El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha decidido ingresar por el Senado de la República una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura, LGPA. La llamada Ley Corta de Pesca modifica en sus bases la actual normativa que regula la actividad y que, pese a sus aristas, ha generado estabilidad en la industria, miles de puestos de trabajo y el crecimiento de la biomasa del mar de Chile.
Desde el gremio pesquero señalan que esto afectará gravemente a la industria porque la propuesta modifica el espíritu y el derecho adquirido de los actuales titulares de las licencias de pesca que perderían su condición de renovables de manera indefinida para ser subastadas cada 20 años.
El dirigente pesquero Osciel Velásquez señaló que el actual gobierno no los ha invitado a ser parte de la discusión de esta ley.“Nos quieren expropiar los derechos históricos, lo que nos preocupa. ¿Qué va pasar más adelante con los derechos de agua o mineros si tienen esta visión?”.Velásquez sostiene que se ponen en riesgo 3 a 5 mil empleos en la región. “Imagínese que se gane la licitación una empresa del sur, va a querer llevarse las cuotas a la zona sur. Vamos a quedar con miles de empleos menos en la zona. A nosotros nos interesa que la región crezca y nos vaya bien a todos”.
Desde el gremio señalan que sólo el sector crustacero da empleo directo a 3 mil personas, es un sector económico de mano de obra intensiva que se replica en las actividades de Órison- San José, Cercopesca y decenas de plantas procesadoras que dan vida a un circuito industrial vital para la zona.
Afirman que son estas características del sector pesquero de la zona “las que nos hacen llamar al Gobierno Regional, encabezado por la intendenta Lucía Pinto, a establecer una mesa de trabajo con parlamentarios de la región, que nos permita consensuar una propuesta que proteja la industria”. 1203