No esconde el momento histórico que están viviendo, pero al mismo el fiscal regional, Adrián Vega remarca que en paralelo como Ministerio Público tienen una responsabilidad ética que deben cumplir. En entrevista con diario El Día aborda las diferentes aristas del estallido social que ya lleva más de un mes y cuida cada frase y palabra respecto a los temas más sensibles. De paso entrega de su visión de las dos décadas que está próximo a cumplir la Reforma Procesal Penal.
-¿De qué manera el Ministerio Público ha vivido el estallido social, a partir del 18 de octubre de 2019?
“Desde lo personal, muy importante porque me tocará estar en un trance histórico y en la zona donde yo crecí, por lo que me interesa mucho que el trabajo se realice lo mejor posible”.
-¿Le impacta el saqueo, los incendios y el vandalismo que ha afectado a lugares emblemáticos de La Serena y Coquimbo?
“Por su puesto, no soy un afuerino y por eso me preocupa como ciudadano. Luego, desde mi cargo, evidentemente que tengo que aplicar la ley con objetividad y con los mismos estándares probatorios que han existido siempre, más allá de la duda razonable. No porque exista un estallido social o más delitos de cierta índole, nosotros vamos a bajar el estándar o esperar que los jueces bajen su estándar”.
-¿Ante el aumento del vandalismo y ejemplos concretos de saqueos, debieran haber más personas en las cárceles?
“En términos numéricos tenemos 55 personas en prisión preventiva por delitos que son robos en lugares no habitados, frustrados y receptaciones. Si lo vez de ese modo, antes del estallido social era muy poco posible que existieran personas en prisión preventiva por robo en lugar no habitado, frustrado y receptaciones y eso está sucediendo. Puede parecer poco, pero no lo es porque se trata de delitos que por la agravante y carácter del delito hemos podido tener prisiones preventivas”.
-¿Pero, donde están los detenidos?
“Si me permites terminar (idea), los robos con violencia o intimidación, en lugares habitados, ha decrecido en proporción de lo que han crecido los otros delitos, por lo tanto, se han desplazado esos delitos a estos otros. ¿Dónde están las personas que cometen los delitos? 55 personas presas, de los 600 detenidos muchos de ellos están sólo con cautelares, porque tenían irreprochable conducta anterior. Quedaron con firmas ante una autoridad correspondiente o no aproximarse a la víctima”.
-¿Los detenidos son los cabecillas de los hechos vandálicos?
“Lo que puedo decir es que los 55 imputados que tenemos producto del estallido son por delitos de saqueo, otra cosa es lo que puede ser el desmán o el daño en la propiedad pública o privada provocada por otras personas y con otros intereses”.
Labores concreta
-¿Con mayor trabajo de inteligencia Se pudo haber evitado todos los ataques y destrozos que ha vivido sobre todo La Serena?
“La verdad es que no puedo manifestar una opinión en este sentido porque nosotros trabajamos ex post y no prevenimos el delito y no me compete pronunciarme sobre aquello. Lo que sí puedo señalar es que hemos hecho todos los esfuerzos, a través de las fiscalías locales”.
-Pero, sí pueden seguir una línea investigativa…
“Sí, estamos investigando el incendio de la ex estación de trenes, el incendio del supermercado del Líder y los incendios de las seremías de Desarrollo Social y del Trabajo y también se investiga todo lo que pasó en el hotel Costa Real que nos causó bastante impacto. Y pido que las personas nos puedan hacer llegar información de videos y fotografías respecto a la comisión de estos delitos, porque la gente está grabando. Lo puede hacer llegar a imágenes emergencia.coquimbo@ministeriopúblico.cl ”.
Todo se investiga
-¿Su percepción es que más allá de los saqueos e incendios de viviendas, locales y lugares emblemáticos, lo que queda con más fuerza en la comunidad sería la violación de los derechos humanos?
“El fenómeno de una violencia institucional evidentemente que se tiene que investigar como cualquier otro delito”.
-¿Cuántas denuncias tienen en esa línea?
“Alrededor de 160 denuncias investigadas, dos fiscales especializada (Carolina Caballero Villagrán) y la fiscal Rocio Valdivia Delgado quien en La Serena y Ovalle están investigando este fenómeno. Hay querellas del INDH y otro grupo de interés que también han presentado querellas no solamente por violencia institucional”.
-¿Es cierto que en algunos hospitales, como el de Coquimbo se estarían negando la información a los profesionales de los derechos humanos sobre el estado de los afectados atendidos?
“No tengo conocimiento de eso y toda la información se abordará”.
-¿Cuánto complica el planteamiento de que ciertos lugares estarían operando como ‘centros de torturas’?
“Ese tipo de situaciones no es un tema que ayude al clima o no, si ocurre tienen que ser denunciados”.
-¿Han recibido ninguna denuncia?
