El seremi de Educación convocó a un grupo de 26 directores para conversar sobre la importancia de tener una ley que proteja a los trabajadores de la educación y que sancione con expulsión las agresiones físicas a profesores, asistentes de la educación y manipuladores de alimentos.
El proyecto Aula Segura ha generado una atractiva discusión en la agenda pública sobre el rol de los colegios en la disciplina formativa y el tipo de enfoque que pueden utilizar las comunidades educativas para enfrentar hechos de violencia.
El primer semestre de este año, a nivel nacional se contabilizó 119 denuncias, cuatro veces más que en 2014. Así se aprecia en los datos entregados por la Superintendencia de Educación -que consideran agresiones de escolares y apoderados a profesores- que indican un alza del 31% al comparar el recién pasado semestre con igual período de 2017.
31% aumentó la violencia hacia los docentes en los colegios en comparación a 2017, según la Superintendencia de Educación.
Y a nivel local, la Región de Coquimbo registró en 2017 tres denuncias de maltrato hacia docentes. Y este 2018, se lleva contabilizado un solo caso.
VIOLENCIA QUE DEJA HUELLAS
“Cuando fui agredida, no quería volver a trabajar como por dos meses, es terrible pensar que en cualquier momento puedes ser violentada”, señaló Solange Barrientos, docente de un establecimiento regional que fue agredida durante el primer semestre de este 2018.
“Cuando fui agredida, no quería volver a trabajar como por dos meses, es terrible pensar que en cualquier momento puedes ser violentada” –Solange Barrientos, profesora agredida.
Ya habiendo superado el trauma que la acomplejó por casi dos meses, explicó que fue agredida por un niño de primero básico y que este solía pegarle a sus compañeros de curso y que cuando lo intentó separar de los demás alumnos, él la mordió y le pegó varias patadas en sus piernas y brazos. Como consecuencias físicas, le quedaron varios moretones que duraron semanas.
119 casos de violencia hacia profesores se registran este 2018.
Posteriormente, puso una denuncia en la Superintendencia de Educación y otra en el Tribunal de Familia. Y alrededor de un mes de ese lamentable hecho, al niño lo sacaron del colegio y actualmente dice no saber nada de él ni de su familia.
En cuanto al apoyo que le brindó su lugar de trabajo, Solange dijo que fue el mismo colegio quien la instó a colocar la denuncia, pero que actualmente no sabe en qué quedó “y la verdad es que ya no quería seguir viendo el tema y verle la cara a los apoderados (…) el problema del niño venía desde su familia porque su mamá era agredida por el padrastro, entonces él llegaba al colegio a puro divertirse y cuando no se hacía lo que él quería, se ponía violento”.
PRODUCTIVA REUNIÓN
El Gobierno, a través de sus autoridades educacionales está socializando el proyecto a través de directores, docentes y asistentes de la educación. Por ello, el seremi de Educación, Luis Tello, convocó la semana pasada a un grupo de directores de colegios subvencionados, municipales y particulares de La Serena y Coquimbo para conversar respecto al proyecto y de sus respectivas inquietudes.
“Tenemos sólo una denuncia este año, por lo tanto hago un llamado a toda la comunidad escolar a que denuncien la situación que están pasando” –Luis Tello, seremi de Educación.
Tello señaló que la reunión fue bastante positiva, ya que ambas partes pudieron participar activamente del diálogo, destacando la importancia de la educación y las actuales facultades que tienen los directivos para poder decidir y expulsar a estudiantes que hagan daño a la comunidad educativa “sean por lesiones físicas o verbales”.
La autoridad ratificó una realidad que creía que se daba en la región, ya que evidenció que hay un montón de profesores que son agredidos pero que no denuncian por temor a recibir más amenazas “y eso conlleva que nosotros como estadística tengamos sólo una denuncia, por lo tanto hago un llamado a toda la comunidad escolar a que denuncien la situación que están pasando”.
DIRECTORES CON LOS PIES EN LA TIERRA
Una de las tantas críticas que recibe Aula Segura y que recientemente fue resuelta, es el hecho de que el proyecto apuntaba exclusivamente a establecimientos que reciben subvención, no obstante, Carlos Gómez, director del Colegio Alemán La Serena señaló que la violencia hacia los docentes es un problema transversal y que hacer distinción entre los particulares y subvencionados es un error.
“El proyecto debe apuntar a fortalecer la labor y la autoridad que tenemos los directores dentro de los colegios, independientemente de su categoría, esto nos afecta a todos”, indicó.
