Concejales de Illapel interponen denuncia por fraude al fisco y desviación de fondos en el municipio

Los concejales de Illapel, Janet Araya, Eduardo González y Ricardo Castillo, interpusieron una denuncia por fraude al fisco y desviación de fondos ante el Ministerio  Público, luego que se conocieran las conclusiones de la investigación que realizó la Contraloría General de la República, que concluyó que había irregularidades en la entrega de beneficios y ayuda en las emergencias del terremoto de septiembre de 2015 y las lluvias de mayo de 2017.

El abogado que patrocina la causa, Gonzalo Sánchez, sostuvo que el informe de la Contraloría era un elemento contundente para el Ministerio Público “no puede haber mejor prueba que esa. Frente a los descargos la Contraloría se mantuvo en el punto. Son conclusiones a las que arribó habiendo escuchado a la municipalidad”.

Precisó que lo más probable era que el proceso se transforme en el corto plazo en una querella criminal, pudiéndose así solicitar acciones específicas donde, por estar involucrados recursos públicos, se haría parte el Consejo de Defensa del Estado.

DENUNCIANTE

Uno de los concejales denunciantes, Eduardo González Dabed, al referirse a la denuncia calificó como “particularmente grave el hecho de que se estén mal utilizando estos recursos, porque era una situación bastante compleja la que estaba viviendo la comuna y no se puede estar jugando con la gente que realmente lo necesita”.

Explicó que la denuncia criminal se hizo contra quienes resulten responsables y no de manera específica porque no tenían claridad de cuántas son las personas que están involucradas, “podrían ser autoridades y  también funcionarios. La ley es clara y aunque a ellos les correspondía hacer las denuncias, no lo hicieron, razón por la que tenemos suspicacias respecto a que pueden haber más personas involucradas en estos posibles delitos”, afirmó.

Por su parte, la concejala Janet Araya Rocco, calificó los hechos que gatillaron esta acción judicial como negativos para la comunidad, indicando que era “una burla hacia nuestra gente que realmente fue afectada, tanto por el terremoto como por el sistema frontal”, mencionando que el edil Denis Cortés tenía responsabilidad en lo ocurrido.

El otro denunciante, el concejal Ricardo Castillo, afirmó que  “las ayudas llegaron a personas que no debían llegarles, no pasó por la ficha Fibe y la gente que estaba realmente afectada no tocó nada, por eso que nosotros seguimos reclamando para que todo se aclare y las ayudas lleguen a quienes deben llegar”, dijo.

“Es particularmente grave el hecho de que se estén mal utilizando estos recursos, porque era una situación bastante compleja la que estaba viviendo la comuna”. EDUARDO GONZÁLEZ, concejal de Illapel.

MUNICIPIO RESPONDE

La municipalidad de Illapel, frente a estas acusaciones envió un comunicado de prensa donde señala que el informe de la contraloría  no se encuentra terminado y que la investigación del órgano contralor dio origen a procesos disciplinarios que él mismo está llevando a cabo. “Este informe de Contraloría no ha determinado responsabilidades penales a quienes aparecen involucrados en los hechos”, señalan.

Más adelante, sostienen que el municipio ha remitido informes de cumplimiento. “Se han aportado nuevos antecedentes y se ha pedido reconsideración de algunos temas. De esta manera, existen dos investigaciones, una iniciada por parte del municipio y otra que iniciara la Contraloría para esclarecer hechos que aún puedan estar en duda”.

TRABAJO CONTINÚA

De la misma forma, explican que el trabajo de la municipalidad de Illapel y la Contraloría continúa desarrollándose, “ya que aún no se ha agotado dicha instancia administrativa para que el municipio pueda aportar los antecedentes pendientes y subsanar las observaciones, incluyendo la posibilidad de ejercer los recursos administrativos y judiciales que procedan”.

También llaman a distinguir entre anomalías de carácter administrativo que pudiera determinar la Contraloría y, por otra parte, hechos que pudieran tener carácter de delito. “De la lectura y análisis de las declaraciones públicas que  los concejales denunciantes han realizado tras la presentación de su denuncia en tribunales, se puede determinar que éstos están mezclando y confundiendo ambos aspectos en la presentación realizada al Ministerio Público”. 

Por eso llaman a la prudencia a los concejales Araya, González Dabed y Castillo, “ya que, pese a que nadie puede desconocer la facultad fiscalizadora que la ley les otorga y el derecho que tienen a ejercerla, deben moderar sus dichos para evitar involucrar y/o acusar a autoridades y funcionarios públicos con actos reñidos con la ley, a través de redes sociales y medios de comunicación, sin contar con las pruebas suficientes para ello”.1601i

“A nadie le cabe duda que las ayudas fueron entregadas”, DENIS CORTES, alcalde de Illapel.