“Las víctimas de delitos deben tener los mismos derechos que hoy se garantizan a los imputados”

La abogada, vicepresidenta regional de la UDI y ex seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, quien estuvo en esa cartera desde marzo de 2018 hasta enero 2021, tenía claros objetivos al momento de aceptar integrar la lista de la UDI para ser parte de la Convención Constituyente: reconocer el derecho de las víctimas en un debido proceso judicial, garantizar que tengan una voz que sea escuchada, velar por los derechos de la infancia y apoyar el proceso de descentralización que hoy afecta a las regiones del país. Sus años de experiencia en diversas carteras públicas sirvieron para forjar esta mirada, pero su propia experiencia personal y profesional fue el catalizador.

“A través de la experiencia que tuve en la Seremía de Justicia y Derechos Humanos, pude corroborar que las víctimas de delitos necesitan mayor defensa y sentirse más protegidas por el sistema. Si le pedimos a las personas que tengan confianza en que los tribunales de justicia y en los debidos procesos, debemos dar ciertas garantías de que estos procesos consideran los derechos de todos. No podemos pedir fe ciega en la justicia. Hay que dar señales claras”.

Como ejemplo, señala, “en el proceso penal en sí hay variados reconocimientos a la presunción de inocencia, al debido proceso, y una serie de garantías para los imputados para que puedan tener un proceso objetivo. En esto Chile ha avanzado mucho, y está muy bien. Sin embargo, no podemos olvidar que en cualquier proceso penal hay dos partes, y creo que el reconocimiento a los derechos de las víctimas no ha tenido el mismo nivel de desarrollo. Una víctima debe ser tratada como víctima desde el inicio. ¿Dónde están resguardados sus derechos? ¿Quién escucha y valida su voz?”.

La abogada señala que, de llegar al sillón de la Convención Constituyente, su propuesta central será otorgar reconocimiento constitucional a las víctimas.

“Quiero ser muy clara: hay que generar las condiciones para la reparación y para la defensa de las víctimas; hay que acompañarlas en su proceso que no es fácil. Deben saber que hay un sistema que nos los va a desamparar. Y esa es una garantía que debe ser un derecho constitucional. Son variados los artículos constitucionales que protegen la libertad y derechos del imputado, no así de las víctimas de delitos”.

Un segundo foco de trabajo que la abogada de 42 años, que ha vivido gran parte de su vida en la región de Coquimbo, es llevar hasta la Constitución el debate por el desarrollo descentralizado de Chile, con mayor autonomía en regiones.

Parte de su experiencia personal explica esta meta levantar la bandera desde regiones. Su infancia no fue fácil. Alejandra es hija de una familia que se dedicó a la agricultura rural y creció en la localidad de Huatulame, en la comuna de Monte Patria. “En ese entonces no existía carretera y mi casa no tenía agua ni luz eléctrica. Mi mamá llegó desde Santiago con lo puesto, pero de alguna forma se las arregló para salir adelante con sus hijos, pero no es fácil cuando vives en localidades alejadas de capitales regionales o de la Región Metropolitana. La experiencia constante es que te encuentras con que la educación, la salud, el acceso a servicios básicos son siempre más difícil de obtener cuando estás lejos de Santiago y la calidad de los servicios básicos no es lo que uno esperaría para el nivel de desarrollo que hoy tiene Chile. Ese nivel de desarrollo debe llegar a todos, sobre todo en el ámbito laboral y en ciertas prestaciones de salud que únicamente son garantizadas por el Estado en Santiago”.

Valdovinos señala que en este ámbito hay un desafío importante, pues la Constitución no es “una varita mágica”, y agrega que el rol que hoy tienen quienes participan en este debate es alinear las expectativas de las personas. “No podremos resolver todos los problemas en la redacción de la Constitución, pero en la medida en que los ciudadanos participemos y tomemos un rol más activo, vamos a tener una política mucho más sana y renovada”, sostiene.