Exhumación de ejecutados del 73: De la expectativa a la frustración

“Fue muy fuerte por lo menos para mí. Primero porque nos fuimos con la imagen de nuestro padre vivo y nos encontramos con unos huesitos. Nos dijeron que le habían disparado por la nuca, tenía destrozada la mandíbula y que había recibido muchos golpes en las costillas. Cuando empiezas a escuchar eso, viene un momento de quiebre y son muchas emociones, sin embargo, con más fuerza comenzamos a buscar justicia”.

Así evoca Marlinda Alcayaga el momento de la exhumación de los restos de los 15 presos políticos que el 16 de octubre de 1973 fueron fusilados en las dependencias del Regimiento de Artillería Motorizada N° 2 “Arica”, -hoy Regimiento de Infantería N° 21 “Coquimbo”-, al mando del Teniente Coronel Ariosto Laposto Orrego, y donde también ejercía funciones el excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, que para ese entonces era teniente.

En dicha unidad se encontraba su padre, Carlos Alcayaga, cuando el recinto fue visitado por la denominada Caravana de la Muerte liderada por Sergio Arellano Stark, que por orden de Augusto Pinochet recorrió varias ciudades de Chile. Solo en el norte del país se contabilizaron 71 muertos y en el sur 26, para un total de 97 personas, que en su mayoría eran simpatizantes de la Unidad Popular.

Pasaron 25 años de incertidumbre. Después de un doloroso y largo proceso, los familiares confirmaron el paradero de los restos y la mañana del 09 de noviembre de 1998 comenzó la exhumación desde una fosa común del Cementerio Municipal de La Serena, que para la época en la que se llevó a cabo la ejecución de los hombres era utilizada por el Servicio Nacional de Salud para el depósito de restos biológicos del Hospital de la ciudad.

Aunque cada uno lo vivió de manera diferente, los cercanos de las víctimas reconocen que sintieron tranquilidad al reencontrarse de alguna manera con sus seres queridos y por fin tener un lugar en donde dejarles flores.

“En realidad ese día más que paz nos trajo esperanza. Ya teníamos los cuerpos y de ahí comenzaría la búsqueda de lo que habíamos querido siempre: justicia. A partir de la exhumación empezamos a luchar, pero ya van 20 años y la justicia aún no llega. Hemos derribado todas las paredes, golpeado puertas y trabajado mucho por ello”, agrega Marlinda.

Pero en medio de esa batalla por reivindicar el legado de los prisioneros a 45 años de su muerte, algunos familiares directos, entre ellos esposas, madres, hijos y hermanos fallecieron, y se fueron con la pena de no ver en la cárcel a los que han sido señalados como autores y cómplices de un hecho que dejó profundas heridas en los serenenses.

DOBLE DOLOR

Irlanda Guillermina Zepeda, madre de Marlinda y Flor Alcayaga, murió en diciembre de 2016. Sus hijas la recuerdan con gran admiración y comentaron que fue reconfortante recibir los restos de su esposo, Carlos. Sienten tristeza también, porque ella no pudo ver a los responsables del fusilamiento cumpliendo las condenas en la cárcel por sus delitos, y la espera sigue. 

“En ese momento lo que esperábamos era darle una sepultura como correspondía a mi padre. Él se la merecía como cualquier persona y ser humano, una despedida era importante (…) Por 20 años hicimos romerías, llegando a esos espacios (del cementerio) sin saber que allí estaban”, apunta Flor.

Es por ello que el dolor de estas hermanas es doble, ahora que su madre ya no está.

“Van 45 años en los que venimos luchando. Se han muerto las esposas, entre ellas mi mamá, y  también hermanos de los 15 que están en el cementerio (…)  No solamente masacraron a nuestras familias, agredieron nuestra niñez, infancia y juventud. Incluso hoy las injusticias no paran. Imagínate ver al asesino de tu padre dando cátedra en la Universidad de Chile. Crecimos sabiendo quiénes eran, pero a ellos les hacen homenajes”, dice Flor.

Dora Cortés, hija de Óscar Cortés, destaca que la exhumación les dio cierta paz, especialmente a su madre, Alejandrina Segovia, quien también falleció en diciembre de 2016. Rememoran que cuando se efectuó la entrega de los restos de su padre, surgieron dudas sobre si efectivamente se trataba de su papá.

“Queríamos hacer otra prueba de ADN para constatar que la persona que enterramos era nuestro familiar, pero debe haber una orden de tribunales y no la hemos conseguido. Mi madre murió hace dos años esperando a que se hiciera justicia. A ella, el hecho de recuperar el cuerpo (de su esposo) le dio tranquilidad espiritual, ahora somos los hijos los que seguimos en esta lucha”, acota.

