Doble condena: El drama de un transexual en una cárcel de hombres

La decisión le costó caro. Fue en el 2003 cuando cayó detenida en la ciudad de Los Andes donde todavía vive su madre Amanda (87), su pilar, a quien no ve hace largos y tortuosos 8 años.

Ha pasado el tiempo. Muchas cosas también. Porque aquella decisión, la que no dudó en tomar, le cambió la vida para siempre. Eran tiempos difíciles y la única posibilidad de trabajo que vio en ese entonces fue la prostitución, la que comenzó a ejercer cuando tenía recién 14 años y que terminó de golpe cuando fue encarcelada.

Así, Rodrigo López Barrera, como lo certifica su carné de identidad, pero María del Pilar –hoy 43 años- para el resto del mundo, era detenido por un delito grave. Su sentencia: Quince años de prisión. Y con ello, el comienzo de una doble condena.

Fue una historia pasada. La necesidad –asevera- la llevó a eso. Y se arrepiente. Pero también advierte que uno tiene que pasar por esas situaciones para decir ‘esto no lo volveré a hacer’. Por errores de la vida, por problemas económicos, estuvo en serios líos. Y cayó detenida. Y lo pasó mal, “pero no las personas que también estaban involucradas”, argumenta.

Hoy cumple condena en el complejo penitenciario de Huachalalume de La Serena, en el módulo 95, luego de pasar por varias otras cárceles del país (La primera vez que cayó detenida fue en Los Andes; luego en Valparaíso y de ahí llegó a La Serena, en el año 2007. Después fue trasladada a Rancagua, el BíoBío, Puerto Montt, Iquique, Antofagasta y nuevamente a La Serena). Y en todas ha tenido el mismo y serio problema, que es enfrentar una serie de juicios contra gendarmería para exigir el respeto de sus derechos como una mujer trans.

“Me queda un año de sentencia y los últimos ocho años han sido catastróficos, porque ha habido una persecución por parte de gendarmería, quienes han atropellado nuestra dignidad y nuestros derechos”, María del Pilar.

“Desde que estoy cumpliendo condena he presentado varios recursos contra gendarmería –el primero el 8 de marzo del 2016 en la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, y luego el 29 de julio y 9 de diciembre del año pasado en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique, además de  dos fallos de la Corte Suprema en marzo y mayo de este año- y todos han sido acogidos por diferentes cortes. Ahora, el día 23 de junio la Corte de Apelaciones de La Serena acogió un nuevo recurso debido a las torturas, apremios ilegítimos y discriminación por identidad de género. Acá la corte reconoce mi identidad de género y dice que gendarmería me tiene que tratar como María del Pilar López Barrera”, manifiesta.

Ella no pasa desapercibida. Que sea transgénero no llama tanto la atención como su imagen, lo mismo que su nombre, que adoptó en honor a su hermana María, quien fue la primera en aceptar su condición hace ya 25 años.

“Toda mi vida he sido trans, pero desde que comencé a realizar los trámites para hacer mi cambio de sexo, que está autorizado por el tribunal de garantía, incluso acá en La Serena, me ha costado mucho, porque me lo han coartado en gendarmería”, expresa  María, quien reconoce haber tenido la fortuna -y la sigue teniendo- de no simular ser un hombre más, ni mucho menos cortarse el pelo y dejar de usar hormonas, debido a que el reconocimiento por el que tanto ha luchado no lo ha perdido ni lo perderá, ni por su propio bienestar.

La pelea con el VIH

Quiere que todos sepan que desde el año 2014 ha sido víctima de torturas y apremios ilegítimos al interior de las cárceles en las cuales ha estado y que por eso confía en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tomará medidas para resguardar sus derechos y el de su pareja, con quien quiere rehacer su vida cuando salgan de prisión.

