Investigación por fraude al fisco complica a Gobierno Regional

Esta madrugada Radio Biobío publicó un reportaje acerca de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Nacional por un eventual fraude al fisco en la Intendencia Regional de Coquimbo.

El presunto delito se habría cometido en el proceso de compra de un terreno para construir un nuevo recinto deportivo por más de $9 mil millones de pesos en el sector sur oriente de La Serena.

El artículo indica que se adquirieron tierras por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones. Fue ante eso que el fiscal nacional, Jorge Abott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del hecho.

“Si bien la Contraloría tiene el deber de poner en antecedente al Ministerio Público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada, tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se acreditará que no hubo ningún tipo de irregularidades”, Lucía Pinto, intendenta

Abott se basó en una presentación reservada realizada por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, donde da cuenta que la adquisición de las tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se ejecutó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando la cifra de los recursos públicos involucrados es elevada.

“El documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio”, consigna el medio.

Radio Biobío se contactó con la intendenta Lucía Pinto quien, a través de un comunicado, expresó que durante todo el proceso se mantuvo  “absoluta objetividad, transparencia y justificación del trato directo invocado”.

Cabe recordar que la compra de terreno tenía como objetivo reemplazar el recinto de la Cordep, la que cedió su superficie para la construcción del futuro hospital de La Serena.

 “(…) se me informó que el proceso estaba en orden y apegado a derecho, sustentado en dictámenes de Contraloría. Si bien la Contraloría tiene el deber de poner en antecedente al Ministerio Público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada, tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se acreditará que no hubo ningún tipo de irregularidades”, respondió Pinto.

Durante esta jornada  y tras la publicación del reportaje, desde la Intendencia emitieron un comunicado de prensa reiterando las declaraciones de la máxima autoridad regional, “Contraloría puede poner en antecedente cualquier hecho que a su juicio deba ser investigada, pero nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”.

“Hemos aportado todos los antecedentes”

Pinto recordó que el proceso se dio en el marco de la construcción del nuevo hospital, ya que este implicaba  el uso de un terreno 10 veces más grande que el actual y que a principios del 2019 se materializó un acuerdo por el terreno que era ocupado por la Cámara Chilena de la Construcción.

“Esto se desarrolla en el marco de un trabajo mayor como es el futuro hospital. Cuando se entregó el terreno de la Cordep, la municipalidad se dedicó a la búsqueda de un espacio apropiado para el nuevo sitio deportivo, ellos evaluaron y realizaron todos los estudios técnicos. Este fue un proceso en el que actuamos diversas instituciones públicas, además del municipio, también estuvo el Consejo Regional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte”, indicó la intendenta.

$9.800 millones pagó el Gobierno Regional por el terreno que reemplazará a la Cordep de La Serena

La representación de la Contraloría es la quinta que emite el organismo. En cada una de ellas se han realizado las mismas observaciones y desde el GORE –aseguran- se ha respondido con la información respectiva.

“Hemos aportado todos los antecedentes concretos y resoluciones apegados al derecho. Tenemos discrepancias jurídicas, pero acá no se ha cometido ninguna irregularidad y para demostrarlo, aportaremos con toda la información que se requiera”, agregó la autoridad.

Adicionalmente, señaló que “este proceso ha sido absolutamente transparente, en el que participaron diversos servicios públicos, con informes, estudios y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y transparencia de toda la etapa, sustentada, incluso, con dictámenes de la propia Contraloría”.

Por último, Pinto asegura que el trato directo acordado para comprar este terreno es la forma más rápida y efectiva de avanzar en la materialización del nuevo hospital porque –según ella- no se puede dejar pasar una oportunidad de responder a una demanda histórica de la población.