Dora precisa que, aparte de las viudas, han fallecido otros familiares de los prisioneros, como Julio Vergara, padre de Gabriel Vergara, Josefina Santa Cruz, madre de Roberto Guzmán y Maya Domic, madre del médico Jorge Jordán, solo por nombrar algunos.

La hermana de este último, Maya Jordán Domic, estuvo el viernes 19 de octubre en La Serena como invitada al acto de inauguración de una placa conmemorativa en el Colegio Médico que recuerda a los profesionales asesinados o desaparecidos por la dictadura cívico-militar.

Dijo estar muy agradecido por el gran cariño que le guardan a su familiar.

“Da una rabia enorme el que le haya pasado esto porque era una persona tan íntegra y entregada. Una vida que terminó por sus ideales, pero él pudo haber hecho mucho más por su país. Con estos actos se da espacio a la memoria y de paso, se le da un ejemplo de vida a los médicos jóvenes”, manifestó.

PENOSA TAREA

El retorno de la democracia en 1990 supuso una oportunidad de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos que por tanto tiempo los familiares habían buscado. Aunque ya sabían por comentarios de los propios trabajadores que los restos se encontraban en una fosa común del cementerio de La Serena, -lo que se constató en el informe Rettig-, los tribunales negaron en reiteradas ocasiones las solicitudes de abrir el espacio y practicar una exhumación.

Pero en 1998 esto cambió y a mediados de año la Corte de Apelaciones aprobó el procedimiento, que inició el 09 de noviembre de ese mismo año y se extendió por una semana bajo un amplio despliegue de seguridad por parte de Carabineros.

Esta labor, autorizada por el juez Nicanor Salas, magistrado titular del Segundo Juzgado del Crimen de La Serena, fue realizada por expertos del Instituto Médico Legal de Santiago junto con personal del Servicio Médico Legal local. Las doctoras Patricia Hernández y Katia Cabrera estuvieron al frente del equipo.

Ellas, que habían trabajado anteriormente en casos similares como el del Patio 29 y la fosa común de Peldehue, ofrecieron detalles a la prensa sobre la exhumación y explicaron que el proceso de identificación se completaría en Santiago para hacer la comprobación odontológica, médica, antropológica y superposición cráneo facial.

En ese encuentro evitaron dar detalles del estado en que se encontraron los esqueletos, si tenían heridas de bala por ejemplo, pero aseguraron que tenían los antecedentes necesarios para lograr la identificación plena.

Luego se confirmó que en ese lugar estaban los restos de Óscar Gastón Aedo Herrera, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Eduardo Araya González, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Jorge Abel Contreras Godoy, Hipólito Pedro Cortés Álvarez,  Óscar Armando Cortés Cortés, Roberto, , Víctor Fernando Escobar Astudillo, Guzmán Santa Cruz, Manuel Jachadur Marcarián Jamett, Jorge Mario Jordán Domic, Jorge Ovidio Osorio Zamora, Jorge Washington Peña Hen, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz.

A 20 AÑOS DE LA EXHUMACIÓN

Aunque las familias creen que con la exhumación de los restos encontraron “un mínimo de dignidad y consuelo”, después de tanto tiempo, sienten que en términos de verdad o de justicia el avance es lento y las jugadas a favor de la impunidad aparecen en todas partes.

Si bien algunos de los militares involucrados fueron procesados por violación a los derechos humanos, como fue el caso de Sergio Arellano Stark, quien en el año 2000 fue condenado a seis años de prisión, en el 2015 su causa fue sobreseída por la Corte Suprema, luego que el Servicio Médico Legal le diagnosticara demencia senil irreversible y el 09 de marzo de 2016 murió fuera de la cárcel.

Para los miembros de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, fue “una lástima que haya muerto con una impunidad absoluta”.

“Junto a muchos otros gozó con su crueldad. Fue horroroso y terrible lo que hicieron”, dijo Ana Merino, presidenta de la agrupación, en declaraciones concedidas a El Día el mismo día de la muerte del general.

Por otra parte, el 07 de julio de 2016, el ex comandante en jefe del Ejército (2002-2006) Juan Emilio Cheyre y otros exmilitares más fueron procesados por su presunta complicidad en el fusilamiento de las 15 personas en La Serena.

La resolución firmada por el juez Mario Carroza, encargado de la investigación, indicaba que en calidad de autor de los homicidios calificados fueron procesados Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez Armando Fernández Larios (actualmente en Estados Unidos).

