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En entrevista con El Día, la directora regional del Sename, lamentó lo ocurrido en una residencia de la capital, donde se investiga una denuncia de violencia contra un menor. En este punto, la autoridad destaca la labor que realizan en los diferentes centros de la zona, asegurando que se trabaja día a día para que estos hechos no ocurran.

La directora regional del Servicio Nacional de Menores, Sename, Verónica Zárate Robledo, pormenorizó el trabajo que realizan en la institución, poniendo acento en que la prioridad son los niños, niñas y adolescentes.

Respecto a la denuncia por un presunto hecho de maltrato al interior de una residencia de Santiago, que nuevamente centra la mirada en la vulneración de los menores, lamenta lo ocurrido y asegura que se trabaja permanentemente en la supervisión de los residentes.

-¿Cómo se realiza la separación de los menores según la situación particular de cada uno de ellos?

“Nosotros como servicio tenemos tres áreas de trabajo. Una, que es el área de adopción, que funciona en base a la Ley 19.620. Otra, que es el área de responsabilidad penal adolescente, asociada a la Ley 20.084, donde nosotros como servicio somos los ejecutores de las penas que determinan los tribunales de garantía y los tribunales orales en lo penal, cuando algún adolescente comete algún tipo de delito y es derivado a alguna sanción penal que puede ser en medio libre o libertad asistida; servicios en beneficio a la comunidad, libertad asistida especial o en un medio privativo de libertad como es el centro semicerrado o el centro cerrado. En esas sanciones están solo los adolescentes que están con problemas con la justicia. Que un tribunal los consideró responsables y determinó una sanción, que además tiene un principio educativo y resocializador para que el joven pase de una vida antisocial a una vida más pro social. Por otro lado, el servicio también trabaja con niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y ahí nosotros tenemos una oferta programática, ya que en esa área se tiene a cerca de tres mil niños en la región en una oferta programática que está asociada a las determinaciones de los jueces de familia, quienes instruyen medidas de protección cuando un niño tiene alguna situación de vulneración, un maltrato infantil por violencia intrafamiliar, alguna negligencia de los padres o situación de abandono, los derivan a programas de protección y en casos muy graves los pueden ingresar a un centro residencial”.

-¿Qué medidas tienen implementadas para evitar que los menores escapen de los hogares?

“Los que cumplen sanción pueden cumplir en medidas de medio libre, es decir, el niño está en su casa y puede estar sancionado con una medida de beneficio a la comunidad. Ahí tiene que asistir a un programa psicosocial, donde hay una intervención especializada y le van a asignar ciertas acciones de acuerdo a las necesidades que tiene. Si está en un centro semi cerrado va a cumplir durante la noche, porque es una medida privativa solamente nocturna y durante el día tiene que hacer sus actividades como un niño normal, ir a la escuela, en capacitaciones o está con su familia, pero en la noche tiene que estar cumpliendo en el centro. Y los adolescentes que están privativos de libertad sí tienen restricciones y en el perímetro de ese centro hay personal de Gendarmería que custodian para que no existan fugas del recinto”.

-¿Cómo le afecta lo ocurrido en Santiago, cuando se cuestiona el rol de la institución?

“Nuestra misión como servicio es atender a los niños y niñas, sobre todo aquellos que están bajo cuidado del Estado y en este caso de las instituciones colaboradoras que sostienen los centros residenciales, nosotros tenemos 12 en la región, que los administran distintas instituciones, dentro de ellas está la Fundación Niño y Patria, la Fundación Hogar de Cristo, las Hermanas Misioneras de Jesús, dentro de las instituciones que tienen a cargo estas residencias. Nosotros tenemos a cargo la fiscalización y obviamente nos duele mucho lo que  se denunció que podría estar ocurriendo en esta residencia en Santiago. Lo que nosotros hacemos acá es procurar que esas cosas no ocurran y para ello se hace un trabajo de supervisión permanente, pero además muchas entrevistas a los niños, para conocer de manera directa cómo están, cómo están vivenciando su proceso al interior de la residencia. Se hace un trabajo también para que el niño esté el menor tiempo en residencia, que rápidamente se le va a restituir su derecho a vivir en familia. Hay una coordinación permanente con los centros residenciales, hay una formación continua para el personal, cuyos empleadores son las instituciones colaboradoras, pero nosotros igual les entregamos espacios de formación, de reflexión en lo que significa estar a cargo de niños y niñas. Ese rol tan relevante que ellos cumplen para la vida de un niño o una niña. Existen protocolos, procedimientos para cuando hay situaciones que los niños denuncian que ocurran en los centros, se tiene que activar de manera inmediata para frenar cualquier situación y hacer las denuncias pertinentes si es que llegasen a ocurrir y trabajar la intervención con los niños y niñas que pudiesen vivir alguna situación como la que se plantea que podría haber ocurrido en este centro en Santiago”.

-¿Ustedes han tenido que aplicar los protocolos en algún momento?

“Cuando hay situaciones de descompensación, por ejemplo, de los niños, porque algunos tienen problemas de salud mental, que es parte de las vivencias que tienen los chicos, esos traumas que son complejos. Estamos hablando de niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos, donde han vivido situaciones de maltrato, también el abandono es un trauma complejo de entender para un niño, que tiene que estar alejado de su familia, viven situaciones bien difíciles y cuando hay situaciones de crisis o descompensación, primero el abordaje lo tiene que hacer el equipo de la residencia, con sus educadores, profesionales. Si es que hay una situación que tenga indicios de algún peligro, ahí se pide apoyo de salud para que puedan acudir y abordar la situación y también de Carabineros, eso dice el protocolo. Y, sí, hay situaciones donde hay que aplicar protocolo, afortunadamente las situaciones no son reiteradas”.

-En septiembre del año pasado hubo un incendio en un recinto del Sename, ¿se investigó qué pasó?

“Los antecedentes todavía están en la Fiscalía, la institución que tenía a cargo ese recinto es el Hogar de Cristo, ellos pusieron los antecedentes en la Fiscalía. De hecho, en el mismo momento se presentó Labocar, las instituciones policiales y nosotros, que tuvimos que reubicar a las niñas, pero todavía no tenemos el resultado de esa investigación”.

-¿Cómo están trabajando los protocolos por la pandemia?

“Hemos hecho un trabajo bien intensivo. Primero, había que establecer mucha educación, sobre todo en lo que es prevención, especialmente en los equipos de trabajo, el cuidado que tenga ese trabajador de residencia es clave. Ahí hubo que generar esas instancias de formación, donde tuvimos un apoyo muy importante la Universidad de La Serena”.

 

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