Las dificultades de los extranjeros para regularizar su situación migratoria

Yohan Mario de La Cruz tiene 30 años. Hace dos y medio salió de su natal República Dominicana con rumbo a Ecuador para trabajar y enviar dinero a su familia. Después de pasar cerca de siete meses en ese país, algunas personas comenzaron a contarle de Chile, de su buena economía y de la calidad de vida que aquí se podía lograr. 

Tomó la decisión de viajar por tierra hasta Chile luego de generar contactos con personas que le aseguraron un paso sin problemas. Por esa gestión le cobraron un promedio de 700 a 1.000 dólares (entre 440.000 y 600.000 pesos). Él en todo momento pensó que el proceso era legal y que no tendría dificultades para obtener la visa.  

Yohan comenta que durante el trayecto nunca pasó por un puesto policial, se quedó en varios hoteles, le dieron las comidas y lo trasladaron en vehículos con vidrios polarizados. Todo se hacía como “a escondidas”. Cuando él preguntó la razón, le dijeron que era para evitar que la policía le pidiera papeles.

“Yo ignorantemente les dije que iba a confiar, porque si las personas que llegaron a Chile por ellos no tuvieron ningún problema, entonces no había motivos para dudar”, recuerda. 

Para cuando llegó a Tacna (Perú), se quedó por una semana en esa localidad. Durante ese lapso comenzaron a llegar más dominicanos hasta que se armó un grupo de ocho a diez personas. 

Fue entonces que los sacaron en dos taxis para pasar la frontera, pero en vez de utilizar la vía tradicional, lo hicieron por el desierto. El dominicano rememora que en ese momento los sujetos les dijeron que no se asustaran, al tiempo de asegurarles que al llegar a Arica la PDI los iba a legalizar.

Cuando llegaron a esa ciudad muchas personas le manifestaron que no lo podían ayudar porque era indocumentado. “Yo les decía que había entrado normal, que le había pagado a una persona para que me entrara al país”, recuerda Yohan.

Tras asistir voluntariamente a la PDI, los funcionarios le hicieron un expediente y le explicaron al joven que había entrado por un paso ilegal. 

“Me sentí bastante mal, porque gasté como un promedio de mil dólares que en mi país viene siendo mucho dinero y aquí también lo es. Pensé que me iban a montar en un avión, a expulsar y regresaría a mi país con las manos vacías. La verdad es que me sentí engañado”, expresa frente a su experiencia. 

Yohan se vio obligado a firmar semanalmente por dos meses en la sede de la PDI en Arica hasta que le salió la primera expulsión. Aun así, estuvo trabajando cerca de siete meses en esa ciudad.

Luego de un tiempo, un amigo le consiguió una oferta laboral en la Región de Coquimbo, específicamente en Vicuña para ejercer su oficio: el de barbero. 

“Actualmente ya me perdonaron la expulsión. Mi pareja, que es de nacionalidad colombiana y a la que conocí en Arica, quedó embarazada y dio a luz. Mi hijo nació acá en la Región de Coquimbo. Con el certificado de nacimiento de mi hijo, más una carta escrita por mí, y el certificado de no antecedentes penales yo hice una apelación y me la perdonaron”, contó. 

Después de dos años en el país, Yohan pudo enviar su solicitud para la visa y está esperando la respuesta para en definitiva regularizar su situación. 

“La verdad, si Dios me lo permite, lo que quiero es poner mi propio negocio, durar un tiempo acá y luego regresar a mi país. Yo salí en busca de mejoría, pero fui ignorante en muchas cosas. Mi sugerencia es hacer todo por lo legal, porque si no te enfrentas a muchos problemas”, afirma. 

Yohan trabaja como barbero en una peluquería de la comuna de Vicuña.

Tiene un hijo que nació en Chile y dejó una hija en República Dominicana,

a la que hace más de dos años no ve personalmente. CEDIDA

EL ESCENARIO DE LA INMIGRACIÓN 

En los últimos diez años el país ha experimentado un fenómeno migratorio creciente que superó todas las expectativas, sometido además a un antiguo Decreto Ley del año 1975 que reglamenta el proceso de visado, y que lamentablemente no se adapta al contexto actual de la movilidad de personas. 

Esta realidad es respaldada por las cifras del último Reporte Migratorio elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), el cual precisa que para el año 2005 la permanencia definitiva les fue otorgada a 11.907 personas, mientras que para el 2016, el número aumentó a 53.188 personas a nivel nacional.

