Una crítica postura han mantenido autoridades comunales y funcionarios del Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Coquimbo a la gestión del gobierno y del Ministerio de Educación en el proceso de desmunicipalización y la instalación del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera en la comuna puerto y Andacollo, tras diversas diferencias con el nivel central, en medio de este traspaso.
Se espera que el Servicio Local esté funcionando el 10 de marzo, sin embargo, desde el municipio de Coquimbo aseguran que como se ha dado el proceso y los problemas generados por la falta de compromiso de parte del gobierno, la desmunicipalización no se concretará en la fecha establecida y generará un caos en la administración de la educación en los cuatros servicios donde se cambiará al sostenedor (Barrancas, Atacama, Coquimbo y Araucanía), especialmente en la comuna puerto.
“Yo creo en la desmunicipalización pero la forma en que se ha llevado ha sido irresponsable. He tenido un montón de reuniones con la Ministra y la Subsecretaria y llega a ser angustiante no tener la información que corresponde y especialmente, que no se cumplan los compromisos”. Marcelo Pereira, alcalde de Coquimbo.
El propio alcalde Marcelo Pereira señala que a pesar que está de acuerdo con el traspaso de la educación municipal a pública y que la excelente gestión del DAEM local significó que decidieran postular a esta reforma y ser pionera a nivel país, cree que el gobierno ha llevado este proceso de forma “irresponsable”. Agrega el edil que el servicio no estará listo para hacerse cargo de los establecimientos municipales, situación que sólo perjudicaría a los estudiantes locales y los funcionarios.
“Yo tengo dudas, por todo lo que he visto, de que el Servicio Local Puerto Cordillera vaya a funcionar como corresponde y tengo a todo mi equipo estudiando el tema, porque estamos hablando de la educación de los niños de nuestra comuna y con eso no se juega”
Asimismo Edward Conley, Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios DAEM, señala que como dirigentes están trabajando desde el año 2015 en este proyecto, y siempre han planteado que más de 4 mil funcionarios en todo el país quedarían sin trabajo por este cambio. Explica que los cuatro servicios locales se encuentran en la misma situación, pero que sin duda el más afectado por la cantidad de funcionarios y estudiantes es Coquimbo.
“Nosotros creemos que el servicio Local está en condiciones ahora de cubrir 20% de las funciones que existen en la administración de la educación pública y tampoco está en condiciones de absorber más. Se debiese dilatar este proceso, porque no están en condiciones de pagar remuneraciones, de contratar personal, porque estamos hablando de más de dos mil o 3 mil contratos y hoy día el Servicio Local, no tiene esa capacidad logística”.
Conley califica a este proyecto como un “Transantiago 2”, debido a que desde el 11 de marzo, será otro gobierno quien asuma esta política, lo cual complicará aún más la situación. “Ahora son temas administrativos, de papel, pero cuando tengas profesores protestando, alumnos sin transporte, sin lápices, colegios que no puedan cambiar un vidrio o un enchufe verán los problema y ya no se podrá echar pie atrás”.
El alcalde Marcelo Pereira critica también que no se les ha hecho partícipes y tampoco se les ha informado de diversas etapas de instalación del Servicio Local Puerto Cordillera como el llamado a postulación en diversos cargos, traspasos de funciones y otros.5201i
PAGO DE INDEMNIZACIÓN
La polémica de la desmunicipalización se inició cuando el Congreso aprobó esta ley de Educación Pública y se estableció como fecha de corte para los funcionarios de los diversos departamentos de Educación que quisieran postular a los servicios locales el año 2014 y no el 2017 como se comprometió la ministra Adriana Delpiano en visita a la región de Coquimbo.
Así más de cien funcionarios quedarían sin trabajo. Es por ello que también el gobierno se comprometió al pago de un bono al retiro de 5 millones para cada trabajador y el envío de un proyecto de ley para normar el pago de este beneficio.
El Ministerio hizo los traspasos de estos dineros al Municipio de Coquimbo por cerca de $520 millones, pero “nuevamente no cumplió su promesa de enviar el Proyecto de Ley”, dejando de “manos atadas “ al municipio porteño para entregar esta indemnización que no tiene la facultad legal para ello, explica Marcelo Pereira.
Así se decidió, con aprobación del concejo municipal que el departamento jurídico, busque la fórmula legal para cancelar estos dineros a cada uno de los 104 funcionarios que se retirarán del DAEM.