“Tengo mi pareja que vive conmigo, pero también hemos tenido dificultad, ya que nos dicen que si seguimos reclamando nos podrían separar. Llevamos seis meses y nos conocimos acá. Él sale en mayo del próximo año y yo también, así que pretendemos comenzar una vida juntos”, anuncia.

Molesta, advierte que con los oficiales de gendarmería ha tenido muchos inconvenientes, pues “son ellos quienes no nos respetan. Todo viene de la jefatura interna, puesto que son intransigentes a la hora de respetar nuestros derechos”.

También anhela poder cambiar su nombre. Y una vez que lo haga –asegura- no tendrá que soportar más las miradas y comentarios incómodos que ha sufrido, como por ejemplo, cuando gendarmería pasaba lista en la cárcel y veían levantar la mano de una mujer, aunque en vez del hombre al que llamaban.

Aunque en este caso esperará la libertad para comenzar con los trámites. Porque adentro tiene demasiados otros temas que resolver. Como su salud, por ejemplo.

"Soy una persona portadora de VIH que negativicé mi enfermedad estando presa. He pasado momentos muy horribles", cuenta. Se explaya en las peripecias para recibir atención: “Con el tema del VIH sino me cuido yo, ellos no me cuidan, porque si me enfermo no me dan la atención que necesita un portador del VIH. Imagínate que el otro día me tuvieron encerrada todo el día en una jaula llena de hombres y yo con fiebre…Entonces te puedes imaginar cómo vivimos las portadores del VIH detenidas y sin la atención adecuada, porque tampoco recibo la alimentación ni los tratamientos que se necesitan”.

Y ni hablar del acceso a los tratamientos hormonales inyectables, “ya que nos dan puras pastillas diciendo que el tratamiento es muy caro para que lo pueda costear gendarmería. Estamos en un proceso donde estamos tomando hormonas, pero acá no entregan constantemente las inyecciones, entonces tenemos que buscarlas por otra vía. Acá, la verdad, se han violentado más nuestros derechos que en otras regiones”.

“Si bien están limitados en su libertad, el resto de los derechos humanos tienen que seguir ejerciéndose de manera normal y no se pueden ver amenazados, vulnerados, así que en ese sentido la acción judicial que vamos a presentar en los próximos días dice relación con todas estas vulneraciones”, Tarcila Piña, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Lo propio con la hepatitis. “Ni te cuento”, responde. Y explica que “en esa unidad me contagié de hepatitis y como no me han entregado una solución, no me quedó otra alternativa que poner una demanda civil. He estado sin tratamiento hasta la fecha, a pesar de haber ganado reiterados recursos acogidos por diferentes cortes de apelaciones según roles 99813-2016 y 6937-2017, confirmados por el máximo Tribunal del país, que es la Corte Suprema”.

Otro tema que ha tenido que sobrellevar es la denigración como mujer, acusando que es desnudada en presencia de internos y funcionarios masculinos, cuando en marzo de este año la Tercera Sala de la Corte Suprema emitió su más contunde fallo a favor de las personas trans privadas de libertad al concluir que las medidas de seguridad deben ser adoptadas por personal de enfermería del mismo género.

En el fallo, la Corte Suprema expuso que el hecho de que María del pilar fuese revisada por personal masculino “implicaba un menoscabo al género expresado por quien recurre, toda vez que su cuerpo era desnudado y expuesto frente a otros reclusos (…) procediéndose a una exhibición no sólo de sus pechos aumentados por el tratamiento hormonal sino que existía una “exhibición anal”.

El fallo también anunciaba que “se debe precisar que no es efectivo que las revisiones corporales deban ser realizadas únicamente por personal de Gendarmería excluyendo al personal de enfermería”..

En ese sentido, Tarcila Piña, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, afirmó que “ese fallo es bastante contundente, pues se refiere a las medidas de seguridad que se deben tomar. Es un tema muy sensible para la población LGTBI y ahí nosotros ponemos bastante atención, ya que estos procedimientos pueden magnificar cualquier tipo de riesgo, de humillación, de abuso o discriminación, por lo tanto siempre hemos estado haciendo seguimiento a estas revisiones porque pueden transformarse en elementos denigrantes y pueden implicar un menoscabo a esta persona privada de libertad”.

