Integrantes del Core se desmarcan de la compra de cuestionado terreno

Sigue en la nebulosa el nombre del sucesor o sucesora de Lucía Pinto en la cabeza del gobierno regional, a casi una semana que estallara el caso denominado “papayaGate”.

La danza de nombres continúa, muchos se han ofrecido y otros han sido tanteados, pero no quieren agarrar ese “fierro caliente” que es en este momento el Gobierno Regional.

Como también las repercusiones de la investigación de la Contraloría y la Fiscalía han generado una serie de situaciones porque, más allá de la renuncia de la exintendenta, quedan muchas otras cosas por aclarar sobre quienes participaron en la compraventa del cuestionado proyecto, sobre todo si existiera alguna irregularidad.

Una arista del caso es que los dineros para la compra del terreno, donde se instalaría el complejo deportivo en San Ramón, provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, por lo que debiesen haber sido aprobados por el Consejo Regional, tras un arduo análisis.

Al respecto, la presidenta del Core Adriana Peñafiel ha manifestado en los medios que lo cuestionado por la Contraloría no es la entrega de los recursos, sino el procedimiento administrativo.

“No otorgamos la unanimidad en la aprobación, ya que  siete consejeros regionales, nos opusimos a la aprobación de este proyecto y solicitamos información necesaria y correspondiente y dejarlo en comisión”, declaración pública de un grupo de cores

“El proyecto fue presentado por la Municipalidad de La Serena, luego pasó a la evaluación social, donde obtuvo resultados favorables, el RS, y desde ese punto de vista, el proyecto pasa a la Intendencia... Luego pasa al Consejo Regional para la aprobación de los recursos” ha sostenido la autoridad.

Al explotar el caso y quedar al descubierto las irregularidades, un grupo de los consejeros regionales ha querido desmarcarse de la aprobación de la iniciativa.

Así es como Ángela Rojas, Lidia Zapata, Cristian Carriel, Carlos Galleguillos, Lombardo Toledo y Javier Vega elaboraron una declaración pública en el que afirman que ellos habían presentado su inquietud a la compra del terreno, pero este había obtenido la luz verde del resto del cuerpo colegiado, a raíz que se utiliza la aprobación de “simple mayoría” al interior del CORE  para visar las iniciativas.

Los seis integrantes, de 16 que conforman el cuerpo colegiado, indican que mediante el oficio N° 2346 de fecha 10 de junio de 2019, el ejecutivo solicita considerar una nueva cartera extraordinaria FNDR 2020, que contenía 8 iniciativas a financiar por un monto de M$15.014.818, entre ellas habría estado la compra de terrenos para la instalación de un complejo deportivo en San Ramón

Según expresan en su declaración pública, en la discusión de la comisión se propuso dividir la votación de esta cartera en dos partes.

“Mientras la primera votación aprobó 7 iniciativas por un monto total de M$4.903.025, la que fue aprobada por unanimidad del CORE. (Proyectos que beneficiaron cuatro comunas y a la Dirección del Servicio Salud).  La segunda votación somete a consideración la Construcción Centro Deportivo San Ramón, comuna de La Serena, con una etapa de diseño por un monto total de M$10.111.793, proyecto formulado por la Municipalidad de La Serena”.

Los consejeros dan a conocer que el proyecto obtuvo su Rentabilidad Social (RS) el mismo día 10 de junio de 2019, misma fecha que la intendenta solicitó su aprobación.

6 son los consejeros que firman la declaración pública que cuestiona la aprobación de sus pares al  proyecto.

Agregan que existía una “falta de información, los montos involucrados en este proyecto, la concentración excesiva de recursos en la comuna de La Serena, las múltiples necesidades urgentes de la región y otros argumentos, no otorgamos la unanimidad en la aprobación, ya que siete consejeros regionales, nos opusimos a la aprobación de este proyecto y solicitamos información necesaria y correspondiente y dejarlo en comisión”.

A la falta de información, sostienen los seis consejeros regionales, se suma que la “propuesta fue presentada mediante solo dos láminas, sin tasación, ni antecedentes mínimos en la Ficha del Ministerio de Desarrollo Social”.

Los integrantes del cuerpo colegiado indican que las iniciativas presentadas a consideración por el Ejecutivo son aprobadas por simple mayoría, hoy mayoría circunstancial, sin mayor análisis, no cuidando los recursos fiscales ni la equidad territorial, para lo cual el consejo está mandatado.

“Este tipo de situaciones ha sido lo habitual durante todo el actual gobierno, donde la mayoría oficialista impuso una forma de trabajo que ha desestimado la labor del Consejo Regional, situación que fue incluso representada por la propia Contraloría” indican en el escrito.

Finalizan indicando que solicitaron al Gobierno Regional trasparentar las renuncias de las divisiones administrativas, jurídicas entre otras y quienes hoy están asumiendo las subrogancias de los cargos que han renunciado por este posible fraude al fisco.