Margarita Torrejón, directora de la Escuela Juan Pablo II de Coquimbo, señaló que el proyecto de Ley que se discute es “completamente apropiado” porque la sociedad está cada vez más violenta y “lamentablemente” en tiempos actuales se le ha perdido el respeto a profesores y directores, “por lo tanto en comunidades vulnerables es muy difícil educar”.
“El Ministerio deberá preocuparse bastante sobre la reubicación de los alumnos, ya que al establecimiento que lleguen podrían convertirse en guetos educativo” - Eliana Prea, presidenta de la Red de Directores del Servicio Local Puerto Cordillera.
Y en relación a los manuales de convivencia, añadió que también son pieza clave para un ambiente armónico, pero que si estos no se adaptan pierden su eficiencia.
Eliana Prea, directora de la Escuela Guillermo Cereceda de Coquimbo y presidenta de la Red de Directores del Servicio Local Puerto Cordillera, destacó que lo más relevante de la reunión fue aclarar las dudas que ellos tenían “ya que la gente muchas veces se queda con los titulares de las noticas sin conocer el tema de fondo”.
No obstante, Prea quedó preocupada por el trabajo que se va a realizar con los estudiantes que cometan hechos graves de violencia y que serían reubicados en otros establecimientos, señalando que el Ministerio de Educación debe hacerse responsable de los lugares a los que llegarán “ya que eventualmente podrían convertirse en guetos educativos, porque si bien, las escuelas tienen proyectos de integración, no atienden a este tipo de niños porque sus psicólogos son educativos, no clínicos”.
Por último, destacó que los escolares cometen actos delictuales porque vienen de un medio violento, “por lo tanto ahí hay un trabajo importante con las familias”. 6401IR
CAMBIO INTEGRAL DEL PROYECTO
El miércoles 24 de octubre, la oposición logró imponer su postura en torno al proyecto y mantuvo como una facultad, y no como una obligación del director, la expulsión de un estudiante que cometa un hecho grave de violencia. En síntesis, la iniciativa del ejecutivo fue modificada íntegramente, ya que se incorporaron nuevas causales de expulsión como las amenazas, y se sumó a otros actores como profesores, apoderados y carabineros.
En efecto, se elimina la obligación al director para que expulse a un estudiante que participe de hechos violentos, debiendo iniciar un proceso sancionatorio, donde se podrá establecer como medida cautelar la suspensión mientras se desarrolla la investigación, la que podría derivar en una expulsión.
Uno de los puntos que sí resuelve el proyecto, es que clarifica que la suspensión será atendida como una medida cautelar cuando se investigue un hecho de gravedad, por lo que en caso de que la sanción final sea la expulsión, los tribunales no podrán invalidar la decisión por considerar que hubo un doble castigo.
La iniciativa será aplicable para cualquier miembro de la comunidad que cause daño físicos o psíquicos severos y no sólo para los estudiantes de la educación pública, sino para todos independientemente del establecimiento. Además, se establece que los colegios tendrán un plazo de 90 días, publicada la ley, para adaptar sus manuales de convivencia.
COLEGIO ACUSA POCA INCLUSIÓN
Molestia generó desde el Colegio de Profesores el hecho que el seremi se haya reunido exclusivamente con los directores y que el gremio no haya sido invitado a esta instancia.
Jorge Munizaga, presidente del Magistrado regional, admitió que en el último tiempo los hechos de violencia hacia docentes han aumentado considerablemente, pero al mismo tiempo lamentó que el Ministerio no los tome en cuenta para participar en el mejoramiento de Aula Segura.
“Si se quiere solucionar un problema tan importante, lo ideal es que participen todos los actores, sobre todo los más importantes que son los que sufren más por estos sucesos, que son los profesores”.
Munizaga sentenció con que el Colegio está abierto a sostener una mesa de diálogo con los demás involucrados “y así lo hemos dado a conocer, pero si no existe el interés de considerarnos, no sabemos en qué va a terminar todo esto”.
Por su parte, Luis Tello señaló que esta reunión fue con los directores porque “son ellos los que tendrán las facultades una vez que se aprueba le ley, entonces es importante que primero ellos se informen para después comunicárselo a su comunidad escolar respectiva”.
No obstante, manifestó que espera lineamientos del nivel central para poder reunirse con el gremio de los profesores y establecer un diálogo constructivo entre ambos.
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