Hace algunos días los asistentes de la educación del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera señalaron públicamente que el sostenedor para el cual prestan sus servicios les había comunicado por escrito y de manera personal que se iniciaría el descuento de recursos que les fueron pagados como parte de sus remuneraciones, esto luego que la municipalidad de Coquimbo el año 2018 les otorgó dicho aumento.
Efectivamente, el municipio, justo antes de que la educación municipal pasara a manos del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, les aumentó los honorarios.
Sin embargo, una vez que el nuevo sostenedor se hizo cargo de la educación municipal, recurrió a la Contraloría por este aumento en las remuneraciones, considerando que no correspondía.
Dos años después y ante un mandato de la Contraloría, que les dio la razón en su reclamo, han informado a quienes se vieron favorecidos con este aumento por parte del municipio, se les harán los descuentos pertinentes.
Mediante una declaración pública señalan lo siguiente: “El Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, informa que ha dado curso a las acciones para cumplir el dictamen N°30.959 de 2018 de la Contraloría General de la República, el que indica que nuestra institución debe adoptar medidas conducentes a restablecer la carga financiera de recursos - fuera de presupuesto- otorgados a los(as) asistentes de la educación por la municipalidad de Coquimbo, en el año 2018 y previo a la entrada en funcionamiento de este Servicio Local”.
Más adelante señalan que “nuestra institución pública fue informada por el órgano contralor general que los recursos entregados, en forma de aumento de remuneraciones, no se ajustaron a derecho, dado que su aprobación se realizó en base al factor de antigüedad, debiendo ser aprobado tomando en consideración el factor que dice relación con el desempeño del funcionario(a)”.
Indican que frente a esto, “hemos iniciado un diálogo directo con las asociaciones de los/as asistentes de la educación para transmitirles las medidas adoptadas por este Servicio Local, las que van en la dirección de subsanar lo acontecido, pero de manera gradual, atendiendo la situación de los funcionarios y funcionarias”.
Finalmente mencionan que quieren garantizar a los funcionarios(as) de la educación pública, “que toda acción tendiente a evaluar su desempeño se realizará bajo los protocolos existentes y la reglamentación vigente, y todo ello con información oportuna y la mayor transparencia que merecen”.