marzo del 2017 sería la última vez que se le permitiera la entrada el recinto penal.

Asegura que llegó de manera habitual a realizar una actividad recreativa, pero antes que comenzara la llamó un coronel de nombre Alexis Espinoza para decirle que no podía estar en ese lugar y que tenía incluso prohibido el derecho a visita. “Yo quedé para adentro. No supe qué decir”, relata Hudson, quien precisa que se impresionó todavía más cuando le dieron las razones. “Me dijo que yo hablaba con internas por WhatsApp, por lo que estaba violando la ley. Y reconozco que es verdad que me comunicaba con ellas, pero la ley no me impide a mí contestar mensajes desde mi celular personal”, expresa.

“ME CORTARON LAS ALAS”.

Hudson asegura que “le cortaron las alas”, ya que tenía otros proyectos en carpeta en los que estaba trabajando, como un programa radial que finalmente no pudo realizar lo que, expresa, le produjo indignación. “¿Por qué si Gendarmería tiene el deber de evitar la reincidencia y generar oportunidades de reintegración social, según indica el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y la Ley Orgánica, se niega a recibir la ayuda voluntaria para mejorar esta situación?”, reclama.

Pero no se quedó de brazos cruzados. Buscó ayuda para poder volver a Huachalalume, envió cartas a entidades de Gobierno, se entrevistó con el seremi, pero no recibió una solución concreta hasta que llegó a la ONG Observatorio Social Penitenciario, quienes la asesoraron y le propusieron interponer un recurso de protección que le permita retomar su labor.

VOLVIENDO A LA VIDA.

Finalmente Hudson se convirtió en vocera de la ONG que la ayudó y asegura que no dejará de “luchar por los derechos de la reclusas”.

Una de las internas que conoció el trabajo de la activista cuando estuvo recluida fue Priscila Villalobos quien hoy tiene 32 años y que cumplió 5 en prisión por el delito de robo con intimidación. Tampoco entiende por qué en su minuto sacaron a la que considera su amiga (Hudson) y relata lo que le tocó vivir cuando estuvo privada de libertad.

“Sé que fue mi culpa llegar ahí, pero los peores momentos de mi vida los viví en la cárcel”. Con estas palabras, Villalobos describe el tiempo que pasó en Huachalalume.

Reconoce que comenzó a vincularse al mundo delictual desde muy joven lo que la llevó a estar detenida en diversas oportunidades. “Mi infancia y mi adolescencia fueron muy duras, no me estoy justificando, pero creo que eso también influye en que empieces a hacer cosas que no son las correctas”, sostiene.

Su mal comportamiento tampoco ayudó demasiado. Estuvo varias veces en celdas de castigo y asegura que ahí “las gendarmes aprovechan para pasarse de la raya y te pegan como quieren”. Aquello lo vivió en la cárcel de Iquique, donde cayó detenida la última vez y desde donde escapó luego del terremoto del 2014.

En ese momento, quería la libertad a toda costa, aunque fuese bajo esas circunstancias, ya que, según dice, no aguantaba ni un minuto más sin su hijo que estaba en Vicuña, así que lo primero que hizo cuando tuvo la oportunidad fue venir a la zona. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y durante un control de rutina la sorprendieron y fue detenida nuevamente para terminar de cumplir su condena.

Cuando llegó a Huachalalume, de acuerdo a su relato, pensó que el trato sería mejor que en otros lugares ya que era un recinto más grande, pero no se percató de demasiados cambios. “Era igual que en todos lados. El trato es malo y la posibilidad de reinsertarse o aprender algo es muy poca, porque no haces nada. Estás todo el día sentada en bancos de cemento”, relata Priscila.

Por lo mismo, pone énfasis en la labor que realizaba Carolina Hudson que para ella era un espacio de esparcimiento y salir de la rutina en la que permanecían casi a diario. “Fue buena la labor que hizo ella, porque yo sé lo que significa que alguien te vaya a ver. Llevaba cursos, hacía actividades, por eso creo que fue lamentable lo que pasó”, expresó la exinterna quien ya cumplió condena y se encuentra trabajando, y viviendo junto a su hijo, intentando reinsertarse en la sociedad.

DIRECCIÓN DE SERNAMEG: UNA LABOR QUE DEBE SER PERMANENTE.

Más allá de la controversia la directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Nidia Aspe, admite que para las mujeres es mucho más difícil enfrentar los procesos de privación de libertad, tal como lo expresa Carolina Hudson, sobre todo en una sociedad que todavía lucha contra el machismo.

Conoce el caso que denuncia la activista y que ahora fue resuelto pero manifiesta no tener pruebas de las condiciones de precariedad en la que, según Hudson, viven las internas de Huachalalume ya que la entidad no tiene un rol fiscalizador, pero sí expresa que de haber alguna irregularidad respecto a negarle la entrada “es algo que se tiene que investigar, tal como se hizo y acatar los fallos. Si hubo acuerdos preliminares con las autoridades para que ella hiciera esta labor y después no se cumple, me parece cuestionable, pero si suceden situaciones que se salen de este contexto habría que ver”.

