Sigue el debate por Aula Segura tras modificaciones en el Senado

El miércoles 24 de octubre, la oposición logró imponer su postura en torno al proyecto y mantuvo como una facultad, y no como una obligación del director, la expulsión de un estudiante que cometa un hecho grave de violencia. En síntesis, la iniciativa del ejecutivo fue modificada íntegramente, ya que se incorporaron nuevas causales de expulsión como las amenazas, y se sumó a otros actores como profesores, apoderados y carabineros. Incluso, hasta cambio de nombre recibió el proyecto, ahora se llamaría “Aula Democrática”.

En efecto, se elimina la obligación al director para que expulse a un estudiante que participe de hechos violentos, debiendo iniciar un proceso sancionatorio donde se podrá establecer como medida cautelar la suspensión mientras se desarrolla la investigación, la que podría derivar en una expulsión.

Ahora se clarifica que la suspensión será atendida como una medida cautelar cuando se investigue un hecho de gravedad, por lo que en caso de que la sanción final sea la expulsión, los tribunales no podrán invalidar la decisión por considerar que hubo un doble castigo.

La iniciativa será aplicable para cualquier miembro de la comunidad que cause daño físicos o psíquicos severos y no sólo para los estudiantes de la educación pública, sino para todos, independientemente de la calidad del establecimiento. Además, se establece que los colegios tendrán un plazo de 90 días publicada la ley, para adaptar sus manuales de convivencia.

UNA IZQUIERDA INCONGRUENTE

El diputado Francisco Eguiguren (RN) señaló que su bancada está feliz por haberse aprobado el proyecto, ya que significará un gran paso para lograr una educación de calidad y que “por fin” los niños tendrán la certeza de poder estudiar, al igual que los profesores, “no como hoy en que la comunidad educativa está siendo constantemente amenazada con agresiones y con todo lo que a la izquierda no le gusta”.

En referencia a lo anterior, aclaró irónicamente que no les gusta la violencia, y por ello en su discurso dicen que “niegan y rechazan todo acto delictual, pero por otro lado les cuesta una enormidad poder actuar en consecuencia”.

En la misma línea, un poco más drástica, el diputado Sergio Gahona (UDI) señaló que le parece “gravísimo” como el Senado y la oposición han abordado el proyecto, porque “mientras el Gobierno ha pedido establecer obligación de los directores a suspender de forma inmediata e iniciar procesos de expulsión de alumnos que porten objetos peligrosos o que agredan directamente a sus profesores, la oposición elimina la expulsión y lo reduce sólo a una facultad”.

El exintendente de la Región de Coquimbo, añadió que para garantizar la seguridad  de la comunidad escolar el Gobierno hizo entrega de cuatro días al alumno para formular descargos y dos días para establecer reposición de daños, mientras que la oposición estableció en quince días el plazo de expulsión, diez días para que el alumno presente sus descargos y cinco para resolver la reposición.

“Aquí el Gobierno y Chile Vamos está de parte de los alumnos y de la tranquilidad de los apoderados, en cambio la izquierda y la oposición están del lado de la violencia, y eso es lo que han demostrado con la modificación a Aula Segura”, aseveró indignado.

PARTIDARIOS DEL CAMBIO

Por la otra vereda, el diputado (PS) Raúl Saldivar reconoce que el proyecto fue mejorado “sustantivamente”, debido a que el ahora el director no tiene obligatoriedad de expulsar inmediatamente a los estudiantes, sino que se conciben efectos del debido proceso y se dan oportunidades de defenderse al acusado, y en consecuencia, explicó que la situación cambia “radicalmente” porque ahora el estudiante no quedará expuesto a la arbitrariedad, aclarando que también es un tema de orden constitucional, ya que toda persona tiene derecho al debido y justo proceso.

“Ahora el proyecto lo digiero mejor que antes porque en materia de educación siempre hay que estar generando las posibilidades de ir actualizando, ya que la sociedad y los hechos tienen un curso más veloz de lo que uno cree”, consignó Saldivar.

En relación a lo anterior, el diputado de la bancada demócrata cristiana, Matías Walker, valoró el acuerdo “porque para eso está el Congreso” y el esfuerzo de los senadores de su partido, debido a que existirá la posibilidad de suspender y escuchar a aquellos alumnos que ocupen arman y sean parte de hechos vandálicos, porque además, estos tendrán la posibilidad de defenderse y comprobar que no son delincuentes.

Por último, aclaró que nunca estuvo contrario al proyecto de Ley “pero los senadores hicieron bien al aprobar la idea de legislar introduciéndole modificaciones para mejorar la iniciativa, pero de igual manera pensamos enriquecer este proyecto cuando llegue a la Cámara de Diputados”. 6401i