Nuevo servicio separará a menores infractores de ley de aquellos vulnerados

Restituir los derechos gravemente vulnerados de niños, niñas y adolescentes (NNA), así como reparar el daño causado por dicha realidad, es una de las misiones que asumirá el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Esto, luego que el Congreso aprobara el proyecto de ley que pone fin al Servicio Nacional de Menores (Sename) y crea la nueva institucionalidad, la que ahora queda bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, separándolo del área de menores infractores, que se mantiene como parte de la cartera de Justicia, con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Una nueva institucionalidad que tendrá un plazo de un año para implementarse desde el momento de su publicación en el Diario Oficial -trámite que debería tardar unas semanas-, y la cual pondrá su foco en los niños, niñas y adolescentes, con mayor fiscalización, más recursos y un trabajo integral con las familias.

“Lo importante de este servicio es que pone en el centro a los más pequeños, a los niños vulnerados. Recordar que el Sename trabajaba con ellos, pero también con niños que cometían delitos y no estaban separados. En este caso, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia los separa y pone en cuidado a nuestros pequeños, que han sido vulnerados en sus derechos. Los cuida, trabaja en el formato de familia, pone el Servicio de Reinserción Juvenil, y los separa” explicó el seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Telias.

Serán seis los focos de trabajo en los que se centrará el servicio, con mayor supervisión y fiscalización, un aumento de las exigencias al personal, tanto público como privado, un 40% de presupuesto adicional, enfoque familiar, oferta programática, descentralización y flexibilidad.

“Todas las regiones son distintas y requieren de un trabajo diferente y es ahí donde nosotros hoy día nos preocupamos, de la geografía, de las culturas. Se ajusta a la realidad territorial” sostuvo Telias, quien agregó que se trata de un proceso “un poco radical y será más ágil, nosotros tenemos un plazo para implementarlo -y asegurarnos de que tenga el estándar que necesita- de un año, pero eso no quiere decir que nos demoremos el año en entregarle la ayuda a los pequeños”, dijo la autoridad.

“A través de las residencias colaboradoras se atienden más de 220 NNA y se entregan 9.200 prestaciones, adicional a eso trabajamos con la línea Abriendo Caminos”, Marcelo Telias, seremi de Desarrollo Social y Familia

Por otro lado, Alejandra Valdovinos, seremi de Justicia y Derechos Humanos, indicó que los NNA eran prioritarios para el Gobierno desde el inicio de la gestión. Por lo mismo, con la creación de esta nueva figura se daba fin a cuatro décadas de funcionamiento del Sename, debiendo crearse el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para jóvenes infractores, el que espera sea aprobado en enero de 2021, para ser implementado gradualmente a lo largo del país.

“Con estos dos nuevos servicios separamos de una vez por todas la niñez y adolescencia vulnerable de los jóvenes infractores de Ley. Estos últimos dependerán de nuestro ministerio y dicho proyecto ley otorga un trato distinto a los jóvenes, un trato que propende a su reinserción efectiva. Entre estas formas destaca la figura de mediación penal entre imputado y víctima, que buscará un acuerdo entre las partes y la reparación del daño, para terminar el proceso e impactar positivamente en la reinserción de los jóvenes, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo” señaló.

Valdovinos agregó que el presupuesto que se destina actualmente al Sename para el área de justicia juvenil es de $120 mil millones, el que ahora se ampliará a $150 mil millones con el nuevo servicio, que se modernizará y tendrá mejores estándares de habitabilidad, así como instalaciones destinadas a escuelas, bibliotecas, actividades culturales y tratamientos contra las drogas, que permitan la reinserción.

Un nuevo servicio del cual no fueron ajenos diversos organismos que trabajan en la defensas de los derechos de NNA.

Desde la Fundación para la Infancia de Coquimbo, su directora, Gloria Mieres, expresó que al no estar bajo el paraguas legal de una Ley Integral de Garantías de los Derechos del Niño, carecía de peso estructural y que el Estado, al continuar con un sistema de subvención, seguía en su rol de no garantes de los derechos humanos de los NNA.

“Creemos que no hubo voluntad política de haber aprovechado de hacer historia al no poner la prevención por sobre la protección. Ambas son importantes, sin embargo si invirtiéramos más en prevención no se gastaría tanto en protección de las vulneraciones de los derechos del niño. Se debe priorizar y enfatizar que el financiamiento del Estado en relación a los NNA debe tener impacto en la vida de ellos y ellas”, indicó.

En tanto, desde la Defensoría de la Niñez, la abogada coordinadora de la Macrozona Centro Norte, Pilar Medina, manifestó que se trató de un largo proceso de tramitación que, hubiesen querido, se hiciera con la urgencia de las materias que se tratan.

“En cuanto a los resultados obtenidos, desde el inicio de la tramitación del proyecto como Defensoría de la Niñez procuramos participar en todo el proceso, ante la evidente necesidad de terminar con el Servicio Nacional de Menores, por la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado que fuimos detectando”, señaló.

Añadió que en ese contexto habían realizado una serie de recomendaciones que estimaban necesarias para un real cambio estructural del sistema, las que no fueron acogidas, por lo que el resultado, a su juicio, no garantiza la adecuada protección y cuidado del Estado a quien se encuentra bajo su tutela.

“Se continua con un sistema de subvenciones que mantiene un sello ‘caritativo’ de las instituciones que intervienen y, del mismo modo, estimamos necesario que se comprenda que es imprescindible implementar el Sistema de Garantías en que el enfoque preventivo sea el que lidere la nueva institucionalidad”, agregó.

No obstante a ello, señaló que una vez establecido el nuevo sistema de garantías, “esperamos que la implementación del nuevo servicio se produzca con celeridad y en manos de quienes cuenten con competencias adecuadas para la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, manteniéndonos como institución observando que todo se lleve a cabo conforme al interés superior y respeto de sus derechos”.