Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Dirigentes comunitarios y de pueblos indígenas interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena.

Distintas organizaciones sociales y vinculadas a las comunidades indígenas interpusieron un recurso de protección con el objetivo de frenar la vigencia del plano regulador intercomunal, PRI, de la provincia de Elqui, aprobado por el Consejo Regional en diciembre del año pasado.

La acción judicial se realizó el pasado lunes 13 de mayo en la Corte de Apelaciones de La Serena y tiene como principal argumento la no participación ciudadana en la elaboración del instrumento de ordenamiento territorial.

El consejero regional, Javier Vega (PC), quien respalda a los demandantes, comentó que “presentamos un recurso de protección en conjunto con las comunidades indígenas Domingo Taucán de La Serena y “Amakay Kakan” de Coquimbo invocando el convenio 169 que afecta directamente a los pueblos originarios”.

El core indicó que “queremos que la ciudadanía conozca las distintas acciones que estamos adoptando porque creemos que el PRI consideró solo una mirada, una construida en cuatro paredes”.

A su juicio, la aprobación del PRI  tuvo efectos negativos en distintos sectores como “aquellos que no abordan los planos comunales”. Además, “vimos que muchas problemáticas se fueron creando a partir de la aprobación del PRI como fue por ejemplo el proyecto de la construcción de vivendas de la Caleta San Pedro”.

Vega expresó que “no queremos un PRI inconsulto sino uno que considere a las organizaciones sociales y no sólo a las indígenas sino algunas territoriales que están demandando una nueva forma de hacer política pública”.

Ana Godoi Guerrero, presidenta de la Asociación Indígena Amakay Kakan, señaló que “nos estamos oponiendo porque nos pasaron a llevar como indígenas. Jamás nos preguntaron en los ocho años de trabajo que tuvo el plano regulador”.

A pesar que las comunidades indígenas tienen varios años de funcionamiento, éstas no fueron consideradas por las autoridades, dijo Godoi. Además, añadió, el plano regulador intercomunal no pone el debido cuidado en los vestigios arqueológicos como los encontrados en el sitio El Olivar.

Jacinto Aracena, presidente de la agrupación rural cordillera de Coquimbo, que integra la Corporación Regional de Desarrollo Sustentable, expresó que durante la elaboración del PRI “no hubo una participación ciudadana real y efectiva”.

“A nosotros nos perjudica enormemente porque se modificó el uso de suelo de nuestro sector en las cercanías de Las Barrancas, calificada como zona agrícola y que se consideró ahora como una zona industrial, con lo cual allí se podrían instalar empresas peligrosas”, detalló.

 

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