Los escollos de la reforma al código de aguas y el eco en los agricultores

Una semana álgida para la bullada Reforma al Código de Aguas se vivió en el país, situación que se inició el pasado domingo, con un inserto publicado en 18 medios nacionales e impulsado por la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA.

La publicación, a la que se sumaron más gremios, —entre ellos la Confederación de la Producción y Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, la Sonami y la Asociación de Bancos—, indicaba que la modificación que actualmente se tramita en el Senado, afectará el derecho a la propiedad y la certeza jurídica.

Asimismo, rechazaron las indicaciones propuestas por el gobierno y que se mantuvieran los cambios realizados por la administración de Michelle Bachelet.

Hay que recordar que los cambios que proponía el actual gobierno se centraban en mantener la perpetuidad de los derechos de agua, en vez de entregarlos como concesión por un período definido.

Un tema que justamente, aparece como el gran punto de tope de la reforma para los agricultores.

El eco de los agricultores en la región

Uno de los primeros en manifestarse frente a la situación de la reforma al Código de Aguas ha sido Pelayo Alonso, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, quien manifestó que las discrepancias surgen a la hora de definir qué, cómo y cuánto modificar. “El actual directorio de la junta ha insistido con voz fuerte y clara, en la necesidad de proteger efectivamente el patrimonio y los intereses de todos los usuarios de agua de la cuenca del río Elqui”, confirmó a través de una declaración pública.

Asimismo, señaló que comparten la información aparecida el domingo 14 de julio en medios nacionales y regionales, que apunta a consolidar la certeza jurídica a los derechos de aprovechamiento de agua. “Mantener la certeza jurídica del derecho de propiedad del agua es pilar fundamental de cualquier desarrollo económico y social de nuestro país. La incertidumbre en torno a esta situación es un serio golpe a nuestros usuarios, que representan diversas actividades económicas de la Región de Coquimbo”, dijo.

En tanto, llamó a incorporar en la legislación el concepto de “gestión integrada de los recursos hídricos” por cuanto la legislación actual no lo contempla. “Desde Elqui creemos que el mayor desafío es gestionar de manera asociada los derechos superficiales junto con los derechos subterráneos, incorporando a otros actores vinculados con los recursos hídricos, tales como sanitarias, uso industrial, recreacional, conservación, etc.”, sostuvo.

Por su parte, Luis Lohse, presidente de la JDV de Choapa, coincidió con Alonso y confirmó que en la organización han velado siempre por mantener el status quo de los derechos, es decir que no sufran modificaciones ni cambiar derechos que ya están adquiridos, por uno concesionado, ya que una cosa distinta solo iría en desmedro de los agricultores. “Hay que mantener la certeza jurídica de los derechos, no se puede seguir legislando desde una mirada ideológica”, dijo Lohse. En tanto, comentó que otro punto de tope podría estar en la gestión de las aguas subterráneas, pues no se ha constituido ningún avance en torno al tema. “No existe un control de distribución de estos recursos, y es algo esencial para trabajar sobre el tema”, estimó, concluyendo que lo esencial en esta reforma, es que se termine con la especulación.

Asimismo, llamó a los senadores a acercarse a los agricultores y a los administradores del agua, que son las juntas de vigilancia, para escuchar las necesidades del sector. “Nunca se han acercado a nosotros”, dijo.

La postura de los empresarios y privados en general es respaldada por el gobierno. De hecho, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, ha compartido los cuestionamientos, señalando que “hay que reformar el Código, pero sin precarizar el derecho de aprovechamiento del agua”.

Por su parte, José Eugenio González, presidente de la JDV de Limarí, señaló que, según su opinión personal, el agua en Chile siempre ha sido un bien nacional y de uso público. “Aquellos que le pertenecen a la nación toda, por lo tanto, me parece bien que el agua se mantenga así y que los usuarios tengan derecho a usarla. Me parece que el agua siempre debe ser prioridad para el consumo humano, uso doméstico y en cualquier circunstancia”, enfatizó.

