Diversas gestiones realiza la comunidad de regantes de la localidad de Pedregal en la comuna de Monte Patria en relación al Derecho de agua. La solicitud de una reunión con los organismos reguladores es la actividad que espera realizar la Junta de Vigilancia del Río Mostazal durante la quincena de octubre. Las razones se centran en recibir orientación respecto a cómo realizar denuncias ante la Dirección General de Aguas y Dirección de Obras Hidráulicas.
Alejandro Cortés, representante de los pequeños regantes del sector, además miembro de Junta de Vigilancia, señaló que esta reunión nació a raíz de “algunas denuncias que no han sido formalizadas respecto a las extracciones de aguas que no están ajustándose a derecho. Pero hay que hacer las denuncias a los organismos reguladores como la DGA”, manifestó.
Este martes el representante de la comunidad, coordinó una reunión junto al seremi de Obras Públicas Pablo Herman, con el fin de aclarar algunas dudas en los procesos burocráticos y así por realizar eventuales denuncias por extracción irregular de agua. “La reunión fue solicitada para el 15 de octubre aquí en Pedregal junto a la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Nos interesa tener esta instancia para tener a modo de orientación, cuáles son los procedimientos en caso de que haya que hacer un reclamo. La reunión ha sido consensuada con todos los directores de la junta”, sostiene Cortés.
La importancia de asesorarse frente a esta problemática que aqueja a muchos sectores de la región, es relevante para esta época en donde la zona se mantiene en una crisis hidráulica de hace más de 10 años.
Desde hace un tiempo que el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la Dirección General de Aguas, realizan un llamado a denunciar estas irregularidades tras no existir disponibilidad de aguas subterráneas en la provincia de Limarí, por lo que el sobreconsumo podría generar graves daños a los acuíferos”.
¿Cuáles son las repercusiones negativas de la extracción ilegal de agua?
Según la Secretaría Regional Ministerial de Obras públicas, “los estudios de la mayoría de las cuencas y acuíferos de la región, han permitido establecer que no existe disponibilidad de aguas superficiales y de aguas subterráneas, por lo que esta Dirección entiende que toda extracción no autorizada de aguas superficiales y/o subterráneas, perjudica la oferta de las aguas disponibles. Esto, en los acuíferos dificulta su recarga y en algunos sectores la calidad de las aguas subterráneas, debido a la disminución de los niveles freáticos”.
Extraer agua en la Provincia de Limarí a través de pozos está normado por la Dirección General de Aguas y si bien se pueden construir estas estructuras, para extraer el recurso hídrico es necesario contar con derechos de aprovechamiento, los cuales no se están otorgando debido al agotamiento de la cuenca.
No hay representatividad
Ante las problemáticas que mantienen los regantes no tan solo de la localidad de Pedregal, si no que de toda la provincia, Alejandro Cortés, dirigente de los Pequeños Agricultores -además de ser el miembro representativo en la Junta de Vigilancia del Río Mostazal-, declaró que con este tipo de organismo como la Junta de Vigilancia, “no nos sentimos representados. A pesar de que yo soy director de una de ella, la diferencia es que a mí me eligen los pequeños regantes para dar voz. La junta en sí no es representativa”, manifiesta.
La crítica generalizada de los pequeños regantes, agricultores y ganaderos de la provincia, se centra en la forma legal en la que son elegidos los miembro de la junta. Cortés señala que lamentablemente la ley es así. La respetamos, pero “la Junta de Vigilancia es elegida a través de acciones y sus directores siempre son accionistas grandes, entonces han utilizado a los pequeños agricultores para decir que están defendiendo a nosotros, pero no es así”, expresa Cortés.
A través de una declaración pública, diversos gremios de la región (Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Andacollo, Combarbalá y Canela) como APRs, comunidades de aguas, mesas campesinas, sindicatos, comunidades agrícolas, entre otros, expresaron sus molestias ante esta modalidad de elección en donde exigen que, “hay que cambiar ya la ley 18.450 que siembra la desertificación y la sequía”, sostiene parte del documento.
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