Economía y Constitución: el debate por los contenidos que comienza a abrirse

¿Qué debería contener una futura Carta Magna en relación al tema económico? ¿Se podría establecer un modelo determinado? ¿Qué pasa con el Derecho de Propiedad?

Esta y otras preguntas comienzan a surgir a medida que se acerca la fecha del Plebiscito del 25 de octubre, y en donde de ganar la opción Apruebo, se abre la posibilidad –por primera vez en la historia de Chile – de discutir democráticamente la confección de una nueva Constitución.

En ese sentido, CADEM incluyó en su última encuesta una serie de preguntas sobre los contenidos que a la gente le gustaría que estuvieran considerados en una eventual nueva Carta Magna. Así, en lo relacionado con la economía, el 85% de los consultados consideró que el derecho de propiedad debiese ser considerado como un derecho fundamental. A su vez, el 52% estuvo de acuerdo con que el Banco Central se mantenga como una entidad autónoma. Además, el 71% de los chilenos se mostró partidario con que las empresas del Estado compitan en “igualdad de condiciones” con sus pares del sector privado.

Pero ¿qué debería tener al fin y al cabo una Constitución en el plano económico? ¿Qué debería asegurarse y qué no? O bien, una Carta Magna ¿podría entregar una orientación determinada al modelo productivo?

Diario El Día consultó a dos economistas para que entregaran su visión sobre esta temática, y así, Sergio Zúñiga, académico de la Escuela de Ciencias Empresariales de la UCN, se mostró partidario de que el Banco Central continúe siendo autónomo, “es decir que busque mantener los equilibrios macroeconómicos, como lo hacen actualmente los bancos centrales de todos los países desarrollados”, explica.

En esa misma línea, Zúñiga señaló que, de debilitarse el derecho de propiedad, “simplemente se afectará la inversión y la creación de empleos productivos. Eso es evidente a partir de la experiencia internacional”.

Ahora bien, en relación al debate por los derechos sociales, en cuanto a si estos debieran ser resguardados por la nueva constitución, el economista advierte que a la larga, la gente “puede salir completamente desilusionada, pues al final, cada país entrega salud y educación gratuita, en la medida que el país pueda financiarla, independiente de que esté escrito eso en la Constitución o no”.

Una mirada distinta tiene el economista Marcelo Olivares, profesional del Instituto de Políticas Públicas, también de la UCN, quien aseguró que el actual modelo económico neoliberal sufre de una inercia inicial, “que no ha logrado renovar la estrategia de desarrollo”.

Ante ello explica, se hace necesario fortalecer el rol del Estado en la economía, más allá de su función reguladora y subsidiaria, apuntando en la línea de la generación de conocimiento y hacer apuestas productivas de largo plazo. “El Estado bien pudiera competir en los mercados en igualdad de condiciones, pero sin cerrar la puerta a situaciones en las que debe ser éste quien apueste y puede capitalizar los beneficios futuros, especialmente en el caso de las rentas asociadas a los recursos no renovables”, señala.

En todo caso, Olivares aclara que una nueva constitución “no debe definir un modelo económico en particular”, pero si al menos, establecer algunos principios.

Por ejemplo, el principio de “desarrollo sostenible”, en donde “la libertad de avanzar en el nivel de bienestar de cada persona no sea a costa de comprometer la salud y las perspectivas de desarrollo futuro de ella y del resto”, asegura.

En concreto para este académico, una constitución debiera permitir que el Estado “pueda hacer apuestas que reduzcan incertidumbre, creen nuevos mercados y con ello caminos de desarrollo, pero que también sea minimalista en el sentido de permitir que el desarrollo económico acompañe la profundización del proceso democrático”.

Respecto a los derechos sociales, el economista señala que si bien, de incluirse en la constitución, obligaría al Estado a acudir a un mayor gasto social para garantizarlos, “también se podría estar fortaleciendo la capacidad de crecimiento de largo plazo, por sus efectos sobre el capital humano”.