Además, hizo hincapié en que históricamente en Chile la gestión del agua la han manejado las JDV en los cauces naturales, “y eso se ha hecho bien a mi juicio, sin ningún costo para el Estado, por lo demás. Yo creo que hay que darle más fuerza a estas organizaciones y que sea una labor fiscalizada en su actuar por la DGA”, dijo González, advirtiendo que en Chile no hay más disponibilidad de agua. “Lo que se debe hacer es mejorar la gestión de lo que hay. En ese sentido, en la medida que se van incorporando nuevas tecnologías, podemos ser más eficientes en la gestión”, concluyó.

Gremio regional se pronuncia frente al tema

La presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari, se pronunció frente al tema, comentando que “Chile es muy largo para tener una ley para todo el territorio”.”Hay situaciones diferentes a lo largo del país. La Región de Coquimbo se destaca por tener varios tranques, por lo tanto tiene una modalidad distinta de repartir agua, a diferencia de Osorno, por ejemplo, donde recién están instalando riego por goteo”, dijo.

En general, acusó, ha visto poca voluntad de las autoridades para escuchar al sector agrícola. “Pareciera si fueran los empresarios los que están alegando, cuando es un tema que afecta directamente a los agricultores. Hemos visto que las autoridades actúan más guiados por la emoción, que por la realidad que estamos viviendo. Entonces no me parece. El agua es un patrimonio por el que los agricultores de hoy en día han pagado caro, por lo que exigo que se respete”, dijo.

Por su parte, José Corral, vicepresidente de la SAN, añadió que ha faltado visión para analizar los temas de largo plazo, refiriéndose al cambio climático. “Todas las organizaciones de usuarios de agua hemos estado dispuestos a entregar información, pero cuando se empiezan a votar estas leyes, nos damos cuenta que no se han considerado detalles técnicos tan relevantes en un tema esencial como es la disponibilidad de agua en el cambio climático. La SAN siempre ha creído que el cambio climático hay que enfrentarlo y pedimos que la ley aporte a futuro”, dijo.

Asimismo, agregó que están de acuerdo que el código debe ser reformado, pero que la discusión deben ser centrada en el cambio climático y en generar más recursos. “Hoy no vamos a sacar nada haciendo cambios en la propiedad actual de los derechos de agua. Hoy tenemos que generar una politica de estado de largo plazo, generosa, que nos permita contar con el recurso hídrico más adelante”, precisó.

La mirada de las autoridades

La Senadora Adriana Muñoz ha sido una de las autoridades locales que se ha sumado al debate en torno al agua en el país. “Si no hay un cambio normativo y no nos tomamos en serio de que el planeta y el país se están quedado sin agua, enfrentaremos una crisis humanitaria por falta de este vital recurso”, aseveró esta semana la parlamentaria junto a integrantes de la comisión de Agua y Agricultura del Senado.

Esto, tras la publicación del inserto impulsado por el gremio agrícola nacional.

En este sentido la parlamentaria e integrante de la comisión de Recursos Hídricos del Senado señaló que lamentó profundamente la forma y el contenido en que se expresa esta publicación.

Del mismo modo, enfatizó que no pueden pretender hacer competir en igualdad de condiciones la entrega de derechos de aprovechamiento de agua para el consumo humano y para las actividades productivas y recalcó que “hoy hay una tremenda cantidad de comunidades rurales y urbanas que dependen del suministro de agua que entregan los camiones aljibes”.

A su postura se sumaron varios actores del mundo público. Los senadores de la bancada socialista, Carlos Montes e Isabel Allende, refutaron el inserto y por medio de un comunicado señalaron que los “gremios empresariales nuevamente, intentan decretar qué es bueno para la ciudadanía y qué no”.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi, aseguró que las críticas del empresariado serían “presiones indebidas”.