“No hemos recibido nada en esa línea y lo único que hemos recibido son las denuncias que tenemos, pero pedimos a quienes tienen algo que denuncien, aunque sea a nivel de denuncia-seguro donde hay anonimato”.
Las padojas en las redes sociales
-¿En lo personal se deja llevar por las redes sociales que se ha identificado como las gatillantes de las noticias falsas?
“Es una paradoja, porque muchas de las investigaciones que hemos obtenidos es en base a lo que las personas rescatan de sus dispositivos y circulan en las redes sociales. Pero, también está la paradoja que en estas redes sociales se puede plantear el derecho libre a manifestarse, pero también se puede utilizar como medio de comunicación.. es información valiosa, pero hay que hacer doble chequeo ”.
Las dos caras de los fallos
-¿Cuánto ha afectado los fallos de las cortes de apelaciones para inhibir el accionar de carabineros, por ejemplo, no usar escopetas con balines, quedando atados de manos?
“No sé si atado de manos, pero los efectos o internalidades positivas o negativas de ese fallo para una situación en concreto, no me compete como fiscalía pronunciarme . Puede haber un matiz, porque algo va a mirar como un efecto positivo porque no habrán lesiones oculares y otro lo verá como un efecto negativo porque no se dispersará a las personas que están cometiendo un desmán a la propiedad pública o privada”.
-¿También considera una paradoja que en la zona el toque de queda se consideró ilegal?
“Ahí hay una interpretación jurídica diversa en distintas cortes de apelaciones del país, por eso que señalo que hacer lecturas unívocas de una resolución y que provoca tal hecho, creo que es un poco sesgado o bien limitado porque cada cosa en su mérito”.
-¿En el caso del Ministerio Público están sobrepasados por la contingencia del estallido social?
“No estamos sobrepasados, estamos trabajando al límite de nuestras competencias y focalizando lo que nos parece más importantes”.
-¿Cuántas causas están investigando con ocasión del estallido social o las unificaron en una sola?
“La información de detenidos es que hay 1.500 en 40 días de estallido social, pero la fiscalía sigue ingresando otras denuncias, se sigue acusando y asistiendo a juicios orales. La fiscalía sigue trabajando igual, pero adaptándose a las contingencias”.
-¿Donde estaría la mayor presión para encontrar resultados, en Carabineros, investigaciones, el Ministerio Público o en el Gobierno?
“ No puedo opinar respecto a eso, lo único que sé es que la Fiscalía está cumpliendo un papel fundamental en esta crisis. Está investigando seriamente y con igualdad ante la ley y de forma autónoma todos los delitos, sin dar causas sociológicas del por qué ocurren. Eso se dejara para la historia y el análisis. Nosotros investigamos noticias crímenes, sea un militar, un carabinero, un civil contra carabinero o un civil en un saqueo”.
-¿Y denuncias de montajes, como se dejó entrever en el incendio de un anexo del hospital de Coquimbo, donde se indicó que habría una camioneta de carabinero involucrada?
“Ese es el típico caso de que no es un rumor, sino que de que alguien dijo que había una patente y eso entra en el análisis criminal y se está investigando, puede ser una interpretación, una confusión o una mala intención de quien la emite”.
-En medio del estallido social, no cree que un sector de la comunidad, reaccionó cansada de ver, por ejemplo, como en el Caso Penta, luego del proceso, los inculpados le dieron como pena, clases de ética?
“La verdad es que las penas de los delitos de cuello y corbata si no hay querellas por delito tributario son bastante baja y tienen el mismo derecho el autor de un hurtador de un televisor en una tienda que el que comete ese delito, aunque el daño puede ser considerado mayor”.
-Pero, también dio la sensación que cuando los fiscales eran duros contra los delitos de cuello y corbata, después los sacaban del caso…
“De sensaciones no me puedo hacer cargo, lo que puedo decir es que las causas se estudian en su mérito y si las penas son susceptibles a salidas alternativas son igual en un delito de cuello y corbata como en otros. En el único donde no hay concesiones y hay tolerancia cero es con funcionarios públicos, donde tenemos, por ejemplo al ex senador Orpis (Jaime) que está siendo imputado por cohecho y alcaldes en juicios, por lo que está demostrado que hemos llegado a juicios”.
-¿Iskandar Buale, admitió que si no se sacan los militares a la calle, este estallido termina en guerra civil, ¿cómo reacciona frente a este juicio?
“ La verdad es que esas son opiniones y proyecciones de lo que puede pasar, pero la fiscalía a pesar de ser majadero investigan noticia crimen y delito, no las causas sociológicas o de otro tipo salvo que influyan en la comisión del delito”.
Luces y sombras en 20 años
Para el fiscal Vega uno de los hitos de los 20 años de nueva reforma procesal penal es haber dejado atrás un sistema arcaico de justicia.