Con respecto a su rol, Aspe precisa que el SernamEG también realiza proyectos al interior de los recintos penales en coordinación con Gendarmería tanto con las reclusas que cumplen condena como con las que salen libres y deben reinsertarse en la sociedad. “Nuestro compromiso es con todas las mujeres del país y también con las que están privadas de libertad. Hace algunos años que realizamos un trabajo coordinado con Gendarmería efectuando talleres y capacitaciones”, manifestó Aspe.

Y cuando salen también hay un proceso de acompañamiento. Las internas reciben  la información sobre los programas existentes para obtener las herramientas para reinsertarse en lo laboral y también en lo social. “Nuestra gran apuesta es que las mujeres logren una autonomía estando afuera, y el trabajo para eso debe comenzar desde el primer momento, porque así aumentan las posibilidades de reinserción”, indica.

INFORMAR EN CASO DE ABUSOS

El abogado Patricio Rojas Gómez, profesional de la dirección, comenta el trabajo que han efectuado con Gendarmería, también respecto a resguardar la seguridad de las internas, ya que se entiende que en contextos carcelarios se pueden propiciar situaciones de violencia y que han conocido de denuncias, incluso de los maridos de las internas que las agreden en el ámbitos de las denominadas visitas conyugales. “En ese sentido entregamos orientación sobre cómo son los protocolos para efectuar las denuncias, los pasos a seguir y cómo podemos ayudar nosotros”, indicó.

Con respecto al caso Hudson, manifestó que Gendarmería debe velar por la seguridad y seguir los protocolos establecidos. Entre estos elementos, los aparatos celulares están prohibidos al interior del penal, pese a que se conoce que los reos utilizan los dispositivos. “Evidentemente que el que una persona establezca comunicación con una interna altera los protocolos de seguridad y hay que minimizar los riesgos. Yo desconozco los detalles en el caso de Carolina Hudson, pero es algo que debe resolver la justicia”, precisó Patricio Rojas.

SEREMI DE JUSTICIA: “HAY QUE RESPETAR LAS NORMAS”.

Consultados en Gendarmería por el recurso interpuesto por Hudson, manifestaron que solicitarían información al nivel central, sin embargo, al cierre de este reportaje no se recibió respuesta.

Quien sí se refirió al tema fue la nueva seremi de Justicia, Alejandra Valdovinos, enfatizando en que durante su gestión la reinserción femenina será uno de los ejes. De hecho, asegura que el tema se trató en algunas de las reuniones que ha tenido hasta ahora.

Indica que este año deben hacer una comisión de género ya que hay temas pendientes en lo penitenciario femenino como los derechos de familia. “Lo que pasa es que los defensores no siempre son expertos de familia y en el caso de las mujeres muchas veces tienen esa necesidad. Por ejemplo, qué pasa con los hijos cuando ellas están internas. Las pensiones de alimentos, ¿se están pagando? Entonces, queremos poner acento en la especialización de quienes defienden a las mujeres”, asevera Valdovinos.

En relación a los dichos de Priscila Villalobos, la exinterna que asegura que “en Huachalalume no se hace nada para que las mujeres puedan rehabilitarse”, se hará un trabajo importante de fiscalización en cuanto a lo que se está realizando en la actualidad en los centros penitenciarios de la región para ver lo que pueden ir modificando y mejorando.

Con respecto a Hudson, y a la resolución de la Corte, la seremi precisa que el fallo se pronuncia respecto de dos situaciones, y que no la da del todo la razón a la activista. En primer término, asevera Valdovinos, en relación a la sanción, el Tribunal de Alzada resuelve favorablemente para Gendarmería de Chile, toda vez que efectivamente se aplica una sanción a la recurrente.

Ahora, distinto es la rebaja en la extensión del castigo aplicado. “En éste punto entonces dejamos claro que ha existido una infracción al Reglamento Penitenciario y ello lleva aparejado consigo la aplicación de una sanción, que la Corte ha resuelto fijar en un año de prohibición de ingreso al Complejo Penitenciario de La Serena”, sostiene la seremi de Justicia.

En relación a los cuestionamientos de Carolina Hudson, quien, si bien reconoce su error, pone el acento en que los protocolos de seguridad no tienen la eficiencia adecuada y permiten que se ingresen aparatos celulares clandestinamente, la secretaria regional ministerial expresa que “Gendarmería de Chile siempre ha estado preocupada de velar por las condiciones de seguridad al interior de los distintos recintos penitenciarios que administran en al país, siendo ello parte de su labor habitual”. Aunque, admite que  en ocasiones se pueden generar fallas en los sistemas, lo que haría necesario un mayor esfuerzo del personal uniformado por controlar y evitar que situaciones así se reiteren.

Consultada respecto a si existirá alguna apelación para que la sanción inicial no disminuya, manifiesta que no es su intención y que ahora lo primordial es velar por la protección de los derechos y el trabajo común por las internas. “Creo que debemos acatar el fallo, porque en el fondo todos perseguimos el mismo fin, y ojalá esto nos sirva a todos para retomar las confianzas y avanzar en la reinserción, mejorando lo que debamos mejorar”, expresó Valdovinos, dejando claro que para ella las fuerzas deben converger en una sola dirección. 4601iR