La semana pasada el Tribunal Electoral dictó sentencia tras denuncia interpuesta en contra del alcalde de Illapel, Denis Cortés, por parte de tres concejales de esa comuna: Eduardo González, Ricardo Castillo y Janet Araya, quienes entre otras cosas, pedían la remoción de su cargo del edil.
Finalmente el mencionado tribunal dictó sentencia indicando una amonestación por escrito, lo que dejó satisfechos a los concejales, pero también al edil, lo que queda plasmado en sus declaraciones.
De hecho, Denis Cortés ha destacado que el Tribunal Electoral Regional (TER) desestimó la mayoría de las acusaciones realizadas por los tres concejales y que solo ordenó una amonestación por escrito derivada de una materia administrativa menor, lo que considera un rotundo fracaso para los acusadores y un fuerte espaldarazo a su gestión.
“Los tres jueces me dieron la razón, desestimando lo que ellos estaban acusando. Este alcalde no es un peligro para la comunidad ni menos estoy frenando el desarrollo de Illapel, como ellos dijeron. La resolución del TER es un espaldarazo a mi gestión y un fracaso para ellos”, sostuvo Cortés.
Explicó que la denominada censura que dictaminó el TER en su contra y que derivará en un llamado de atención por escrito por parte del organismo, se debe a la actuación de un funcionario municipal que estaba encargado de responder oportunamente los requerimientos de Contraloría y no lo hizo. “En mi calidad de alcalde tengo un grado de responsabilidad por el actuar de mis funcionarios, por lo que debo asumir cuando se comete algún error, pero esto no pasa de una falla administrativa que, gracias al convenio que realizamos con Contraloría para mejorar nuestra gestión, ya no volverá a ocurrir”, aseguró el edil.
“Los tres jueces me dieron la razón, desestimando lo que ellos estaban acusando”. Denis Cortés, alcalde de Illapel.
Cumple expectativas
Por su parte, los concejales que acusaron a Denis Cortés, también se mostraron satisfechos por lo determinado por el Tribunal Electoral Regional.
La concejala Janet Araya señaló que “la censura obtenida contra el alcalde de Illapel es un éxito”, porque dijo sancionaba al alcalde Denis Cortés por las irregularidades cometidas en el desarrollo de dos sumarios laborales que datan de 2014, oportunidad en que Cortés Vargas no habría obedecido las órdenes e instrucciones de Contraloría, dilatando injustificadamente el proceso.
“Se cumple con nuestras expectativas, el TER declaró culpable al alcalde respecto a nuestras acusaciones y usó una de las sanciones posibles, en este caso la censura o amonestación por escrito. Lo importante para nosotros según la estrategia adoptada, es que fue declarado culpable. Ahora no solo le decimos nosotros, sino que también contraloría y el TER”, afirmó.
“La censura obtenida contra el alcalde de Illapel es un éxito”. Janet Araya, concejala de Illapel.
El también concejal Eduardo González, mencionó que con esta sanción, el alcalde perdía la condición de irreprochable conducta anterior, “lo que para una próxima presentación es un punto que juega a favor de una eventual sanción mayor como podría ser intervenir su sueldo, suspenderle del cargo o definitivamente ser destituido”, dijo.
Precisó que en este caso, el desacato por parte de la autoridad había sido permanente y sistemático ante los requerimientos de la Contraloría. “Situación que no debería extrañar, hay que recordar las filtraciones donde su hijo proponía hacer un mono para solucionar los problemas que enfrentaba el municipio”, argumentó.
La otra denuncia
La otra denuncia que interpusieron los concejales dice relación con un fallo de la Contraloría, donde el alcalde de Illapel figuraría como responsable de falta a la probidad por intervencionismo electoral en favor de su hijo, Denis Cortés Aguilera, e irregularidades en la entrega de beneficios relacionados con la reconstrucción del terremoto de 2015.
Según el concejal Ricardo Castillo “el último informe nos dio pie para ingresar a la Fiscalía una denuncia criminal contra quienes resulten responsables de fraude al fisco y desviación de fondos públicos, razón por la cual, dichos antecedentes también serán presentados al TER, donde esperamos se llegue a las mismas conclusiones que Contraloría y obtengamos una sanción mayor”, señaló. 1601i
Sumarios dilatados
Los sumarios que fueron dilatados injustificadamente según señaló la Contraloría, corresponden a los casos Ruth Rocco y Bernardo Berríos, ambos funcionarios del Departamento de Educación Municipal que se desempeñaban en establecimientos educacionales en el 2014. El caso de Rocco fue por acoso laboral, según explica la propia afectada, fue perseguida para obligarla a perder su cargo, objetivo que lograron luego de que ella presentara un cuadro psiquiátrico que significó una licencia mayor a 6 meses en un periodo de 2 años. En lo que respecta a Berrios, el sumario fue por sobrecarga laboral.