La incansable lucha de una madre coquimbana por la pensión de alimentos

Debido a los miles de casos de padres que optaron por no acceder al retiro del 10% de las AFP para que no les descontaran deudas por pensión alimenticia, para el segundo retiro se agregó la obligación del descuento, con el fin de hacer algo de justicia para aquellas madres que han tenido que asumir toda la responsabilidad por el cuidado de sus hijos.

Ese es el caso de Lily Aránguiz, a quien el padre de sus dos hijos nunca ha pagado un mes de pensión alimenticia, manteniendo a la fecha una deuda de más de 64 millones de pesos.

La historia de Lily tiene detrás una larga lucha en los tribunales de familia, pero su contraparte se las ha arreglado para evadir el mandato legal, a pesar de que ella argumenta que no se trata de una persona que tenga problemas económicos, por el contrario, tendría una holgada situación.

Cuenta que la demanda la interpuso en los tribunales de la Familia en Santiago, una vez que se separó de Claudio Bascur Alcayaga el 2001, pero le fue imposible conseguir que este respondiera y la causa quedó en letra muerta.

Posteriormente ella y sus dos pequeños emigraron a la Región de Coquimbo y el 2007 reactivó la causa, ya que tenía dificultad para sacar a delante a su pequeño grupo familiar una vez que quedó sin empleo. Sin embargo, todo ha sido una lucha inútil, porque el demandado se habría escabullido sistemáticamente.

“Me ví muchas veces absolutamente sola y hasta sin trabajo, sin tener donde vivir. Mis dos niños fueron saliendo adelante en sus estudios gracias a su esfuerzo y excelencia académica”, explica.

Critica a tribunales

Por eso se muestra crítica con el trabajo de los tribunales y señala que  “llevo más de 10 años actuando a través del Juzgado de Familia de Coquimbo y anteriormente en los tribunales de  Santiago, en donde vive el padre de mis hijos. No han hecho más que darse lentas vueltas en la legislación, sin dar curso a ninguna acción efectiva, ya que en estos lugares, rara vez él o la Jueza leen algún escrito. Estos documentos son manejados, ingresados y resueltos por personas sin mayores conocimientos, ni títulos relacionados, delegando a las madres la responsabilidad de llevarles toda información del deudor”.

Según su percepción, no se aplica correctamente la ley, puesto que no hacen nada si el demandado no es notificado personalmente, en el domicilio proporcionado por éste, que por lo general es falso.

Por eso explica que su lucha todos estos años no ha tenido ningún resultado, su exmarido nunca ha pagado ni un solo peso y “a pesar de haber tenido orden de arraigo salió del país, estuvo en España”.

Menciona que el sistema ampara en todo a estas personas que no cumplen con sus obligaciones e indica que incluso demandó el 10% de la AFP, sin embargo, en ésta no le respondieron y se habrían negado a entregarle cualquier tipo de información. De todas formas, asegura que de aprobarse el segundo retiro del 10%, hará nuevamente la gestión legal y espera que la AFP le haga el descuento pertinente.

En el Parlamento

El diputado Matías Walker, quien conoce la situación de Lily Aránguiz, mencionó que este era uno de los miles de casos que ocurren en el país y por los cuales se ha propuesto en el Parlamento un retiro forzoso ordenado por el juez de familia a requerimiento de la demandante.

Dijo que tomó contacto con Lily Aránguiz, a quien efectivamente se le deben 64 millones de pesos y “ese es un caso emblemático y lamentablemente es un caso que se ha generalizado, por cuanto, más del 80% de las pensiones de alimentos en nuestro país se adeudan y esa es una situación escandalosa que dejó de manifiesto el primer retiro del 10%, cuando se presentaron decenas de miles de demandas de alimentos, sobre todo, de madres que vieron en esta oportunidad la esperanza de poder cobrar esas acreencias”.

Afirmó que estos casos permitieron que se lograra ordenar la retención por parte de los tribunales de familia  para pagar estas deudas, incoporándose este artículo transitorio a la Constitución que permite retener forzosamente el primer y el segundo 10% de la AFP.