Banco deberá indemnizar a clienta de Coquimbo por clonación de tarjeta

La Corte de Apelaciones ratificó el fallo que condenó al Banco Santander al pago de una indemnización a una clienta a quien le clonaron la tarjera en una sucursal de la comuna de Coquimbo.

La entidad bancaria deberá cancelar a la clienta, el monto de $500.000 por el daño moral sufrido, además de $1.607.007 por concepto de indemnización por daño emergente, a razón del monto sustraído de la cuenta, más los intereses, comisiones, recargos y gastos de cobranza que producto de éstos se hayan devengado.

El hecho se registró en el mes de agosto del año 2014 cuando una consumidora, residente en la ciudad de Coquimbo, se percató que habían realizado transacciones comerciales con su tarjeta de crédito, todas efectuadas en la ciudad de Santiago, siendo el caso que la afectada vive en la región de Coquimbo.

La víctima se dirigió rápidamente a denunciar esta situación al banco, donde le señalaron que existiendo un seguro, se derivaría internamente el siniestro a la aseguradora, por lo que no era necesario una denuncia a Carabineros, realizándose la investigación correspondiente la cual se extendería por 40 días.

Posteriormente se le depositó en su cuenta de forma provisoria los montos sustraídos. Transcurrido el plazo de investigación, pero luego le informaron que su solicitud fue rechazada tanto por el Banco como por la Aseguradora y que el dinero que se abonó provisoriamente fue reversado por el Banco.

Finalmente, la respuesta del Banco y la Aseguradora, es que el delito del que fue víctima no constituye patrón de fraude para ellos.

Debido a que la empresa no estuvo dispuesta a compensarla, la afectada acudió al Sernac en busca de orientación para llevar su caso a tribunales, por lo que determinó denunciar el hecho ante la justicia.

En primera instancia y tras analizar los antecedentes, el tribunal sostuvo, que la entidad bancaria que permite la vulneración de sus sistemas de seguridad, pone en riesgo la confianza en la que todo el sistema financiero está sustentado.

El tribunal explicó que, al ocurrir la clonación que afectó al cliente, el Banco Santander no cumplió con la obligación de otorgar las condiciones mínimas de seguridad en la utilización de sus servicios.

DENUNCIAS DE CLONACIONES.

Durante el primer semestre de este año, el Sernac recibió 1.417 reclamos a nivel nacional relacionados con la clonación de tarjetas de crédito, esto es, un 27% más que en el mismo período del año 2015 (1.120 casos).

Del total de los reclamos ingresados por clonación durante el primer semestre del 2016 y que a la fecha se encuentran cerrados, sólo un 46% fueron respondidos favorablemente por las empresas, mientras que un 49% no fueron acogidos. El 5% restante corresponde a otros motivos de cierre, por ejemplo, no fueron respondidos por las entidades o  no existían antecedentes suficientes para tramitarlos, entre otras.

Asimismo, durante este período y por posible fraude o suplantación de identidad, el Sernac recibió alrededor de 704 reclamos, este tipo de reclamos se refieren por ejemplo, a compras realizadas por terceros a través del uso de tarjetas y cédulas de identidad robadas.

Por su parte, durante el primer semestre de este año, la PDI recibió 2.334 denuncias a nivel nacional por uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, iniciando durante este mismo período 2.225 investigaciones, que se tradujeron en la detención de 49 personas por realizar este tipo de delitos. 

Desde el Sernac se señala que si bien ante estos delitos los culpables son los delincuentes, las empresas deben responder siempre que se extienda a su deber de profesionalidad. Por ejemplo, en el caso de clonación, deben tener mecanismos asociados a los medios de pago que tengan prevención antifraudes; y ante un robo de una tarjeta, la entidad siempre tiene la obligación de chequear la identidad de quien la usa.

Desde la entidad agregan que si a un consumidor se le cobran compras realizadas por terceros, o por servicios que no contrató, la empresa deberá probar que sus mecanismos fueron seguros y que actuó profesionalmente. 

En definitiva, en todo aquello que se extiende en el deber de profesionalidad de mantener estos medios seguros, la entidad financiera tiene que responder, sin necesidad que exista un seguro comprometido.