Frente a la denuncia presentada por una familia de La Serena que solicita la devolución de su mascota, una tortura de tierra de 20 años, al Servicio Agrícola y Ganadero, el director regional de esta entidad, Jorge Fernández, explicó que ésta es un espécimen protegido por la Ley de Caza que por mandato legal el SAG debe fiscalizar. “Además, estos animales están incluidos dentro del convenio de Comercio Internacional de Especies Exóticas”, agregó.
Consultado por la situación de la familia de Susy Ordoñez y sus hijos dijo que “nosotros entendemos su postura, pero el SAG debe hacer cumplir la ley”.
Fernández recordó que la tortuga fue entregada por un particular y que en la actualidad ésta está al cuidado de médicos veterinarios del servicio.
Indicó que se dictó una resolución regional que estipula el decomiso de la tortuga y que posteriormente se verá dónde el espécimen será derivado, como puede ser un Centro de Rehabilitación de Reptiles.
“Si el denunciado no está conforme con la resolución regional tiene un plazo de 10 días hábiles para apelar al director nacional del SAG. Si todavía no está conforme, puede recurrir a los Tribunales Ordinarios para revertir el caso”, especificó.
Consultado acerca del requisito de acreditar con una boleta la propiedad de la mascota, Fernández precisó que “no es que se le exija una boleta, lo que sucede es que se debe acreditar el origen del ejemplar, por ejemplo decir que el ejemplar viene de un centro autorizado (...) si no se acredita el origen, nosotros por ley tenemos que decomisar el ejemplar y destinarlo a un centro de rehabilitación”
Por último, contó que en la región el espécimen más comercializado en forma ilegal es el loro tricahue, que habita en la comuna de Monte Patria.
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