• Foto: Rebeca Luengo
    Adrián Zarricueta Toro es parte del Proyecto Inocentes de la defensoría. Tras pasar 80 días en la cárcel, por un crimen que no cometió, hoy sigue la lucha judicial contra el Estado para reparar el daño causado por estar 80 días encarcelado injustamente.
  • Foto: Cedida
    La esposa de Adrián jamás dudó de la inocencia de su marido. Fue quien estaba constantemente preguntando por los avances de la investigación y visitándolo en la cárcel
  • Foto: Cedida
    Adrián trabaja en la construcción de viviendas de forma independiente.
  • Adrián Vega, Fiscal Regional: “La defensa eligió como estrategia esperar y no apelar a la Corte de Apelaciones. Los días que Adrián estuvo en prisión preventiva fue porque todos opinamos que habían presunciones, pero la realidad demostró lo contrario”
  • José Miguel Riquelme, Abogado Defensoría Penal Pública “Hay ciertas señales que como defensor, hacen creerle a su cliente y en este caso fue que la señora y su familia siempre tuvieron una participación activa en todo el proceso. Su esposa jamás dudó de la inocencia de su marido y la preocupación la llevaba a estar todas las semanas en mi oficina para conocer cómo se iba a abordar la defensa de don Adrián”.
Crédito fotografía: 
Rebeca Luengo Pereira
Nunca pensó que la búsqueda por parte de la PDI en el año 2013, que él tomó como un asunto sin importancia, se transformaría en la peor de sus pesadillas. Adrián Zarricueta pasó 80 días en la cárcel de Huachalalume investigado por uno de los delitos de mayor impacto: violación.

Desde la ventana de su celda en Huachalalume, Adrián Zarricueta podía ver su casa. Así, todas las noches pasaba horas observando el reflejo de la luna que iluminaba su vivienda, pensaba en su mujer y sus tres hijos, recordando los momentos felices y extrañando sus abrazos. Al mismo tiempo, su esposa se sentaba en el balcón con la vista fija en el recinto carcelario, lamentando su sufrimiento. Esa fue la forma que encontraron para estar unidos, pese a la injusticia.

La pesadilla para esta familia ocurrió a comienzos del 2013. Adrián, dedicado a la construcción y terminación de viviendas, fue denunciado por violación. En marzo de ese año, se encontraba trabajando en Copiapó cuando recibió un llamado avisándole que estaba siendo buscado por la PDI.

“No dieron razones. Fueron a la casa de mi suegra preguntaron por mí y se fueron. Me avisaron y yo seguí mi vida allá, no le presté mucha atención”.

En mayo de 2013, volvió a la región y comenzó a trabajar en la constructora Ecomac y una sobrina le informa que la PDI preguntaba por él, “con mi foto, diciéndoles a los vecinos que  buscaban a un violador…eso fue un día viernes. El día sábado, quise aclarar la situación, dejé la gente con la que estaba trabajando y fui a Coquimbo al cuartel de la PDI”. 

Desde ese instante todo se transformó en una pesadilla. Los efectivos de la policía civil detuvieron a Zarricueta, lo subieron a un móvil y lo llevaron a un centro asistencial a constatar lesiones, sin informarle el porqué de dicha gestión, lo que le causó extrañeza. Una vez de regreso en el cuartel de la PDI, una funcionaria le informa que se le citaría para tomar su declaración por una causa pendiente y, acto seguido, fue llevado a una celda.

Con la tranquilidad interior de no tener culpa alguna de lo que se le acusaba, el día 31 de julio de 2014, en la formalización Adrián debió escuchar, de parte de la fiscal Wally Schuster, las acusaciones de violación y robo a una joven y que se le aplicaría prisión preventiva por un plazo de 45 días.

“Me causaba risa, porque lo que decía era como una fantasía, como una película. Se me acusaba de algo que no hice y lo expresé en voz alta, ante lo cual el fiscal me hacía callar. Ahí, pedí a la abogada que me hicieran un test de ADN, para aclarar todo esto, que yo no era la persona que estaban buscando”, relata Zarricueta.

Ese último día de julio, tal como apareció en diversos medios de prensa, el fiscal Claudio Venegas que llevaba la investigación, señalaba que  el imputado  (Adrián Zarricueta) había eludido la justicia por bastante tiempo  y que existían “diversas diligencias  que han aportado información valiosa para establecer la participación del imputado, como para solicitar la prisión preventiva”.

Posteriormente, prácticamente resignado a lo que se le dijo en la formalización, Adrián pudo hablar con su esposa, entregarle algunas instrucciones para que le ayudara en algunas tareas que tenía programadas en su pequeña constructora, pensando que saldría libre instantes después.