Mientras que en calidad de cómplices de los delitos fueron señalados Cheyre, Jaime Ojeda Torrent, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Miguieles, según consigna La Tercera. 

Tras ser procesado, Cheyre estuvo detenido, pero fue liberado tras el pago de una fianza de 1 millón de pesos. En octubre de ese año volvió a declarar ante la justicia y presentó su renuncia al Servicio Electoral, en donde se desempeñaba como consejero.

En abril de 2017, Carroza dictó acusación en contra de Cheyre y de los demás procesados con anterioridad por el caso y descartó el sobreseimiento del militar retirado. Cabe recordar que el caso se rige por el sistema judicial antiguo.

“NO HE COMETIDO NINGUN DELITO”

Aun así, el general, quien a sus 25 años entregó en la sede de El Día el comunicado de las 15 ejecuciones ocurridas la tarde del 16 de octubre de 1973, ha insistido en que no cometió ningún delito.

En una entrevista exclusiva realizada en junio de 2017, Cheyre aseguró que su hoja de vida es intachable y “de haber estado comprometido directa o indirectamente en un hecho de Derechos Humanos, no habría aceptado ser comandante en Jefe del Ejército”.

“Me han investigado por 40 y tantos años y en profundidad, más de 25 años. Lo mismo que publican algunos periodistas hoy de mi participación en la Caravana (de la Muerte), donde no tuve ninguna participación, se decía cuando yo era comandante en jefe o antes (…) Nunca han encontrado nada y yo no encuentro nada en mi vida que me vincule a la violación de los Derechos Humanos (…) Se ha caricaturizado con respecto a mi vida y eso es un hecho que es muy doloroso”, expresó en aquella oportunidad.

Esta semana en tanto, Cheyre enfrentó una etapa de careos que se desarrolló en La Serena luego de la querella presentada por Nicolás Barrantes, quien denunció ser sometido a interrogatorios y  torturas al interior del regimiento de la ciudad por parte del general en retiro, con el fin de sacarle información del paradero de su hermano, Marco Barrantes, asesinado durante el paso de la Caravana de la Muerte.

LOS OBSTÁCULOS PARA LOGRAR JUSTICIA

El abogado querellante Carlos Cruz, explica a El Día que la causa Caravana de la Muerte en estos instantes está en la etapa previa a la administración de primera instancia, lo que quiere decir que se cerró el sumario luego de procesar y acusar a los agentes represores y pasar la etapa de plenario en la que se agregaron testimonios e información documental sobre el hecho.

“Ese periodo ya se acabó y el tribunal por lo tanto lo que hace es estudiar el expediente y revisar algunos aspectos que pueden no estar claros. Se pueden pedir oficios a algunas instituciones y tras ello lo que resta es esperar el fallo de primera instancia”, reitera.

Aclaró que algunos de los oficiales y suboficiales acusados ya se encuentran en Punta Peuco, “pero cumpliendo sentencia por otras causas, no por la de la Caravana de La Serena que aún no tiene sentencia en primera instancia”.

Cruz sostiene que el avance del caso ha sido complicado, y no por responsabilidad del ministro o del juez que lleva la investigación, sino por la imposibilidad de investigar tanto en la dictadura como luego en democracia.

“Basta con decir que han transcurrido 45 años y todavía no hay sentencias de primera instancia. (…) Por demasiados años hubo protección desde el mundo castrense y desde el poder político a no pocos violadores de los Derechos Humanos. Siempre hemos estado con la presión de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército y entre otros poderes que favorecen la impunidad”, reflexiona.

El abogado además se refiere a que en este proceso hay puntos muy sensibles, como la muerte de algunos familiares de las víctimas, así como la “impunidad biológica” que lograron algunos de los culpables.

“Lo primero que trato de hacer es empatizar y ponerme en los zapatos de las personas que represento. Aunque las condenas sean de penas elevadas, por un lado está el tiempo transcurrido, por otro el que varios familiares han fallecido, y por último la muerte de algunos agentes represores. Ellos, al dilatar, demorar y entrabar el procedimiento judicial, nunca pisaron la cárcel”, acota.

Consultado sobre su expectativa en el fallo de primera instancia, Cruz aclara que confía en el mérito del proceso.

“Estamos absolutamente claros y bajo la convicción de que los agentes que han sido procesados y acusados van a ser condenados y lo decimos porque los medios de pruebas son tan numerosos y contundentes que no vemos otra alternativa. Ahora si uno coloca una mirada política, que a mí no me corresponde, obviamente que puede pasar cualquier cosa, pero nosotros confiamos en que sí van a ser condenados y que van a cumplir penas efectivas de cárcel”, concluye. 6101IR