Gobierno Regional bajo la lupa por compra irregular de terreno

Duros momentos ha vivido el actual Gobierno Regional de Coquimbo tras asumir en el año 2018, enfrentando un terremoto, escenario de sequía, estallido social, la compleja enfermedad de su intendenta, la pandemia y una crisis económica.

A esto se debe sumar ahora un difícil escenario legal, luego que se diera a conocer, por un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, un supuesto delito de fraude al Fisco en la Intendencia de Coquimbo. Esto a causa de la compra de un terreno destinado para un complejo deportivo por $9.800 millones, en circunstancias en que su tasación superaba escasamente los 4 mil millones.

Frente a estos hechos se inició un sumario administrativo que involucra a la intendenta Lucía Pinto y otros funcionarios. La autoridad regional deberá responder como jefa superior del servicio y por ser quien recibió las notificaciones de rechazo a la compra desde Contraloría.

La situación incluso llevó a la primera autoridad regional a viajar, ayer, a la ciudad de Santiago para reunirse con el ministro del Interior, Víctor Pérez, esto con el objetivo de entregar los antecedentes del caso y determinar los pasos a seguir.

Por su parte, desde la oposición señalaron que ante las graves acusaciones, Pinto debiese en las próximas horas dar un paso al costado, para facilitar la investigación en contra de su administración.

“Toma de razón”

Uno de los puntos más cuestionados es que la intendencia de la región inscribió un contrato de una compra de terreno sin que pasara por la “toma de razón” de la Contraloría General de la República, quienes ya habían rechazado cuatro veces este proceso de compra iniciado por el Gobierno Regional. Esta “toma de razón” es una operación ineludible que forma parte del proceso, por lo que el ente contralor remitió el caso a la Fiscalía, argumentando irregularidades.

Tras estos hechos se inició un sumario administrativo y el Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, para que indague el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella.

“Nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”, Lucía Pinto, intendenta regional

Abott se basó en una presentación reservada realizada por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, donde da cuenta que la adquisición de las tierras por parte del Gobierno local se ejecutó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”.

“El documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio”, consigna el medio.

Otro reparo de la Contraloría en su presentación al Ministerio Público apunta a que si bien se canceló por más de 60 mil metros cuadrados, las escrituras evidencian que la propiedad dispone de 10 mil metros cuadrados menos.

Cabe recordar que la compra del terreno tenía como objetivo reemplazar el recinto de la Cordep, debido a que el municipio de La Serena cedió su superficie para la construcción del futuro hospital de la capital regional.

Hospital de Coquimbo

Esta compra de terreno no ha sido la única cuestionada al Gobierno Regional por parte de la Contraloría General, ya que hace unas semanas el organismo elaboró un informe que establecía algunas observaciones no subsanadas en la compra del paño destinado para el nuevo Hospital de Coquimbo.

Del escrito sobre está compra se desprende que el valor total del terreno de 6 hectáreas corresponde a $ 6.204.574.755. pesos, montos que ya habrían sido desembolsados sin tampoco contar con la toma de razón de Contraloría.

Contraloría

Consultados por El Día desde la Contraloría General de la República reiteraron que se rechazó en cuatro oportunidades el contrato de compra —vía trato directo— del terreno para la construcción del Centro Deportivo San Ramón de La Serena, suscrito entre el Gobierno Regional y la Inmobiliaria Guayacán SpA y otras, el 9 de octubre de 2019. Se determinó que el GORE incumplió la norma que se aplica para este tipo de compras, al no justificar debidamente por qué se había recurrido al trato directo.

Los terrenos se ubican en Camino San Ramon, sin número, entre Avenida Cuatro Esquinas y la Ruta D43. Como referencia quedarían en las cercanías del Colegio Alemán. FOTO: Lautaro Carmona.

Indican que el organismo de control no tuvo a la vista evidencia suficiente que justificara que el precio fijado en el contrato, $9.800.000.000, correspondiera a su justo valor, ya que el GORE de Coquimbo aportó documentos, especialmente tasaciones comerciales de los terrenos, con valores sustancialmente diferentes.

De hecho, la Contraloría detectó que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en la carta de intención de venta, el 22 de enero de 2019. Además, el valor de la UF considerado corresponde al 4 y 5 de febrero de 2020, posterior a la firma del contrato. Por otra parte, se advirtió que los recursos previstos en el presupuesto del GORE para este ítem, $8.215.104.000 para este año, no son suficientes para solventar el valor del contrato.

“Proceso transparente”

Ante los cuestionamientos, la intendenta Lucía Pinto indicó que desde el año 2015 que se viene trabajando para materializar un hospital de alto estándar en La Serena y que en medio de esta crisis sanitaria cobra aún más relevancia esta obra.

“Para construir un nuevo hospital de estas condiciones, es que se realizaron una serie de gestiones para contar con un espacio apropiado, como es el ubicado en la Cordep , un terreno del municipio de La Serena que fue cedido gratuitamente en este nuevo hospital”, relató.

Pinto sostiene que para reemplazar este recinto deportivo desde el municipio calificaron como el lugar más conveniente los terrenos ubicados en San Ramón, presentando un proyecto al FNDR del año  2019 y posteriormente se suscribió en un contrato de compraventa.

9.800 millones de pesos fue el precio pagado por el gobierno regional por el terreno ubicado en las cercanías del Colegio Alemán.

