Dominga quedó “en estudio” en el Primer Tribunal Ambiental

A las 15.20 horas aproximadamente y en las dependencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, iniciaron el pasado miércoles los alegatos por el caso Dominga.

Esto tras el rechazo por parte de la Corte Suprema a la reclamación interpuesta por el titular del proyecto, Andes Iron, en contra del Comité de Ministros y la determinación de que la causa volviera a revisarse por el Primer Tribunal Ambiental (1TA), pero esta vez ateniéndose al “fondo del asunto debatido”. Es decir, a su calidad ambiental.

El detalle del primer día de audiencia: un solo puerto en La Higuera 

Es así como bajo la atenta mirada de los jueces integrantes del 1TA, Fabrizio Queirolo, Jasna Pavlich y Juan Opazo, el abogado de la empresa a cargo de la iniciativa minero portuaria, Patricio Leyton, fue quien comenzó con la audiencia.

De este modo, el jurista de la parte reclamante afirmó que “en los próximos días vamos a escuchar sobre la importancia del valor ecológico del sistema de bahías de Coquimbo. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero también escucharemos sobre la falsa dicotomía entre la protección ambiental y la actividad naviera. Pero son actividades compatibles. Podemos demostrar que la línea de base de Dominga está constituida por 30 años de información pública y privada”.

Sin embargo, sus argumentos dieron un sorpresivo giro cuando se allanó a la posibilidad de un solo puerto en la costa de La Higuera e inclusive a la utilización de Cruz Grande, desarrollo que actualmente se encuentra en ejecución y que pertenece a la Compañía Minera del Pacífico (CMP).

“Entendemos la preocupación de los opositores al proyecto, a la existencia de dos puertos en la zona. Estamos asumiendo el compromiso de que se construya un solo puerto en esta zona. Esto significa que si el proyecto Cruz Grande construye su puerto, nosotros no haremos el nuestro y por lo tanto evaluaremos ambientalmente la conexión. Entendemos que esta es una declaración importante y espero que los opositores y la comunidad lo valoren”, manifestó.

Alegato al que le siguieron los de Camila Palacios en representación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Carlos Claussen por la Asociación Gremial Minera de La Higuera, Fernando Roco por la Asociación Comunal de La Higuera y cerró la jornada, Fernando Molina por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte.

Segundo día de audiencia: un ICE que recomienda aprobar no "amarra" a la CEA ni al Comité de ministros 

La segunda jornada contó con la exposición de argumentos por parte de Javiera Calisto en representación de Javiera Espinoza, Macarena Soler por Marcela Rey y Andrew Fry, Diego Lillo por Cristóbal Díaz de Valdés y Ezio Costa por la ONG Oceana.

Precisamente este último puntualizó  en su intervención que “el Servicio de Evaluación Ambiental y el titular del proyecto hicieron hincapié en una cuestión que es importante y es que el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el final de esa parte de la evaluación técnica, recomendó aprobar el proyecto ¿Es importante que se haya recomendado aprobar el proyecto? Por supuesto que tiene cierta importancia pero de ninguna manera amarra ni a la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) ni al Comité de Ministros para aprobarlo”.

De igual forma, las exhibiciones de  ese día se concentraron en fundamentar el rechazo a la evaluación ambiental del desarrollo por diversas razones medio ambientales que no habrían sido consideradas.

En este aspecto, Calisto sostuvo que “desde el comienzo de la Evaluación de Impacto Ambiental, los distintos organismos con competencia ambiental  le advirtieron (a Andes Iron) que debía ampliar su línea de base del medio marino específicamente a las partes de la ruta de navegación”. 

Tercer y último día de audeincia: insuficiente línea de base en el medio terrestre

Finalmente la tercera jornada terminó con las argumentaciones de Diego Lillo, esta vez en representación de José Aliro Zarricueta y de Alejandra Donoso por Andrés Álvarez, además, del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Comité de Agua Rural de Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros.

“No se puede compensar cualquier cosa. Hay límites a la compensación. El primer día de alegatos pudimos ver como se ejercen presiones a la administración para acomodar los proyectos para que cumplan un estándar, para hacerlos viables, al menos legalmente, al menos en la retórica, su aprobación. Existe un universo de impactos que no son compensables. Hay veces en que hay que rechazar los proyectos de inversión, como en este caso, porque son impactos que no pueden, de ninguna manera, ser mitigados, reparados o compensados”, aseveró Donoso. 

¿Y qué viene ahora?

Una vez terminadas las tres extensas jornadas de audiencia, el juez Queirolo señaló que los alegatos le permitieron interiorizarse de las diferencias existentes entre el reclamante, reclamado y sus correspondientes coadyudantes. Por consiguiente, su trabajo desde ahora será “entrar a picar” desde el punto de vista jurídico pero, sobre todo, científico. De hecho, junto a Pavlich y Opazo deberán revisar del orden de 40.000 mil fojas.

“En vista de la extensión del proyecto, la causa quedará ‘En Estudio’ y luego de conversar (con los demás integrantes del Primer Tribunal Ambiental), determinaremos si haremos una medida para mejor resolver o si no es necesaria”, complementó.

En este sentido, el abogado no descartó una visita inspectiva al sector de La Higuera, tal como lo hicieron en febrero de 2018 los jueces Daniel Guevara, Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández.“Es un proyecto complejo, con muchas aristas desde el punto de vista ambiental y una de las medidas que tiene este tribunal es efectivamente declarar una medida para mejor resolver y asistir al lugar”, concluyó.

Se estima que el veredicto en la causa podría tardarse hasta cuatro meses. Sin embargo, la extensa historia de tramitación de la iniciativa podría extenderse, ya que cualquiera sea el resultado del fallo, la parte que “pierda” puede ingresar  un recurso de casación a la Corte Suprema, tribunal que esta vez deberá resolver la causa apelando al ámbito ambiental y técnico.