“Llegamos arriba, a Huachalalume, donde pasé el primer día y dormí en la noche con varias personas más en la celda. Cuando llegamos, hubo una pelea y en la noche lo pasé muy mal”. Así quedó marcado por el delito que se considera más grave  y repudiable por los internos y que es castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir de 10 a 15 años de cárcel.

LOS HECHOS DE LA CAUSA

Pero, ¿qué llevó a Adrián a vivir esta triste situación?. José Miguel Riquelme, abogado de la Defensoría Penal Pública y quien estuvo a cargo del caso señala que todo comenzó a comienzos del año 2013, cuando una joven de Santiago estaba vacacionando con su familia en el sector de Peñuelas y un día decide salir a compartir con sus amigas al centro de La Serena. “Alrededor de las 4 de la madrugada toma el colectivo de vuelta, en el sector de Balmaceda, pregunta si pasa por Peñuelas y el conductor le responde afirmativamente”, agrega Riquelme.

Las amigas dejan a la joven en el móvil y el conductor se traslada, en primer lugar al domicilio de una pasajera que ya se encontraba en el vehículo. Según el relato de la víctima, tras dejar a la pasajera en una dirección cercana a la de su casa, se da cuenta que el conductor toma una ruta diferente. Luego, la lleva a un sitio eriazo, momento en que procede a violarla y también roba su teléfono celular.

La joven señala que trató de zafarse y salir del auto, pero que no pudo, hasta que logra apretar un botón que abre el móvil y se lanza pidiendo ayuda, mientras el conductor huye en su automóvil. “Es socorrida por funcionarios policiales y se realiza el procedimiento respectivo. La única información que la víctima entrega  es que el colectivo pertenecía la línea 21 de Tierras Blancas, que al tocar la bocina,  no sonaba y que trataba de abrir los seguros y no se abrían. Tras varias maniobras que hizo, logra levantar ciertos seguros”, explica el abogado.

Riquelme, quien siempre creyó en la versión de Adrián, señala que en la línea de investigación de la policía se buscó un automóvil en la Línea 21 sin bocina y en el terminal de estos colectivos se le indicó el auto del padre de Zarricueta. Sin embargo, como el papá de Adrián era mayor a la edad de la persona que la PDI buscaba, la investigación se dirigió a los hijos. “Yo conversé con el encargado de la garita y me dice que nunca dio esa información a la policía, porque tal como el auto del papá de Adrián tenía modificada la bocina, muchos otros igual, pero hubo una fijación por ese vehículo en particular”.

“Las personas dicen que la justicia es una basura… pero yo puedo decir, con pruebas, que la justicia chilena es una basura. El que tiene plata lo pueden ayudar y llega un momento en que te cuestionas en lo que estamos viviendo como país” Adrián Zarricueta Toro.

Tras quedar en prisión preventiva mientras durara la investigación, al Fiscal Regional Adrián Vega, quien en el año 2013 aún era fiscal adjunto de Coquimbo y especialista  en delitos sexuales, se le solicitó el apoyo para agilizar   los resultados de la prueba de ADN, ya que a la víctima se le habían extraído muestras que podían ser comparadas con en ese entonces imputado Adrián Zarricueta. Vega señala que el mismo día que tuvo en sus manos el resultado del examen de ADN, solicitó la audiencia de revocación de la prisión preventiva, la que ocurrió al día siguiente  con un sobreseimiento definitivo por inocencia de Adrián.

“Obviamente se pidió la audiencia para revocar la prisión preventiva y yo hable con Adrián en su momento, le pedí disculpas por la situación, asumiendo que  había un examen de ADN, que debíamos esperar sus resultados antes de formular cargos, a pesar que había presunción”, señala el fiscal Vega.

EN LA BÚSQUEDA DE REPARACIÓN

Catalina Fernández, abogada del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana que representa a Adrián Zarricueta, expresa que tomaron el caso en 2016, año en que Zarricueta ingresó a “Proyecto Inocentes”, iniciativa que impulsa la Defensoría Penal Pública, que busca la reparación económica para personas que, injustamente, estuvieron privadas de libertad, mediante un convenio con la fundación Pro Bono, que se encarga de este tipo de temáticas.

En primera instancia presentaron el 2 de noviembre del 2016 una demanda en Santiago contra el Estado como responsable de los actos del Ministerio Público, pero el tribunal estableció que en la capital no existían las competencias y debía ser interpuesto en La Serena. En septiembre de este año, el estudio presentó la demanda en el tercer juzgado civil de la capital regional junto al abogado local Jorge Fonseca.

El recurso judicial exige el pago a Adrián Zarricueta de $86 millones relacionados con daño emergente, referidos a gastos en abogado y los realizados por su familia para visitarlo en la cárcel y alimentación; Lucro cesante, que es el dinero que dejó de percibir por sueldos en el tiempo que estuvo privado de libertad (tres meses) y por haber perdido un contrato para trabajar en diversas obras de construcción y Daño moral, por más de $80 millones, debido a la connotación social que implicó el hecho y a la aparición de su nombre, al menos dos veces, en medios de comunicación nacional indicado como violador.

