El diputado por la Región de Coquimbo, Sergio Gahona, valoró el avance del proyecto de ley que establece una serie de sanciones a quienes no cumplan con el pago de las pensiones de alimentos decretadas por un tribunal de familia, además de crear un Registro Nacional de todos los deudores, considerando que alrededor de un 84% de los padres se encuentran atrasados en la actualidad.
Al respecto, el parlamentario señaló que “uno podría llegar a entender cuando un padre se demora algunos días en pagar la pensión alimenticia, pero la realidad es que tenemos miles y miles de adultos que llevan meses y hasta años sin cumplir con su responsabilidad, afectando directamente el derecho de sus hijos a una alimentación, educación y vestimenta digna”.
Por lo mismo, Gahona también valoró que el proyecto tipifique el incumplimiento del pago de las pensiones como un acto de violencia intrafamiliar, asegurando que “lo que están haciendo muchos adultos es ejercer un tipo de violencia contra las mujeres y sus hijos, quienes todos los días tienen que sobrevivir con el apoyo de familiares o dependen de la caridad para llegar a final de mes”.
“Estamos frente a un grave problema en nuestro país que afecta a un número indeterminado de niños y adolescentes, quienes están viendo en peligro su normal crecimiento por la irresponsabilidad de algunos”, Sergio Gahona, diputado
En esa línea, y si bien el diputado por el Distrito 5 sostuvo que las modificaciones legales son un avance en la materia, adelantó que en los próximos días presentarán un proyecto de ley para que el Gobierno cree un Fondo Nacional de Pensiones -con aportes fiscales- que asegure la entrega de recursos a las familias más vulnerables en caso de que algunos de los padres no pague a tiempo la pensión.
“Estamos frente a un grave problema en nuestro país que afecta a un número indeterminado de niños y adolescentes, quienes están viendo en peligro su normal crecimiento por la irresponsabilidad de algunos. Por eso es que estamos proponiendo la creación de este Fondo Nacional, que nos permita entregar de forma oportuna una cantidad importante de recursos, en especial para las familias de sectores más vulnerables”, aseguró Gahona, agregando que la finalidad es que sea el Estado el que luego persiga con todos los medios a los deudores para recuperar dichos recursos.