“Nosotros propusimos la modalidad de trato directo al ser esta la vía más rápida y efectiva para poder avanzar en este proyecto  deportivo y en el nuevo hospital. Este es un compromiso con el municipio y en el que han participado diversos servicios públicos como el Ministerio de Salud, el Consejo Regional y el Instituto Regional del Deporte”, indicó Pinto

La máxima autoridad regional manifiesta que todo se ha realizado dentro de la legalidad y que no ha existido ningún tipo de irregularidad.

“Hemos acompañado todos los antecedentes para fundamentar técnica y económicamente a la Contraloría en cada representación que nos ha enviado, entre estos se incluyen otros dictámenes que ha realizado Contraloría”, precisa categóricamente

Sobre los cuestionamientos de los valores pagados por los 6 lotes de terrenos, indica que fue la opción más beneficiosa.

“El precio de compra del terreno es incluso inferior al de dos terrenos previamente evaluados, por lo que se contrasta con lo señalado por la Contraloría, porque no ha existido un daño al patrimonio estatal en ningún momento. Este proceso ha sido transparente, con diversos estudios e informes que avalan la legalidad del proceso” reitera.

Agrega que la Contraloría tiene el deber de poner en antecedentes al Ministerio Público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada.

“Tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se va a acreditar que no hubo ningún tipo de irregularidad”, finalizó Lucía Pinto.

Funcionario cuestionado

Según consigna BíobíoChile en su reportaje, una de las principales críticas es que durante mayo de 2019, mientras se desarrollaba el análisis de la compra del terreno, Nicolás Bakulic Gorovic, ingresó como accionista -con un 25% de la propiedad- a las inmobiliarias Guayacán SPA, La Serena SPA, La Herradura SPA y Cerro Grande SPA precisamente las sociedades que ostentaban la propiedad de los 6 lotes.

El hecho es investigado porque, su hijo Nicolás Bakulic Albertini, llevaba más de un año prestando servicios a honorarios en el GORE como profesional de apoyo técnico “en materias de preinversión” y que mantuvo contacto estrecho con el análisis que se hacía de la adquisición.

Diario El Día se logró comunicar con el funcionario aludido, Nicolás Bakulic, quien indicó que no se referiría al tema y que esperaría el desarrollo de la investigación.

“Me dijeron que había sido mencionado, pero no tengo nada que ver con esto, así que no tengo nada que decir” indicó escuetamente el profesional.

Reacciones

La información generó diversas reacciones en el ámbito político. Mientras desde el oficialismo salieron a blindar la figura de Pinto, en la oposición pidieron  incluso la salida de la autoridad regional.

El diputado, Sergio Gahona, señaló que sin duda es compleja la situación que ha planteado la Contraloría Regional y que espera que esto no retrase la construcción de los nuevos hospitales para La Serena y Coquimbo.

“Espero que estas materias se aclaren debidamente, tuve la oportunidad de trabajar en el GORE. Conozco a muchos de sus funcionarios y tengo la certeza de su probidad, honestidad y buen trabajo. En ese sentido, tengo mucha confianza, también conozco a Lucía Pinto, no creo que aquí haya más que un problema administrativo, esperamos que esto sea así y que nuestra región pueda contar con nuevos hospitales”.

En tanto, el presidente regional de la UDI, Óscar Tapia, manifestó que desde su partido confían en Lucía Pinto, quien “ha demostrado una gran gestión, enfrentando un terremoto, crisis social, la pandemia y en todos esos desafíos ha estado a la altura”.

“Esto se va a resolver de la mejor manera posible. Son faltas administrativas las que indicó la Contraloría y están en proceso de corregirse”.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez señaló que existe un evidente tráfico de influencias o conflicto de intereses, y que es el caso de corrupción más grande en la región desde el inicio de la democracia.

“La intendenta Lucía Pinto debe explicar si sabía de esta vinculación entre un asesor del gobierno regional y su padre que hace la compra de la inmobiliaria en simultáneo que se hace la compra, siendo beneficiados” indicó el parlamentario.

El diputado Francisco Eguiguren, sostuvo que lo que corresponde es dejar que la Fiscalía realice tranquilamente su trabajo. “Que investigue rigurosamente para esclarecer toda la verdad, que vea todas las aristas del caso. Para dejar a la ciudadanía tranquila. La Fiscalía deberá ver si existe mérito para formalizar y llevar adelante un juicio”

Para el diputado Matías Walker el informe de la Contraloría genera bastante preocupación.

“Es un cuestionamiento al valor de compra y que se haya recurrido a la modalidad del trato directo, porque esta es una modalidad excepcional. Cuando una entidad pública decide comprar un terreno bajo un trato directo, siempre debe hacerse vía toma de razón. Sobre todo cuando es por montos elevados. Espero que esta situación se pueda clarificar cuanto antes”, señaló.

Proceso legal

Para el abogado Carlo Silva la investigación del Ministerio Público podría llevar aparejada los delitos de cohecho, fraude al fisco y para los particulares la estafa.

“Existen una serie de reglamentaciones internas en que los organismos públicos están sometido a su cumplimiento y la Contraloría en ese sentido es muy rigurosa, por lo tanto, todos los organismos públicos saben que deben ser visados por la entidad”.

Silva señala que de comprobarse un acto irregular por la compra y una sanción penal, podría declararse nula la compra.

“Estamos en una etapa desformalizada, donde el fiscal va a indagar todas las aristas, los posibles autores y desarrollar una investigación preliminar a la formalización, que en la práctica puede durar meses, porque ningún fiscal va a dirigir una investigación sin fundamentos en contra de una autoridad pública y un empresario de la inmobiliaria”, concluyó.