Duplicidad en pago de bonos por tsunami llega a la justicia: demandan a funcionarios

Durante diciembre del 2019 cinco funcionarios de Intendencia fueron notificados de una demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el Fisco de Chile donde los hace responsables del pago duplicado y triplicado de bonos a personas afectadas por el terremoto y tsunami septiembre del 2015.

La demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado es en contra de cinco funcionarios por “grave detrimento en el patrimonio fiscal”, condenándolos a pagar la suma de $84 millones, más reajustes, intereses y las costas de la causa.

De acuerdo a los antecedentes del caso esto ocurrió tras los eventos catastróficos del 16 de septiembre del 2015 cuando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública estableció la entrega de ayudas sociales consistentes en el denominado “Bono de Enseres”.

Dicho beneficio sería pagado una única vez a familias de la Región de Coquimbo, principalmente del sector de Baquedano, para la reposición de sus enseres con un monto de $1.000.000 para afectados por el terremoto y de $500.000 por el tsunami.

Para el catastro de afectados se dispuso de una Ficha Básica de Emergencia (FIBE) que fue aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios de cada comuna y que luego fue pagada por la Intendencia Regional mediante transferencia electrónica por el Banco Estado. Sin embargo, por un error dicho pago se realizó de forma duplicada y triplicada a más de 90 familias.

El 10 de junio del 2016 las personas damnificadas fueron notificadas por el Intendente Regional, mediante una carta, para que hicieran devolución de los montos transferidos de forma errónea el día 11 de diciembre del 2015.

La notificación de Intendencia no fue bien recibida por las familias beneficiadas, quienes en su mayoría se negaron a devolver los montos y solo un 30% de los afectados habría reintegrado el dinero.

En la instancia, la postura de los damnificados de no restituir los fondos fue respaldada por el senador Jorge Pizarro y el diputado Matías Walker, quienes además indicaron que debían determinarse las responsabilidades ante el error por el pago doble del beneficio.

En octubre de ese año Contraloría de la República instruyó un sumario interno en la Intendencia Regional y en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social para determinar posibles responsabilidades administrativas, sumario que fue aprobado en diciembre, determinando sanciones para cinco funcionarios  y absolviendo de responsabilidad a las autoridades políticas de la época.

Ahora bien, aparte de la carta oficiada por Ibáñez en junio del 2016, ninguna otra acción se realizó desde el Gobierno Regional para restituir los casi $100 millones que se pagaron de forma duplicada.

No fue hasta diciembre del 2019 pasado que se retomó el caso, cuando los cinco funcionarios sancionados fueron demandados por el Consejo de Defensa del Estado.

Se trata de una demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, donde se condena el pago solidario de $84 millones, con reajustes, intereses y las costas de la causa.

Demanda de jactancia

Recibida la demanda, dos de los funcionarios aludidos, uno aun trabajando y el otro jubilado, contrataron a los abogados Alexander Yáñez y Alonso Oyandel para presentar una demanda de jactancia contra el Fisco de Chile.

“Esta demanda es la que hicieron dos de los funcionarios hacia el Fisco con el objetivo de que el Fisco demande a estos 84 beneficiarios del bono duplicado y triplicado por el valor de $84 millones y ellos devuelvan el dinero” explicó Alexander Yáñez.

Según aclararon los abogados, desde el Fisco no se realizaron las instancias para recuperar los fondos durante más de tres años de entregados los montos duplicados y que no se procedió a agotar todas las acciones legales para restituir las arcas fiscales.

Es por eso que esta acción interpuesta busca que el Fisco demande a los 84 beneficiarios que se negaron a devolver los fondos, los cuales están debidamente individualizados con nombre y rut.

Aseguran que se trata de una responsabilidad civil por detrimento causado al Estado de parte de los damnificados que no quisieron devolver el dinero, aun sabiendo que se había realizado un pago duplicado, ya que el beneficio indicaba que se trataba de “un apoyo económico pagado una sola vez y en una sola cuota, para cada una de las familias cuyas viviendas fueron afectadas producto de las consecuencias del evento”.

Manifiestan que la situación se generó por una cadena de errores que comenzó en la Seremi de Desarrollo Social con la implementación y aplicación de la ficha y el catastro, que sus representantes son personas serias y trabajadoras que recibieron sanciones que les correspondían a las autoridades políticas de ese entonces.

Finalmente los abogados indicaron que su petición a los tribunales se asila en la obligación de devolver el pago de los fondos que recibieron los afectados y que no les correspondían, “y la obligación que recae en el Fisco de Chile de accionar en tal sentido, debiendo en definitiva el tribunal ordenar que así lo haga en un plazo perentorio y bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere perder todo derecho relacionado con ello”, agregaron.