La semana pasada, diversas reacciones causó la noticia de la renuncia de Chile al crédito BID para la construcción del Túnel de Agua Negra.
Luego de que el embajador de Argentina en el país, Rafael Bielsa, manifestara que Chile había desistido del préstamo otorgado para la concreción de la megaobra, varios actores regionales catalogaron la decisión como un gran retroceso, no sólo para la materialización de la construcción, sino que además porque dañaría las relaciones de amistad y confianza con el país vecino.
Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, aseguró al diario El Día que lo dicho por el embajador Rafael Bielsa, “siempre ha sido de conocimiento público y que la renuncia al crédito, no es relevante del proyecto en sí”.
Este escenario preocupa enormemente en el ámbito de inversión y desarrollo para la región, ya que con un 15,8% de desocupación y una economía estancada por los graves efectos de la pandemia, las posibilidades de reactivación económica se estrechan.
En este sentido, uno de los proyectos, que si bien aún está a la espera de la respuesta de resolución del Tribunal Ambiental, que se alza como una oportunidad, es Dominga.
Y es que esta inversión sería una salida importante para el crecimiento económico de la zona, y a la vez, se posicionaría como una de las opciones de recuperación económica post-pandemia con más proyección en la región de Coquimbo.
Y así lo indica una encuesta realizada a grandes empresarios por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde el proyecto, con una inversión estimada en más de 2.500 millones de dólares, fue reconocido en el mes de julio como una de las inversiones “más apreciadas” en términos de impacto positivo en áreas como empleo, impacto social y recaudación fiscal.
Empleo
En materia de empleo, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica del Norte (UCN), durante la construcción del proyecto impulsado por Andes Iron, la inversión en Dominga representaría del orden de un tercio del PIB regional, destacando el profundo impacto que se plasma en materia de empleo y encadenamientos productivos, beneficiando a todos los rubros.
Se estima que la construcción de este proyecto permitiría “absorber por completo la contracción económica producto del coronavirus prevista por el Banco Central en el último Informe de Política Monetaria (IPOM)”. En estos términos, además, aportaría más de 27.000 empleos directos e indirectos (estos últimos en el sector manufacturero y la construcción).
12 Millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre produciría anualmente Dominga.
En concreto, Dominga sería capaz de atraer el 78% de los desempleados de la región, considerando las más de 40 mil personas que caben en esta realidad, según el reporte de empleo del INE de septiembre a octubre del 2020.
Por otro lado, la megaobra proyecta una fuente de ingresos para el Estado inyectando recursos por el pago de impuestos y royalty demás de US$140 millones anuales.
En definitiva, Dominga sería el único proyecto que puede dinamizar la economía de la región en el corto plazo. Esto, debido a que al generarse un nuevo proyecto, debe someterse al Sistema de Evaluación Ambiental, la obtención de permisos y eventuales judicializaciones, lo que podría tardar por lo menos otros cinco años.
Plazos para Dominga
Si el proceso judicial que hoy se encuentra Dominga resultara favorable, las obras de construcción podrían iniciarse a finales del 2021.
Recordar que en el mes de julio de este año, el Primer Tribunal Ambiental conformado por Fabrizio Quirolo, Jasna Pavlich y Juan Opazo habrían determinado la resolución de la causa, esperando la redacción de esta con un plazo de 30 días.
Hasta la fecha, han pasado cuatro meses y aún no hay novedades respecto del resultado que contempla la Evaluación Ambiental de todo el proyecto (planta, rajos, concentraductos, puerto, planta desalinizadora).