Proyecto de Ley Aula Segura genera opiniones divididas en la región

El jueves de la semana pasada, el presidente Sebastián Piñera en conjunto a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron el Proyecto de Ley “Aula Segura”. Este busca fortalecer las facultades de los directores de colegios, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a los alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.

En lo concreto, el proyecto establece que se debe aplicar un procedimiento inmediato de expulsión y cancelación de la matrícula en los siguientes casos: uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertas de armas definidas en la Ley de Control de Armas y artefactos incendiarios, explosivos o de características similares; y agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladores de alimentos.

En octubre de 2017, el caso de la educadora de párvulos agredida en el Colegio Villa San Bartolomé del sector Las Compañías, fue considerado como un precedente y como un “acto cada vez más recurrente, dentro de un contexto donde cada vez más son más repetidos estos hechos”, según Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesores.

Según explicó en ese entonces, los hechos de violencia hacia los docentes es una práctica que a nivel nacional ha tomado revuelo los últimos años debido a una “desvalorización creciente hacia los docentes”.

PRESUNTA MEDIDA POPULISTA

Según consignó Mario Sánchez, presidente del Colegio de Profesores de La Serena, el Proyecto de Ley es una medida populista porque no fue dada con anterioridad a los problemas, sino que surgió como reacción frente a una situación que estaba ocurriendo.

Para Sánchez, el proyecto nació por los overoles blancos en el Instituto Nacional de Santiago, no por la realidad que venía de antes, “y en este sentido decimos que es populista, porque responde sólo a eso”. No obstante, recalcó que “más vale tarde que nunca”, pero que ahora lo que le preocupa al gremio es la letra chica, porque no saben si esa ley va a cubrir todas las situaciones donde se entorpezca el normal ambiente pedagógico al interior de la escuela, “porque si apunta solamente a darle más atribuciones al director no me parece”.

“Llevamos décadas velando para mejorar la situación de los docentes en las salas de clases, entonces como esto surgió a raíz de ese hecho puntual creemos que será más de lo mismo”. –Mario Sánchez, presidente del Colegio de Profesores La Serena.

Para el dirigente, este proyecto debería haberse elaborado mucho antes, porque los docentes cuentan con una serie de herramientas que velan por el orden interno en los recintos educacionales: los reglamentos internos  y los manuales de convivencia. “Y estos no castigan, estos previenen, pero si estos instrumentos no se renuevan constantemente entraremos en conflicto”.

El presidente del Colegio señala que se han tenido una serie de agresiones en que después de un tiempo el agresor vuelve al aula y otros casos en que no se toma ninguna medida y no pasa nada. Y considerando el año 2017 y el presente, se tienen contabilizados más de 12 casos de violencia hacia los docentes en la comuna, no obstante, en sólo 3 de ellos tuvieron una solución satisfactoria. Al resto de los sucesos no se les hizo seguimiento o las denuncias no se hicieron como correspondían.

En relación a lo anterior, el gremio se encuentra escéptico a esta ley “porque llevamos décadas velando para mejorar la situación de los docentes en las salas de clases, entonces como esto surgió a raíz de ese hecho puntual creemos que será más de lo mismo”, puntualizó Sánchez.

Finalmente, el presidente comunal del Colegio de Profesores, detalló que hay varias formas de resolver el problema del maltrato docente. Primero, dice que existe una carga horaria  dentro y fuera del aula “y eso debería cambiarse sustancialmente, ya que deberíamos trabajar menos en el aula para tener más tiempo para nuestras labores administrativas, esto nos permitiría tener el tiempo necesario para trabajar todos estos temas que no podemos trabajar”. En segundo lugar, se le podría otorgar más atribuciones a los encargados de convivencia escolar y no a los directores, “porque cuando el director se entromete es cuando se generan los conflictos”. Tercero, es que se contemple el tiempo necesario para que los manuales de convivencia de actualicen constantemente. Cuarto, que los Concejos de Profesores sean resolutivos y no solamente consultivos como ocurre actualmente, “es necesario que en estas instancias se tomen decisiones, de esta forma el problema no crecería”. Y por último, que se le quiten responsabilidades al profesor, “porque hoy hacemos de asistente social, de psicólogo y una serie de otras cargas aparte de hacer la clase que tampoco van con los tiempos para poder realizar el trabajo adecuadamente”.    

“Cualquier iniciativa o propuesta que apunte en dicho sentido debiera considerar la opinión de los distintos actores que participan del sistema”. –Patricio Bacho, secretario general Corporación Gabriel González Videla.

EL PROYECTO ES NECESARIO

Desde el Ministerio de Educación defienden el proyecto al señalar que actualmente los directores de establecimientos no cuentan con herramientas efectivas que les permitan adoptar medidas disciplinarias inmediatas para enfrentar hechos de violencia graves protagonizados por estudiantes. Por lo que sólo pueden expulsar y cancelar las matrículas cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar al alumno de la comunidad educativa víctima de los hechos de violencia.

Desde el organismo aseguran que el Proyecto de Ley Aula Segura fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia o si un estudiante usa o posee ciertos tipos de armas. Además explican que estas medidas excepcionales tendrían lugar con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de que el director reconsidere la medida, manteniendo al alumno fuera del establecimiento.

12 casos de violencia hacia docentes aproximadamente han sido denunciados en La Serena desde el 2017 hasta la fecha. De ellos, tan sólo 3 han tenido resoluciones satisfactorias.

Según consignaron las fuentes del ministerio, siempre se va a garantizar el derecho a la educación del alumno reubicándolo en otro establecimiento educacional, proporcionándole un programa de apoyo psicosocial.

“Como Ministerio de Educación nos corresponde proteger a profesores y alumnos y nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. La calidad de la educación, que es uno de los pilares de esta gestión, no puede lograrse con profesores amenazados y agredidos, y alumnos y apoderados viviendo con temor”, sentenciaron. 6401i