Hasta $50 millones de multa para quienes no cumplan con medidas preventivas

Con la intención de reforzar el uso de la mascarilla y el cumplimiento de los protocolos de higiene, la Seremi de Salud de Coquimbo anunció que endurecerán las sanciones a quienes infrinjan las medidas sanitarias.

Cabe recordar que el pasado 8 de abril el Ministerio de Salud decretó la obligatoriedad de la protección buconasal como medida para frenar la propagación del Covid-19.

Solo ocho días después, a nivel nacional se cursaron 435 infracciones y de esas 152 ocurrieron en la Región de Coquimbo, convirtiéndose en la zona con más incumplimiento a la norma.  

La medida rige para aquellos lugares cerrados con más de 10 personas, en todo lugar público como el comercio, instituciones, recintos educacionales, de salud y deportivos, además de ascensores y transportes remunerados. Sin embargo, esta no estaría siendo respetada por una parte de la población.

Es por esto que las autoridades, en su estrategia para evitar nuevos contagios –ahora comunitarios-, anunciaron que actuarán con mayor fuerza para inspeccionar el uso del protector, así como el distanciamiento social y revisar que se cumplan todos los protocolos de higiene preventiva en los lugares antes mencionados.

“Aumentaremos las fiscalizaciones por el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y privado remunerado, ya sea en las calles como en los terminales de buses. Además, reforzaremos la educación en relación al distanciamiento social que debe existir en lugares con afluencia de público, donde también se inspeccionará sobre el uso correcto de la mascarilla. Y se revisarán que se cumplan todos los protocolos de higiene preventiva en espacios laborales, como supermercados, bancos y comercio en general”, precisó el seremi de Salud, Alejandro García.

Los encargados de fiscalizar son los funcionarios de salud, Carabineros y las Fuerzas Armadas y las multas para los infractores pueden ir desde 1 U.T.M hasta 1.000 U.T. M.

“Respecto al endurecimiento de las sanciones, las multas por incumplimiento de estas medidas pueden alcanzar las 1.000 UTM ($50 millones), como también la prohibición de funcionamiento o clausura de algún establecimiento fiscalizado”, agregó.

La autoridad aclaró que la disposición contempla a todo el país y que responde al incumplimiento de las estrategias implementadas por el Gobierno ante la emergencia del Covid-19.

Desde la institución también informaron que hasta la fecha registran un total de 437 controles a personas por profesionales de la Seremi de Salud y 158 controles reportados por Carabineros de Chile. Además, se han cursado 9 sumarios sanitarios en la región por incumplimiento de medidas preventivas en locales de elaboración de expendio de alimentos, lugares de trabajo, comercio y servicios con atención a público.

Desde principio de abril que las autoridades sanitarias han enfatizado que, siguiendo las recomendaciones de la OMS, el protector buconasal ayuda a disminuir las posibilidades de contagio, sin embargo, no reemplaza el lavado de manos y el distanciamiento social, medidas clave para frenar la propagación del virus.

Llamado al autocuidado

A pesar del decreto emanado del Minsal, las municipalidades han apostado por ordenanzas municipales, así por ejemplo en Coquimbo desde el 10 de abril que es obligatorio el uso de elemento de protección en todos los espacios públicos hasta que dure el estado de excepción por catástrofe o hasta que el concejo municipal determine lo contrario. El incumplimiento podría ser sancionado con multas que podrían llegar a los 50 mil pesos.

Tras la confirmación de los primeros casos en Vicuña, el jefe comunal, Rafael Vera, comunicó a través de una transmisión en su cuenta de Facebook que dictará una ordenanza que obligue el uso de mascarillas.

En tanto en La Serena, Roberto Jacob, apela al autocuidado y a la responsabilidad de los ciudadanos “eso es mucho más importante”, ya que las personas deben entender que hay una pandemia.

En esta línea, el seremi García recordó que el Minsal emitió una normativa que faculta a los municipios fiscalizar el uso del implemento, “con esto nosotros le damos la potestad para que nos ayuden a fiscalizar, denunciar y luego nosotros hacer la investigación y el sumario correspondiente”.