Cuando aparecen estos dos fallos, el de Iquique y el de Antofagasta, que fallan a favor de María del Pilar, Gendarmería de Chile apela y por eso es que se pronuncia la Corte Suprema en un fallo del 13 de marzo del 2017 en donde se señala claramente que la revisión visual y táctil debe ser superficial y sólo en el caso de que exista sospecha de alguna detección de algún elemento prohibido, se debe contactar a personal de enfermería del recinto para que disponga de un procedimiento correspondiente, pero sólo si hay una sospecha. Por lo tanto, reafirma Piña que “el fallo de la Corte Suprema establece claramente y confirma el procedimiento de revisión que habían establecidos los dos fallos de los recursos de protección anteriores. Nosotros hemos realizado visitas constantes con el objeto de hacer seguimiento a la situación que ella tiene, porque estamos consientes de que la población LGTBI es una población vulnerable y más aún si están privados de libertad, así que en eso sentido lo que nosotros estamos preparando es una acción judicial para María del Pilar y para otros internos que están en una situación similar y que dentro de los próximos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo va a presentar”.

La situación de María es dramática. Ha ganado en tribunales causas por torturas discriminatorias por parte de gendarmes, pero los abusos no cesan. Ni muchos menos al trasladarse de recinto penal. En todo ha tenido que vivir la misma situación.

“He hablado con el comandante y con el coronel de la unidad, pero dicen que no acatarán el fallo de la Corte de Apelaciones porque gendarmería se rige por un reglamento y ese reglamento dice que en la cárcel existen hombres y mujeres y no personas transgeneras. Lo que deseamos es que se utilicen elementos tecnológicos como dice la corte para que nos pueda revisar personal femenino, porque eso es lo que corresponde”.

“Cada vez que se hacen procedimientos en la unidad penal de Huachalalume hay un hostigamiento hacia la población homosexual. Gendarmería nos amenaza con que nos enviarán a la población penal y que tienen una instrucción de Santiago para poder hacerlo si seguimos reclamando”, María del Pilar

Y recalca que "la idea es presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demandar al Estado chileno porque se están violando los derechos humanos de las personas transgéneros privadas de libertad. Nosotras queremos que nos traten como mujeres, tal como reconoce la Corte Suprema en diferentes fallos y también la Corte de Apelaciones de La Serena, la que dice que tienen que respetar nuestra identidad de género. Ellos me tienen que respetar y tratar como María del Pilar, pero llaman Rodrigo y se burlan de nosotras”.

Movilh pide justicia

Tras las variadas denuncias, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, está preparando una serie de medidas para prevenir nuevos atropellos y para sancionar a los responsables.

El organismo puntualizó que la implementación de nuevas políticas públicas contra la homobia y la transfobia se enmarcan en el acuerdo por la Igualdad firmado por el Estado y el Movilh, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hemos estado acompañando su proceso, mediando con gendarmería y estamos haciendo las denuncias públicas cuando ocurren hechos de discriminación, cuando no se han cumplido los fallos y estamos en diálogo permanente con gendarmería por la situación de la población”, comentó el director del área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez. 

“Acá se están violando sus derechos humanos porque que no se le reconoce la identidad de género y se le masculiniza o se le feminiza según sea el caso, siendo la primera violación de derecho, entendiendo que en Chile la identidad de género está protegida y es parte de las categorías protegidas en la Ley Zamudio. Por lo tanto, acá no se está pidiendo ningún trato especial, sino que se está pidiendo que se aplique una normativa legal vigente. Acá se han implementado políticas públicas en otros sectores como en la salud, donde el nombre social de las personas se respetan por parte del Estado”.