En cuanto a visas temporarias, en el año 2010 les fueron otorgadas a 67.694 personas, mientras que en 2016 alcanzó las 136.840 personas. Según las más recientes proyecciones, en el país hay alrededor de 500.000 inmigrantes. 

La región de Coquimbo tampoco escapa a este fenómeno. En declaraciones ofrecidas a Radio Mistral en septiembre pasado, el gobernador provincial de Elqui, Américo Giovine, detalló que según las estimaciones realizadas por el Departamento de Extranjería regional, en la zona viven aproximadamente unos 18.000 extranjeros.  

Personas provenientes de distintas partes del mundo buscan establecerse en la Región de Coquimbo, trabajar y hacer vida en la región. En su mayoría son de Perú, Colombia y Bolivia. También hay una creciente población de venezolanos y haitianos.

Para ese mes, ya se contabilizaban cerca de 5.000 solicitudes de visa de carácter laboral y aproximadamente 900 de permanencia definitiva, lo que equivale a un 10% o 15% más solicitudes que en 2016. 

La lista de inmigración viene liderada por colombianos, seguida de peruanos y bolivianos. Luego vienen otros países como Venezuela, Ecuador, República Dominicana y un número creciente de haitianos, según Giovine. 

“También hay de otras nacionalidades como son los españoles e italianos que normalmente vienen por proyectos laborales que tienen que ver con carreteras, rutas y energía renovable”, explicó el gobernador en dicha entrevista. 

De acuerdo al Reporte Migratorio de la DEM, Coquimbo ocupa el sexto lugar a nivel nacional en cuanto al porcentaje de personas a las que se les ha otorgado permanencia definitiva por región (1,7%), y también el sexto lugar por personas que recibieron su visa temporaria (2,1%). 

Consultado ahora por las cifras de migración irregular en la región, Giovine indica que no existen cifras certeras sobre este fenómeno. Sin embargo, “se trabaja para implementar nuevas fiscalizaciones en materia migratoria por parte de las entidades relacionadas”.

Además, el gobernador detalla que una persona puede estar irregular por varios factores, entre ellos el ingreso por pasos no autorizados desde los límites fronterizos; por el vencimiento de la visa de turista; por no lograr un contrato estable con un empleador, o por desconocimiento de los plazos y trámites que se deben efectuar para obtener la residencia. 

LAS COMPLICACIONES 

Luis Rivera, secretario de la Fundación Emigrantes Latinos y Universales, una organización privada y sin fines de lucro que tiene presencia regional, señala que hay muchos inmigrantes en la región que piden orientación sobre el tema del visado y uno de las principales riesgos que los lleva a caer en una situación irregular es que la mayoría de los que ingresan al país lo hacen con visa de turista, la cual tiene una duración de 90 días. 

“Si antes de los tres meses no encuentran trabajo, entonces no pueden solicitar un permiso de residencia y el asunto es que para quedarse en el país tienen que tener un contrato”, sostiene.  

Rivera asevera que el problema radica en que Chile tiene la ley migratoria más antigua del continente, lo que en términos legislativos significa que los inmigrantes en el país “están vulnerados, especialmente en el tema laboral”.

“Para tener todos los beneficios en el país tienen que estar sujetos a un contrato de trabajo y ¿qué pasa si no tienen uno?, ¿Qué empleador va a querer hacer un contrato indefinido a un inmigrante que no conoce, o que en algunos casos tiene un barrera idiomática? Es muy difícil”, argumenta. 

Asimismo, Rivera agrega que el país se ha presentado al mundo de una forma tan sólida, que los inmigrantes ven a Chile como un lugar que “efectivamente le va a cubrir las expectativas con las que ellos vienen para poder trabajar, formar familia o enamorarse, pero muchas veces esto no es así”, apunta Rivera. 

La Fundación de Emigrantes Latinos y Universales ofrece asesoría en cuanto a visados para extranjeros y en casos puntuales también busca a futuros empleadores. CEDIDA

LA ANGUSTIA DE UN FUTURO INCIERTO

Ruth Araujo es una abogada venezolana que acaba de cumplir un año viviendo en la región. Proviene de la Isla de Margarita, un lugar paradisíaco también conocido como “La Perla del Caribe”. Con 400 dólares en el bolsillo y después de planificar por más de un año, viajó por tierra hasta Chile y dejó a sus dos hijas de 20 y 6 años de edad en Venezuela. 

