Profesora despedida deberá ser reintegrada por resolución de la Contraloría

La docente Mical Piñones fue desafectada en el mes de febrero del colegio en donde prestaba sus funciones profesionales, establecimiento perteneciente a la administración de Puerto Cordillera. En la oportunidad, ella consideró que no había argumentos para su despido y recurrió a la Contraloría, donde el órgano contralor le dio la razón, indicando que debe ser reintegrada y que se le deben cancelar los sueldos de los meses que fue apartada de su trabajo.

La propia profesora, que trabaja con menores especiales, da cuenta de lo ocurrido, indicando que se le avisó de su desvinculación y “me dijeron que estaba afuera y que no me habían integrado para el plan 2020”.

Frente a una situación que consideró injusta, apoyada por el abogado del Colegio de Profesores, Abdón Julio,  recurrió a  la Contraloría, entidad que en el mes de junio se pronunció en su favor. “Esperaba regresar, pero desde el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera apelaron, pidiendo reconsideración del dictamen. Sin embargo, recientemente el ente contralor volvió a darle la razón a la docente, quien dice que se ha visto complicada todos estos meses sin trabajo y era muy difícil reintegrarse al mundo laboral con los colegios cerrados por la pandemia.

El presidente del Colegio de Profesores de Coquimbo, Tomás Alvarado, al referirse al caso de Mical Piñones, dijo que el dictamen del ente contralor era muy sólido, “porque desestima el recurso que hizo el Servicio Local de Educación. Estamos pidiendo que la medida de la Contraloría se cumpla, porque la profesora ha sido afectada desde hace siete meses”.

El dirigente sostiene que ha habido un daño moral y económico en contra de la docente.

Menciona que se reunieron con un representante de Puerto Cordillera, debido a que no fue posible hacerlo con la directora  y que este profesional  les había manifestado que acatarían el dictamen de la Contraloría y que por lo menos este fin de mes van a cancelarle un sueldo a la profesora y en noviembre pagarle todo lo adeudado con efecto retroactivo, aunque hasta el momento no han tomado contacto con la docente.

Pronunciamiento de la legalidad

Por otra parte, el abogado del Colegio de Profesores de Coquimbo, Abdón Julio, sostuvo que lo que se presentó ante la Contraloría fue una solicitud de pronunciamiento de legalidad, luego que la profesora llevaba trabajando dos años y 10 meses en un programa de integración escolar y contaba con legítima confianza, que es la expectativa segura que tiene un funcionario público tras haber sido renovado dos veces su contrata.

“El 23 de junio nosotros fuimos notificados que  el Servicio Local de Educación debía disponer la renovación del vínculo laboral de la profesora Mical Piñones, cancelándole las remuneraciones correspondientes al tiempo que permaneció alejada de sus funciones”.

El profesional precisa que todo no quedó ahí, ya que Puerto Cordillera hizo uso de su derecho con un recurso de reposición e interpusieron un recurso de revisión jerárquico, pero finalmente el ente contralor volvió a pronunciarse favorablemente a la profesora.

Finalmente, la docente dijo que esperaba que se cumpliera pronto con el mandato de la Contraloría, en tanto que desde Puerto Cordillera no se refirieron al caso.