El Movimiento expuso que “se acaba de sacar hace dos meses una circular del Ministerio de Educación donde se señala que los niños trans tienen que ser tratadas por su nombre social, independiente del nombre legal, entonces acá lo que ha faltado es voluntad política de parte de gendarmería, donde ha habido una mirada muy despectiva del Ministerio de Justicia, de quien depende gendarmería de no tomarse en serio esta situación”.

En este contexto, argumentan que “llevamos seis años trabajando con gendarmería en lo que se refiere a capacitación, así que lo que hace falta acá es un giro de timón muy drástico y que los gendarmes que están involucrados en la golpiza que ha denunciado María del Pilar y que están acreditadas, incluso, por dos fallos de la Corte Suprema, sean sancionados. Al parecer, la cultura de gendarmería no va a cambiar mientras el maltrato, la violencia en contra de los internos, sea por las razones que sea, no les cueste el trabajo. Pero tendrá que pasar eso para que efectivamente la cultura carcelaria, la cultura de gendarmería, respecto al maltrato de la población penal, pero principalmente para la población de identidad sexual, deje de ser una cosa del presente”.

Un año de sentencia

El calvario que ha tenido que pasar María no ha sido tanto por las agresiones de otros internos, sino que por la manera en cómo le han coartado sus derechos. Uno de ellos, y el más difícil de llevar, es el no poder ver a su madre.

“Llevo ocho años sin ver a mi familia y a mi madre, que es un pilar fundamental. Acá, el derecho a la visita de un interno es legal y me lo han coartado por reclamar con gendarmería. ¿Sabe? Me pude haber ido el año pasado con la condicional, pero como he demandado a gendarmería me han sancionado y por eso me han castigado las visitas, así que la única manera de tener un contacto es ilegalmente. A mi madre no la veo como hace ocho años y tengo prohibidas las visitas y las encomiendas”.

En este sentido, desde el Movilh critican las medidas adoptadas por gendarmería, argumentando que “cuando en Chile a un ciudadano se le condena a una pena de cárcel afectiva, la única vulneración de derechos que tiene es la privación de libertad. No se le puede privar ningún otro derecho, así que acá los derechos humanos son una caricatura”.

“Este es un fallo histórico, en tanto proviene del máximo tribunal, y marca un precedente para los derechos de todos los internos e trans, pues en toda cárcel del país deberá respetarse completamente su identidad de género. Valoramos la valentía de la victima para hacer justicia”, apuntó el Movilh

En tanto, Tarciña Piña es clara en formular que “respecto a la visitas no tengo antecedentes, pero no descartamos que exista vulneraciones en los derechos de los privados de libertad de la población LGTBI, porque es una población que históricamente ha sido muy discriminada y mucho más todavía si están privadas de libertad, porque lamentablemente la solicitud y las demandas que ellos ejercen muchas veces se ven incivilizadas al estar bajo la custodia del estado y es por eso que nosotros estamos preparando una acción judicial que dice relación no sólo con los procedimientos de revisión que ya están categóricamente establecidos con un fallo en la Corte Suprema, sino que además estamos incorporando otras vulneraciones a los derechos humanos”.

Hace pocas semanas se reunieron por orden de la corte y el tribunal de Garantía, el director regional de gendarmería, el seremi de Justicia y la defensoría penitenciaria para evaluar la situación de María y de las otras trans detenidas en Huachalalume. El objetivo era uno solo: Que gendarmería tome medidas.

El próximo año cumplirá condena y seguramente saldrá en libertad y cuando lo haga, sonreirá buscando esa complicidad –que dice ya tener al lado de su pareja- que la apoye en su periplo de encontrar un espacio en un mundo lleno de dignidad y normalidad para ser feliz. Porque María del Pilar se llama así desde siempre, cuando decidió dejar de ser Rodrigo López y convertirse en la mujer que sabía que era. En la mujer que es hoy.

*Gendarmería no quiso referirse al tema