Continúa la polémica por el desvío de recursos en corporación de Educación

Mientras desde la AChM se indica que el procedimiento adoptado por la entidad municipal se ajusta a la ley, la directiva de la UDI emplaza al alcalde Raúl Saldívar a pronunciarse sobre el caso

La polémica que se generó a partir de un informe de la Contraloría General en que se señalaba que la Corporación Municipal Gabriel González Videla desviaba fondos de la Ley SEP para pagar otros ítemes del área educacional está lejos de terminar. Si bien ha habido críticas a las actuaciones que ha tenido la entidad municipal, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en voz de su vicepresidente Claudio Arriagada, alcalde de La Granja, manifestó que justamente para corregir situaciones como la que se suscitó en el municipio de La Serena, Ovalle, Monte Patria, Illapel y Coquimbo, es que se estableció la ley 20.550, la que fue promulgada el 26 de octubre pasado.

Arriagada explicó que cuando se puso en marcha la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), ellos estaban conscientes de que la posibilidad de que los municipios gastaran estos recursos en otra finalidad que los propósitos de esta normativa, pero siempre en el ámbito de la educación, era altísima. “Por esto recientemente se aprobó la ley que regularizaba estos pagos -de imposiciones, mejoras estructurales a los establecimientos que sufrieron daños con el terremoto-, pero que se hayan hecho dentro del área de la educación”, explicó el vicepresidente de la asociación.

El edil de La Granja especificó que siempre dentro del espíritu de la normativa estaba que fuera retroactiva (que sirviera para justificar los gastos que se desarrollaron antes de la promulgación de la ley). “Eso se entendió en la comisión de Educación y en el Ministerio, pero la Contraloría ha tenido una interpretación distinta en otras regiones, porque nosotros entendemos que, sin lugar a dudas, lo que se pretendía era con efecto retroactivo y no tiene sentido sacar una normativa para los dineros que no se han gastado”, detalló Arriagada, quien agregó que la AChM ya presentó documentos para que se reconsidere esta situación. “Nosotros esperamos en marzo tener una respuesta, porque el sentido de la 20.550 es para resolver los problemas anteriores”, apuntó.

Señaló que los aspectos de la misma ley dan respuesta a los reparos de la Contraloría, por lo que “los alcaldes tienen que estar tranquilos respecto de que el problema se va a resolver. (...) Estamos claros que el propósito de la Ley SEP es regularizar el gasto, no al revés”, sentenció.

ESPERAN RESPUESTA. A pesar del respaldo que entrega la Asociación Chilena de Municipalidades, la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyo timonel es Reinaldo Villalobos, solicitó, en un documento escrito, al alcalde de La Serena, Raúl Saldívar, para que en su rol de presidente de la Corporación Municipal, “explique de qué manera puede refutar lo que la Contraloría Regional en su informe infiere y concluye, en el sentido que en los años 2009, 2010 y 2011, la Corporación Municipal de La Serena ha utilizado más de $1.400.000.000 correspondientes a fondos de la Ley SEP para el financiamiento del Plan de Mejoramiento de la Educación, destinándolos a cubrir gastos que se debían solventar con la Subvención General, aplicando consecuencialmente dichos recursos un fin distinto del que la Ley contempla”.

Además manifestó su preocupación por los hechos constatados por Contraloría. Es que para este conglomerado las aclaraciones que realizó el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Claudio Méndez, en las que negó rotundamente la acusación, señalando que la entidad ha “cumplido con la totalidad de los lineamientos exigidos por la ley SEP, principalmente en lo que se refiere a los planes de mejora e información financiera”.

“Esta anómala situación, constatada por el Contralor, según las investigaciones hechas por los medios de prensa, ha sido puesta en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado por el seremi de Educación, para que evalúe querellarse por el perjuicio fiscal producido, toda vez que los hechos denunciados, a la luz de los artículos 233 a 236 del Código Penal, pueden configurar los delitos de malversación de fondos públicos o fraude al fisco (si se produjo apropiación privada de los mismos) o bien puede tratarse del delito de uso público diferente”, añadió.

“A mayor abundamiento, como, a juicio de Contraloría, los hechos descritos podrían revestir caracteres de delito, corresponde finalmente al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia investigar y determinar la eventual responsabilidad criminal, respectivamente, de quienes resulten responsables”, precisó.

Lo expresado por el secretario general de la organización municipal, Claudio Mendez, para la UDI son declaraciones “absolutamente insostenibles y de simple refutación en función del claro tenor del texto de Ley que cita. En efecto, la 20.550 en ningún caso despenaliza el uso público diferente de los recursos, ni permite incumplir la aplicación de los recursos a los usos para los cuales se destinaron por mandato legal. Por el contrario, refuerza la necesaria destinación y uso en los planes de mejoramiento”, manifiesta el documento.

“En tal virtud, las explicaciones del Sr. Méndez parecen artificiosas y agravan la falta. No se trata de un simple error administrativo, sino de hechos que pueden revestir caracteres de delito”, se indica a través de una declaración pública.

El seremi de Educación, Leonardo Gálvez, ya puso en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado los antecedentes que recabó la Contraloría, donde se objetan montos y cifras de cinco municipalidades de la Región de Coquimbo. 4103i