Suspenden a sacerdote acusado de abuso sexual a menor en Illapel

Desde el obispado de Illapel se suspendió al presbítero Renato Riveros después de ser informados que el sacerdote fue acusado ante la Fiscalía Nacional de presuntamente haber cometido abusos sexuales a un menor, según informó la diócesis a través de un comunicado.

"El obispo prelado Jorge Patricio Vega fue informado que el presbítero Renato Riveros Silva ha sido acusado ante la Fiscalía por abuso a un menor de edad", explicó el ente clerical

En ese sentido, la Prelatura de Illapel, "ha decretado el inicio de una investigación previa" sobre la denuncia contra Riveros como lo establece el Código de Derecho Canónico y el protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para tratar las causas de abusos sexuales a menores.

"Como medida cautelar -continuó la diócesis en su comunicado- se ha suspendido al mencionado presbítero del ejercicio del ministerio sacerdotal".

Asimismo, la prelatura confirmó su disposición de colaborar con la Justicia civil que investiga el caso contra el sacerdote."La Iglesia católica rechaza todo daño a niños, niñas y jóvenes" remarcaron.Además, instaron a cualquier persona que disponga de antecedentes o pruebas sobre la denuncia o cualquier otra a que se ponga en contacto con la prelatura.

El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, informó a finales de abril de que las causas abiertas por abusos sexuales en el interior de la Iglesia católica chilena han aumentado a 166, y las víctimas a 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos, mientras las personas relacionadas con el clero que son investigadas suman 221.

Entre estas últimas hay 10 obispos, 152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 laicos, 8 personas de las que no se dispone información y 27 pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos.

Esta misma semana, la Fiscalía Nacional anuló un convenio de colaboración suscrito el pasado 30 de abril con la CECh para indagatorias relacionadas con clérigos involucrados en casos de abusos sexuales y reconoció que la decisión obedeció a una serie de críticas desatadas por el convenio, principalmente de agrupaciones de víctimas.