El hecho ocurrió hace poco menos de una semana y desde entonces la mujer -junto a su madre (87) y su hijo (17)- permanece instalada en la vereda de la vivienda de calle Pení con la Ruta 5 donde residió durante casi ocho años, en uno terreno conocido como Sokol, hoy del municipio –aseguran- tras largo tiempo en litigio.
Sí, allí se encuentra Carolina Díaz (47) con sus pertenencias y una carpa improvisada soportando el frío y la llovizna de los últimos días, sólo con el acompañamiento de sus mascotas, tres perros y un gato, que por las noches la cuidan.
“Ellos me cuidan, no dejan pasar a nadie. Estoy a la deriva sin guardia, sólo con el cuidado de los perros. Tampoco puedo trabajar, antes vendía frutilla a la vuelta, pero ahora no puedo hacerlo. Ni agua he tenido, ya que como no existe guardia no puedo entrar y sacarla. Pero acá estamos; es incómodo y muy húmedo”, dijo Carolina extendiendo el brazo hacia el interior de la frágil casa donde permanece hace tres días y que por su manera de ver las cosas –de seguir así- tendrá que pasar varias noches más, pues no le interesa el monto del dinero y la forma de ayuda que le está ofreciendo el municipio.
“Anoche se me mojó todo por la neblina. Y si sigo acá mi madre se morirá. Quiero algo concreto para irme. Contrataron guardias el primer día y ya no están, entonces que les costaba tenerme acá en mi casa cuidando tal como lo hice durante ocho años. Los guardias sacaron todo y me tuve que tomar el sitio, porque les dije que no tenía dónde irme. Les insistí que no tenía plata para irme. Sin embargo, ayer me citó la municipalidad para ofrecerme 100 mil pesos y un camión para sacar mis cosas y trasladarme a otro lugar. Pero no acepté, porque la plata me la entregaban con los días, en una semana y media. Estoy con mi madre y mi hijo que estudia y tiene 17 años. Mi madre tiene 82 años y pasa en el hospital y la verdad, qué sitio encontraré con cien mil pesos”.
Carolina no vivía sola en el terreno, puesto que también lo hacían algunos familiares y su expareja, don Ricardo, quien figura en la cartola del registro social de hogar como beneficiario de la vivienda, así que él y el resto de las personas aceptaron la propuesta del municipio y abandonaron el lugar. Él, dice Carolina, se fue para Coquimbo y el resto, se quedó en La Serena.
“Les iban a dar 150 mil pesos para un arriendo, al final llegaron a acuerdo por un poco más”, señala molesta.
“En el plano legal hicimos lo que correspondía”
Desde el municipio aseguran que la situación es bastante compleja. Le han ofrecido ayuda, pero ella no quiere. Es más. Dice Julián Gómez, director de Desarrollo Comunitario del municipio de La Serena, que “ella está en una posición más inflexible. Los terrenos son del municipio, luego de varios años de estar en litigio. Ya existía una fecha límite en que ellos tenían que desalojar el terreno, así que en el plano legal nosotros hicimos lo que correspondía”.
Cuenta Gómez que “se estaba produciendo el desalojo y nos reunimos con las personas para ver la forma en que pudiésemos disponer de recursos y otras gestiones para que pudieran estar en una situación mejor. Así que nos reunimos con ellos y vimos la forma de entregarles una ayuda económica. Es un aporte que entrega el municipio y se entrega en dos causales. Una cuando la persona está en situación de alta vulneración y otra, en el caso que de algún percance estructural. Y al revisar los antecedentes, nosotros les entregamos los recursos al núcleo familiar, ya que no son aportes individuales y en este caso el aporte fue de 200 mil pesos. Porque lo que busca el aporte es que sea el impulso para que las personas puedan tener autonomía. Es más. Los procedimientos de ayudas sociales están súper restringidos por parte de contraloría y nosotros cometeríamos un ilícito sin hacemos un aporte sin ver los antecedes y sin que este el informe social. No se entrega de manera individual, sino que al núcleo familiar”.
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