UNA SUMA DE IRREGULARIDADES

 La abogada Fernández detalla que en el caso de Adrián Zarricueta existen varias irregularidades y aspectos que criticar y su defensa se ha centrado en dos temáticas: La solicitud de prisión preventiva sin poseer los suficientes antecedentes “que debieron llevar al juez a descartar a Adrián como culpable” y errores en la investigación.  

“Por ejemplo, la víctima hizo la descripción de la persona que cometió el robo con violación como una persona de más de 1,70 metros de estatura y Adrián mide 15 centímetros menos y las características del vehículo que señaló la víctima no coincidían con el auto investigado”. Esto, porque no se encontraron restos biológicos y este tampoco tenía cierre centralizado, al contrario de lo informado por la joven.

Asimismo, la abogada señala que otra irregularidad del caso se dio al momento de mostrar las fotografías de los sospechosos a la víctima y la amiga que la dejó en el paradero. En el reconocimiento estaban juntas, en circunstancias que las imágenes se deben mostrar de manera separada para que los testimonios no se influencien mutuamente.

La jurista agrega que a pesar que Adrián se ofreció voluntariamente a un examen de ADN, dicho trámite tardó casi tres meses y, una vez que llegaron los antecedentes al Ministerio Público, con los resultados del test de ADN, el fiscal demoró quince días más en solicitar audiencia para decretar su libertad, lo que es negado por Adrián Vega, quien señala que solicitó la audiencia de forma inmedita.

Zarricueta recuerda que “por lo que he sabido ahora, podría haber salido en libertad veinte días antes, pero ocultaron información hasta que llegó la prueba de ADN. La Fiscalía hizo demorar mi caso”.

“Yo era muy relajado, pero haber estado en la cárcel y que me hayan acusado de algo que no hice, me convirtió en una persona más desconfiada, que no cree lo que le dicen y que piensa dos veces al escuchar algo”, Adrián Zarricueta Toro.

Consultada respecto de las expectativas que la defensa de Adrián Zarricueta tiene del futuro del caso, Catalina Fernández asegura que será una pelea larga, “a pesar de que nosotros creemos que es indiscutido que el Ministerio Público cometió muchos errores y que fue negligente, el estándar que tenemos que cumplir es sumamente alto”, pues no se trata sólo de que se constate y demuestre dicha negligencia, sino de que ésta sea “arbitraria e injustificadamente errónea. Acá se debe demostrar que no fue sólo una equivocación, sino que el Ministerio Público fue extremadamente negligente”.

El Fiscal adrián Vega defiende la acción del Ministerio Público  debido a que con las pericias del vehículo y el reconocimiento fotográfico “se formalizó en base a esas presunciones que fueron suficientes para la prisión preventiva y de hecho, la  propia defensa no apeló a la Corte de Apelaciones, esperando el ADN”. Para el fiscal regional, la defensa de Zarricueta se conformó con esos antecedentes, quedando el imputado con la medida cautelar.

El fiscal Vega, señala que un sobreseimiento definitivo por inocencia como el de Adrián,  son de poca ocurrencia, ya que la mayor  cantidad de absoluciones son por dudas razonables, es decir falta de pruebas para condenarlos.

MARCADO PARA SIEMPRE

Recordando los 80 días que pasó en la cárcel, Adrián se emociona, porque siente que a pesar del grave delito que se le imputaba y las posibilidades de ser atacado en la cárcel por los reos, los otros internos con los que compartió celda escucharon su relato y creyeron en la versión de su inocencia.

“Nunca pensé que me iban a maltratar, a lo más me insultaron. Después me dejaron en un módulo en el que uno espera. Ahí estuve casi tres meses y me hice amigo de  algunos internos y me di cuenta que son personas muy inteligentes, que tienen mucha cultura. Usted escucha adentro gente que sabe de libros, de política…ahí adentro hay gente muy sabia, pero que ocupa su sabiduría para cosas malas”.

Hizo amigos en la cárcel y sólo habla de cosas positivas, pero su mirada triste recordando esos meses, dan a conocer que sufrió y que gran parte de su experiencia, jamás será relatada. Pero Adrián era fuerte y nunca perdió la fe en que su inocencia podía ser probada, aunque reconoce que “uno tiene miedo de que lo quieran perjudicar. Me preguntaba qué pasaría si sale malo el examen de ADN. Me daba ese miedo y creo que es lo que sentimos todos los que estamos en esta situación”.