“Es positivo , siempre se habló del sistema inquisitivo, respecto a la misma persona que investigaba y juzgaba y lo inquisitorio de los secretos de sumario. Lo segundo está el tema de la publicidad donde hoy la prensa, y en la medida de lo posible, luego que las audiencias son públicas, se ha podido enterar de cómo se investiga y de los triunfos y también de las derrotas de las fiscalías, lo que le hace bien a un estado de derecho”.
-¿Lo bueno es que no han existido intocables en estos 20 años?
“Si se hace un barniz histórico, hubo condenas importantes para la gente que tenía influencia en la sociedad y que poseían un cargo de importancia. Otra cosa son los términos asociados a esa causa, donde hay salidas alternativas”.
-¿Porque en 20 años un gran porcentaje de los fiscales no están en la institución y algunos que han dado entrevistas admiten que salieron decepcionados y frustrados?
“No sé si decepcionados del sistema, lo que sí puedo señalar que esta es un pega bastante dura y las decisiones pasan por aspectos personales y familiares y eventualmente profesionales. Muchos colegas han decidido partir porque han visto otra expectativa profesional y que le significase, mejor remuneración, la posibilidad de estudiar o estar con la familia”.
-Al principio cuando se llamaba a los fiscales de turno la mayoría estaba en terreno viendo los casos, pero hoy, la mayor crítica es que ya no estarían en el sitio del suceso, ¿cómo enfrenta ese tema?
“No es tan así, seguimos saliendo a terreno, lo que pasa es que el 2000 habían menos delitos que debíamos procesar y eso significa estar mucho tiempo en el escritorio viendo computador, pero los delitos importantes como homicidios, atropellos con muerte o violaciones, estamos en el sitio del suceso”.
-¿Estarían colapsados con muchas causas como se ha planteado?
“Si bien tuvimos un aumento de fiscales desde el 2000 a la fecha han existido una serie de modificaciones que han significado nuevos delitos y más graves. En ese sentido sólo señalar la violencia intrafamiliar y los robos. Pero, estamos en un estado de derecho donde los jueces mientras tras más alta es la pena que hay que aplicar mejor es la prueba que hay que tener y se aumenta la masa crítica de causas y eso reciente un poco”.
-¿El Ministerio Público ha estado a la altura de las expectativas?
“Eso se lo dejo a la comunidad en un análisis histórico, lo que sí puedo decir es que en en estos 20 años (de reforma), hemos proceso a senadores, empresarios, alcaldes y no sé si en la anterior justicia existe esa idea. En ese sentido me siento satisfecho de aplicar la ley y rescatar lo que es la autonomía del Ministerio Público. En otros países los poderes de persecución penal o fiscalía general de la nación, dependen de un nombramiento presidencial, pero aquí en Chile hay autonomía”.
-¿Qué le provoca cuando hoy son los fiscales los que están pasando por los tribunales, como el ex fiscal Arias?
“Igualdad ante la ley, todos tenemos la posibilidad de que en algún momento se nos impute un delito, defendernos e investigar lo sucedido”.
-¿Advierte un interés de dañar al Ministerio Público, sobre todo cuando en más de una oportunidad se ha pedido la renuncia, por ejemplo del Fiscal Nacional, Abbot y se le acusa de ser débil y proclive al gobierno?
“Lo recibimos del modo más razonable posible, la verdad es que creemos en la libertad de prensa, en la libertad de expresión y en el estado de derecho y en realizar el trabajo con la mayor honestidad posible. Pero, más allá de lo que podemos opinar, no nos podemos referir a eso, porque, insisto, hay libertad de prensa, lo que podemos decir es que estamos trabajando de la manera más honesta posible y los hechos demostrarán que estamos trabajando y que la institución está tan fuerte como antes del estallido (social) y como antes de las polémicas que nos puede haber afectado este año”.
-¿Cuál es la crítica que más le complica, la que indica que los fiscales adulterarían los informes de resultados, para recibir un mayor bono a fin de mes o que algunos fiscales solo litigarían para la prensa?
“Si me coloca en esa disyuntiva, le puedo decir que respecto a las cifras están en los boletines estadísticos del año. Nosotros tenemos sistemas informáticos que dejan registro de todo, por lo que es imposible que hoy tenga 55 presos y después aparecen 100 para impresionar, porque eso se verifica y está en línea con el tribunal. Las causas se archivan y se toman conocimientos”.
-¿Y la relacionada que litigarían más para la prensa, una crítica que se le hizo al ex fiscal Carlos Gajardo?
“Un muy buen fiscal y que ahora está afuera efectuando su trabajo y esperamos que tan bien como lo hizo en el Ministerio Público, pero la verdad es que todos los fiscales tenemos perfiles distintos y en ese sentido las críticas, si bien tiene que ser escuchadas, también deben ser vista para mejorar y en lo personal no debe doler y es muy necesario que el fiscal sea escrutado y “criticado” por la sociedad, es muy necesario (lo remarca), porque de ese modo mejoramos nuestros procesos y se transparenta el sistema. La gente tiene derecho a opinar”.