Profunda desconfianza institucional motivaría funas a políticos

Para muchos es una forma de hacer justicia, para otros una señal de la deslegitimación que viven las instituciones de un país que arrastra una las crisis más profundas desde el retorno a la democracia. Un escarmiento que ha dejado en evidencia una clase política cuestionada y criticada sin importar su color o ideología. 

La funa, como forma de escarmiento público, parece ser muy común y encontrarse sumamente arraigada como práctica en el país. Desde el 18 de octubre algunos de los personajes que han sufrido este tipo de ataque han sido la excandidata presidencial Beatriz Sánchez, los ministros Jaime Mañalich e Isabel Plá y el diputado frenteamplista Gabriel Boric. Pero antes también lo había vivido el senador Alejandro Guillier, la ministra Marcela Cubillos y José Antonio Kast, entre otros. 

En el plano local, los parlamentarios de la región no han estado exentos de ataques y duras críticas. El diputado Francisco Eguiguren (RN) presenció una situación poco grata en Las Compañías cuando un vecino comenzó a decir improperios a una asesora del diputado Pedro Velásquez (Ind), mientras que su par Daniel Núñez (PC), fue increpado por un grupo de manifestantes que intentó golpearlo mientras participaba en una marcha con el concejal de Coquimbo Fernando Viveros (PC) en la comuna puerto. 

Desde el equipo del congresista comunista indicaron que ni él ni Viveros resultaron heridos aquella vez y que no se trató de una funa sino un “cuestionamiento” de un grupo limitado, pese a esa situación, han seguido participando de las marchas, expresaron. 

Los anticuerpos que generan los políticos son evidentes y según el profesor y magister en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Marín Cabrera, estos responden a las relaciones de desconfianza presentes en el sistema las que deben ser consideradas como señales claras de la crisis de representación que se vive. 

“En el último tiempo se han establecido relaciones de desconfianza con un montón de instituciones políticas y sociales que han hecho crisis, como por ejemplo la crisis de representación. Que se den estos incidentes tiene una lógica perversa porque se establece un juego de ‘todo o nada’”, explicó. 

Peligroso juego

El último hecho involucró al parlamentario de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien fue increpado por un grupo de manifestantes mientras conversaba en el Parque Forestal. La funa fue ampliamente criticada en redes sociales, el diputado recibió hasta el apoyo de históricos adversarios políticos de derecha. 

El docente es claro al decir que más allá del enjuiciamiento moral o social que podría impulsar el hecho y lo jocoso que resultaría en redes sociales, las funas responden a una relación social que es “bastante peligrosa” y que tiene como objetivo “enrostrarle a las autoridades públicas una actuación”.

“Es peligrosa porque se genera por fuera de la institucionalidad que queremos reformar y es evidente que ha dado muestras claras de deslegitimación. Pero aquí esa deslegitimación de representatividad solo puede ser combatida con política y su capacidad de gestionar conflictos”, añadió. 

Las funas tienen un aliado perfecto y son las redes sociales. Así lo comentó el experto quien dijo además que los registros audiovisuales se amplían en plataformas como Twitter o Facebook. 

“Los algoritmos de las redes sociales nos ponen en contacto con personas que piensan  más o menos parecido a nosotros y ahí  se genera un fenómeno llamado el “espiral del silencio” donde una posición es legitimada por el resto, lo que conlleva a que se manifiesten opiniones bien polarizantes y extremas respecto a una u otra situación política”, agregó. 

Imponiendo posturas absolutas

Si bien hay parlamentarios de la región que no han sido blancos de funas presenciales, las críticas se gestan en redes sociales, basta revisar las publicaciones de artículos relacionados con autoridades para dimensionar el rechazo que despiertan en los cibernautas. 

En este punto se detiene el académico ya que las funas y cuestionamientos –y la validación de estos- generan conductas fascistas o autoritarias que dificultan el avance de resolución de conflicto y por lo tanto no contribuyen en un escenario como el que se vive en el país. 

“Esta lógica impera bajo la desconfianza, he visto que esto ha sido tachado también como el inicio de conductas fascistas, donde se generaliza una opinión polarizada de ‘todo o nada’”, comentó. 

Pero el escenario se vuelve aún más peligroso cuando estas conductas se dan en el ámbito de una crisis social, ya que pese a la gestión de conflictos y a la generación de negociaciones y acuerdos, estas imperan para mantener el proceso de avance “congelado”.

Sanción penal

El abogado y profesor de Derecho Político en la UCEN – UPV, Rodrigo Paredes, comentó que la excusa de la funas es la falta de legitimidad que existe en el ejercicio del poder político, o el descontento generalizado contra una clase política ineficiente y desconsiderada y que ya no representa al grupo social. Pero cualquiera sean los motivos –aclara- hay ocasiones de hechos que merecen sanción penal. 

“En muchas ocasiones estamos en casos de verdaderos hechos típicos que merecen sanción penal, pues no se ajustan al principio democrático que nos rige a todos como ciudadanos, así como son constitutivos de lesiones de diversos bienes jurídicos”, detalló. 

Por ejemplo, dice Paredes, la situación que vivió Boric podría constituir un delito-falta de coacción porque un grupo de individuos, sin estar legítimamente autorizados, le impidieron con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, esto es, estar lisa y llanamente sentado en una plaza.

“En aquel caso en que, como dio a conocer el mismo diputado Boric, existe una amenaza de muerte -y siempre que tenga el Ministerio Publico los antecedentes que permitan establecer que ese mal puede consumarse en los hechos- estaríamos en presencia del delito de amenazas del Articulo 296 del Código Penal”, puntualizó. 

El abogado precisó que cada caso debe ser analizado por separado y que aquello que dice relación con las amenazas estas deben ser serias, es decir, existir como tal y no ser una manifestación de broma o burla y,  verosímiles en tanto es indispensable que el mal que se pretende causar sea para la víctima creíble de producirse o causarse en el futuro considerando la situación concreta que lo afecta, aun cuando no sea posible realizarse.

El académico explicó que en el primer caso la sanción equivale a una multa de 1 a 4 UTM, y en lo relativo al delito de amenazas, por no haber una exigencia de conducta del diputado, es decir, la amenaza no es condicional (no pide que el sujeto realice un hecho u otro, más allá de condenarlo por su actuar a nivel político), la pena a ser aplicada eventualmente es de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días de privación de libertad).