Cuenta que eligió Chile porque “dentro de su deficiencia migratoria, es uno de los países que menos exigencias tiene en esa área comparado con otras naciones vecinas como Ecuador o Colombia”. 

“Un conocido nos recomendaba Chile, nos decía que aquí era estable económicamente y no estaba mal”, manifiesta.  

Ruth, sin embargo, confiesa que “una cosa es leer y documentarse y otra cosa muy diferente es vivirlo”, pues no consiguió trabajo tan rápido como ella creía que iba a ser, y los primeros meses tuvo que limpiar casas, trabajar en pastelería y realizar labores esporádicas.  

“Cuando ya se me estaba pasando el lapso de los 90 días conseguí una familia que me dio un contrato y yo era la nana, trabajé con ellos cuatro meses”, recuerda. 

Pese a que en el contrato quedó el compromiso de pagar las imposiciones legales, eso no se cumplió en el caso de Ruth, lo que le trajo problemas cuando se enfermó de las vías respiratorias por el cambio de estación y acudió a un médico para tratarse. 

“Cuando no tienes Fonasa y no conoces el sistema, la asistencia es prácticamente nula. Afortunadamente, yo conocí al que actualmente es mi pareja y él me pagó la consulta privada más el tratamiento (…) pero luego de eso la señora me despidió y me prohibió el paso al condominio sin ninguna explicación. Me dejó de la noche a la mañana enferma, sin trabajo y sin previsiones”, añade. 

Ante la complicada situación, Ruth citó a la señora a la Inspección del Trabajo, lugar donde, según cuenta, la mujer la amenazó con golpearla si la veía en la calle. Por esta razón, decidió ir a Fiscalía e introducir un recurso de protección.  

“Luego volvieron a citar a la señora a la Inspección del Trabajo, pero como ella no estuvo de acuerdo en saldar cuentas, se  declaró en quiebra. Ahora estamos en un proceso judicial por incumplimiento de pagos”, resume. 

Este episodio también afectó el trámite de la entrega de visa temporaria por motivos laborales a Ruth, quien acudió por unos 10 meses a la Oficina de Extranjería para que le sellaran su permiso de trabajo. Pero un día le dijeron que su visa había sido otorgada. 

Cuando entregó sus documentos, adjuntando el contrato de su nuevo trabajo más los papeles de la sentencia y trámites en tribunales, también le solicitaron el finiquito de su contrato anterior, pero al no presentarlo por estar en un proceso judicial, la funcionaria le informó que la iban a deportar porque no cumplía con los requisitos.  

Con esta posibilidad sobre la mesa, Ruth se alarmó y le dijo que ella no podía volver a Venezuela porque fue abogada del Foro Penal Venezolano, una institución contra el Gobierno de ese país.

“Le comenté que mis intenciones eran lograr una visa de trabajo, pero que si ahí no me iban a  ayudar lo que me quedaba era pedir asilo humanitario”. 

Sin embargo, bajo esa figura no podría volver a su país hasta que las condiciones políticas cambiaran, lo que no era una opción para ella por sus hijas.

Después de recibir orientación en el caso, Ruth pudo encauzar su situación migratoria. 

"Afortunadamente, la cosa fluyó y ya estoy en trámites para que me entreguen mi primera cédula, pero,por ejemplo, mi pareja, que es colombiano, lleva un año y medio esperando y no le ha llegado su visa”, expone. 

También expresa que en Chile hacen falta muchas cosas para poder manejar la inmigración, pues el Decreto de Ley “está muy obsoleto para el panorama actual, porque funcionó en un momento en que los chilenos eran los que más bien emigraban y nadie venía para Chile”.

Por último, Ruth considera que mientras no se tenga cédula, así un inmigrante esté trabajando y pagando sus imposiciones tiene muchas limitaciones. 

“No puedes abrir una cuenta, por ejemplo. Eso se vuelve incómodo para los extranjeros, porque tampoco puedes contratar una telefonía o un cable, o sea, tú no existes para la sociedad”, concluye.

Después de un año,  Ruth pudo reunirse nuevamente con

sus hijas quienes viajaron desde Venezuela. La abogada

dice que está determinada a apoyar a la comunidad migrante

de la región. CEDIDA.