La fuerza y la esperanza las recibía de su esposa y sus hijos, que en ese tiempo tenían un año y medio, tres y seis años de edad.  “Ellos iban a la cárcel y creo que es lo que más duele, mis hijos me iban a ver y sabían que yo era inocente y tenían que pasar por muchas cosas”, relata y sus ojos se llenan de lágrimas al recordar esos encuentros, de tiempo reducido, que lo marcaron para siempre en el penal de Huachalalume.

La cárcel y toda la pesadilla que vivió,  dejó un rastro de por vida. Asegura que durante ese tiempo maduró y comenzó a valorar aún más las cosas. “Yo no fumo, pero veía como los gallos valoraban fumar, jugar una pichanga o dominó, como para sentir que salían un poco de la cárcel. Lo que más me marcó es que de pronto, tu vida puede cambiar, sin darte cuenta y sin poder hacer nada”.

Ser acusado de un robo no es lo mismo que de violación. “Ponía mi nombre en Google y salía que yo era violador, eso es chocante, porque no se dan el tiempo de investigar”. El Adrián de hoy es una persona más desconfiada, de los que analizan todo y no cree de buenas a primera. “Algunas personas, muchas veces acusan sin tener pruebas, por despecho o cosas así. Lo que pasé, lo que viví, no quiero que a nadie más le pase y lo voy a defender, a pesar de que se me echen muchas personas encima”.

LECCIONES DEL CASO ZARRICUETA

El caso de Adrián Zarricueta y otras instancias en las que una persona inocente es enjuiciada y detenida por un delito que no cometió o del que, al menos, no existen evidencias suficientes que justifiquen una acción penal, permite sacar varias lecciones.

Una de ellas, es que, en palabras de Catalina Fernández, abogada del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, “probablemente, la idea que tiene la sociedad de la puerta giratoria, genera que la gente piense que a todas las personas hay que dejarlas en prisión preventiva automáticamente, pero muchas veces los antecedentes no lo justifican”, sobre todo si se requieren pruebas tan delicadas como un test de ADN, tratándose de un caso de violación.

En este sentido, la abogada agrega que “hay que exigir que la Fiscalía sea un poco más cuidadosa y más exigente, que las policías sean más cuidadosas en los ofrecimientos de investigación”, considerando todas las pruebas y antecedentes, “investigando tanto lo que perjudique al imputado como lo que lo beneficie. Si la Fiscalía tiene antecedentes que prueben que el imputado es inocente, debe investigarlos”.

Para el fiscal Regional Adrián Vega,  señala que la ley exige al Ministerio Público, objetividad en los procesos y sólo se formaliza cuando existen presunciones y  “aquí la teníamos y sólo faltaba un elemento que terminó siendo favorable al imputado”.

 

VERDADERO CULPABLE TRAS LAS REJAS

Adrián Vega, Fiscal Regional, señala que tras conocer el resultado del examen de ADN que demostró la inocencia de Adrián Zarricueta, de inmediato comenzaron el procedimiento para encontrar al verdadero culpable de un delito tan grave.  “Lo que hicimos fue revisar al dedillo la carpeta de investigación y verificamos que no se siguió la pista del celular de la víctima que había sido robado”.

Con los datos entregados por la joven, marca y empresa de telecomunicaciones, se conoció el número de serie del celular, que es una clave de 14 o 15 dígitos que identifica un celular de cualquier otro y que queda asociado a todos los chips que se van incorporando.

“Entonces nos arrojó tres números sospechosos de haber sido utilizado  después que se le robara a la víctima. Seguimos esa línea y llegamos donde una persona  que trabajaba vendiendo celulares”, relata el fiscal regional.

Fue esta persona, que compraba y vendía teléfonos móviles quien les dio la pista que el celular que buscaban le había sido vendido por un conductor de colectivos que siempre llegaba a ofrecer móviles.

“Una persona  ya investigada por receptación de bienes robados, precisamente un celular y con la Brigada de delitos de recuperación de bienes robados de la PDI logramos dar con ese sujeto  que está detenido y condenado por el delito de violación” en el año 2016.

Según relata el fiscal regional, Adrián Vega, a esta persona de iniciales F. N. M., se le realizó la prueba de ADN y correspondía en un 99,9% a los restos encontrados a la víctima.

Sin embargo, pasaron cerca de dos años para encontrar el verdadero culpable, debido a que el teléfono fue comprado por un hombre que trabajaba en faenas mineras y sólo lo utilizaba unos días a la semana.

Para Adrián Zarricueta la detención del verdadero culpable es otro de los temas de los que no le gusta hablar, más aún cuando el condenado es conocido de la familia y vivía muy cerca de la casa de sus padres.

F.N.M, poseía causas por violencia intrafamiliar, era conductor de colectivos y tiene un rostro muy parecido a Adrián, sin embargo medía más de 1,70 y Adrián no supera los 1,57 mts.

 

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