“El monto establecido para el proyecto es del municipio”

La presidenta del Consejo Regional, Adriana Peñafiel, se refirió a la salida de la exintendenta Lucía Pinto y se mostró sorprendida que haya caído en un incumplimiento de una norma de la República, como es toma de razón de la Contraloría cuando hay recursos públicos de por medio.

De paso descartó que en el seno del CORE se haya votado el proyecto que provocó la hecatombe, sin los antecedentes necesarios, como lo señalan consejeros opositores.

-¿Qué le parece que un grupo de consejeros de oposición se desmarque  de la aprobación de los recursos para el centro deportivo  San Ramón?

“Ellos lo que hicieron fue aprobar la iniciativa del ejecutivo e intendenta y quedara en estudio en la comisión, esa fue la aprobación del acuerdo”.

-Pero ahora se están desmarcando de eso.

“Ese es un tema que tendrían que explicarlo, pero lo que ellos aprobaron en su oportunidad fue que quedara en la comisión en estudio.

-¿Cree que hay un intento de sacar provecho político en esta declaración pública que hizo un grupo de consejeros?

“Siempre hay política, este es un tema político. Importante es recordar que el Consejo Regional somos autoridades electas por posturas y posiciones políticas. El Consejo Regional es un organismo político y nosotros somos figuras políticas que estamos interviniendo en él”.

-¿Es efectivo que el proyecto fue presentado sin antecedentes y que había recibido el RS ese mismo día?

“No es efectivo que haya sido presentado sin antecedentes y le voy a explicar por qué. Porque en primer lugar, esto parte de una iniciativa de la municipalidad de La Serena, en que postula este proyecto por un monto sobre diez mil millones de pesos. Ese proyecto postulado, como lo hacen todos los servicios y las municipalidades, fue remitido al Gobierno Regional, al área ejecutiva, que es donde está toda la responsabilidad del procedimiento administrativo. Lo analizó en su oportunidad DIPLAN, donde había un director que era un profesional, José Cáceres,   y esa iniciativa, que es un  proyecto de la municipalidad, donde la municipalidad coloca ese monto, pasa dentro del proceso al Ministerio de Desarrollo Social, que dirige el seremi Marcelo Telias,  y pasó a la evaluación social del proyecto, evaluado por profesionales y funcionarios de ese ministerio. Le otorga la rentabilidad social, porque se hace la evaluación social y le otorga lo que todos los que postulan proyectos esperan obtener, que es el famoso RS o Rentabilidad Social, con resultado satisfactorio. Por lo tanto, fue evaluado, fue analizado todo lo que iba y de allí pasa al Gobierno Regional a la oficina de DIPLAN que se lo envía a la intendenta, que a su vez es el Ejecutivo del Gobierno Regional, que lo envía al Consejo y éste aprueba la prioridad que envía la intendenta. Ese es el procedimiento. Esto sale de la municipalidad, que quede muy claro, el monto establecido es del municipio”.

-Ellos le pusieron el precio, pero lo aprobó el Consejo Regional.

“No, espérese, pasa por todas las  instancias técnicas. Por la evaluación de los profesionales a cargo. Como dije, fue enviado al Ministerio de Desarrollo Social, ellos hacen todo el estudio y el análisis y dijeron ‘está conforme con todo el procedimiento que requiere para la obtención de la Rentabilidad Social’  (RS), lo devuelven al Gobierno Regional y la intendenta dice está dentro de mis prioridades, junto con otras más y remite la información para que nosotros aprobemos los recursos, pero habiendo pasado por todas las instancias de evaluación, eso es muy importante dejarlo claro”.

-¿Cómo presidenta del CORE le complican estos hechos para dirigir el Consejo Regional

“Volviendo a lo que decía recién, aquí por supuesto que hay  planteamientos y posturas políticas y eso forma parte del ejercicio político en democracia. Aquí lo que importa es que se esclarezca lo que representó la Contraloría, que fue la omisión de un acto administrativo sin la toma de razón, habiendo intervención de recursos públicos, esos son los reparos que hace la Contraloría a la ejecutiva (intendenta) del Gobierno Regional”

-¿Cómo lo analiza usted, cree que fue un error que se cometió o fue un hecho calculado?

“Desde mi punto de vista, usted sabe que yo tengo experiencia en la administración pública, por lo tanto, me llama la atención que no se haya cumplido, y ahí tiene que haber un apoyo de la asesoría jurídica, que no haya advertido una situación de esta naturaleza, que haya un incumplimiento de una norma de la República, que no le haya dado cumplimiento y no haya advertido la situación”.

-¿No cree que es raro que profesionales de ese nivel no adviertan a la intendenta de que está dando un paso en falso?

“Por supuesto que sí, por algo hay una investigación en curso”.

-¿Este no es un hecho que sea solo de este consejo regional, en otras administraciones también había votaciones divididas, cree que acá este grupo de consejeros no quiere verse salpicado por una situación  que se podría decir es normal?

“No, no puede ser normal, porque prácticamente todas las votaciones se dan por unanimidad. Le digo lo siguiente, en la votación, que es pública, fue 9 para la aprobación, porque estaban todos los antecedentes técnicos y las declaraciones como he mencionado, y los otros 7 aprobaron que quedara en estudio en la comisión. Esa fue la votación y eso fue lo que pasó. A continuación viene todo el procedimiento administrativo, por algo se llama Ejecutivo. Como nosotros no somos funcionarios públicos, no tenemos injerencia en todo lo que es la administración, tanto en recursos humanos como financieros y todo lo que interviene a posterior”.

-¿Fue correcta la renuncia de la intendenta Lucía Pinto frente a lo ocurrido o cree usted que debió seguir a la cabeza del Gobierno Regional y enfrentar el problema?

“Esta es una decisión de carácter personal de la cual no puedo opinar, porque aquí interviene un acto de voluntad que no está dentro de mi análisis”

-¿Tras este bochornoso hecho debería ser intendente o intendenta un militante de RN para alternar el poder?

“En ese aspecto, por supuesto que los partidos quieren tener a alguien de su militancia en los distintos puestos, pero tratándose de un cargo que depende de la exclusividad y la confianza del Presidente  de la República, evidentemente que cualquier aspiración que pudiese haber escapa en este caso de mi plena voluntad. Por lo tanto, tenemos que atenernos a lo que sea la decisión de la primera magistratura del país”.