Gremio agrícola insiste en que derecho de agua se debe mantener tal como está

En una inédita reunión en las oficinas de la Sociedad Agrícola del Norte, SAN, en La Serena, el mundo público y privado se reunieron para poner de relieve la complicada situación que vive el sector actualmente debido a la sequía, y también para aterrizar las demandas que el gremio busca establecer en la discusión de la reforma al Código de Aguas.

Fue una extensa reunión (con la presencia de diputados y senadores de la zona) que, según María Inés Figari, fue positiva. “La reunión fue un éxito, estamos contentos de haber podido reunirnos con la base de la región de la representación en el parlamento.

Creo que se logró bajar el debate a la realidad de lo que necesitamos, hicimos ver con ejemplos cuáles son los puntos que a nosotros nos preocupan. Aquí hay responsabilidades, el debate debe ser con altura de miras en la región, ya que la agricultura es la segunda actividad más importante en la zona. Una reforma poco analizada podría perjudicar a pequeños y medianos agricultores”, dijo Figari.

Con todo, la presidenta del gremio reafirmó que lo que buscan en torno a la reforma al Código de Aguas, es que el derecho al recurso hídrico se mantenga tal como está. “Hay una postura de satanizarnos muy violenta e irresponsable. Que los ricos se quieren quedar con el agua, cuando no es así. Hoy las grandes empresas están contadas con los dedos, y los demás agricultores, en su mayoría medianos y pequeños, están al borde de la quiebra. Los invitaría a vivir una semana al campo para que vean las condiciones en que la agricultura está. Se darían cuenta que es una actividad noble y generalizar no es bueno”, explicó la dirigente gremial.

“Creo que se logró bajar el debate a la realidad de lo que necesitamos, hicimos ver con ejemplos cuáles son los puntos que a nosotros nos preocupan”, María Inés Figari, presidenta de la SAN.

El eco en los parlamentarios

El diputado Pedro Velásquez fue uno de los asistentes, quien comentó que es partidario de que quienes poseen derecho de agua hoy, los mantengan. “Estoy preocupado por la situación del agro. Creo que debe existir una normativa que congele la venta de derechos de agua para que no lleguen especuladores. Me comprometo con alguno de los acuerdos y creo que el Estado debe comprar las acciones de agua que una persona quiera vender. Esto permitiría al Estado recuperar acciones y con eso, debiera invertirlas en pequeños y medianos agricultores, así evitar especulaciones por parte de grandes empresarios”, dijo Velásquez.

Por su parte, el senador Jorge Pizarro hizo hincapié en la preocupante situación hídrica que vive la región. “En la reunión vimos dos cosas, por un lado, la preocupación constante por la aprobación del Código de Aguas, y por otro qué políticas de inversión en obras de infraestructura para el aprovechamiento del recurso hídrico podemos hacer en el corto, mediano y largo plazo”, precisó.

Asimismo, el diputado Juan Manuel Fuenzalida agregó que “hoy lo importante es que podamos trabajar en conjunto para sacar adelante la tecnificación del riego agrícola. En la medida que logremos cumplir con ese desafío, no solo vamos a asegurar el recurso para el agro, sino que también para el consumo humano”, concluyó.

En tanto, el diputado Matías Walker consignó que la región necesita recursos frescos para la emergencia que enfrenta. “Necesitamos que el 50% de los agricultores de la zona, que son pequeños y medianos, puedan recibir beneficios. Necesitamos que el MOP reactive proyectos que quedaron rezagados en el gobierno anterior, como plantas desaladoras en Choapa y Limarí”.

Asimismo, agregó sobre el Código de Aguas que transmitieron la tranquilidad de que no se van a afectar los derechos de aprovechamiento de agua, y también buscarán sancionar a quienes especulan con el agua y perjudican a los agricultores.

EL GRUESO DE LA POSTURA DEL GREMIO

Según explican desde la SAN, esta normativa -vigente desde 1981- debe incorporar temas tales como el cambio climático y la sequía, que afectan fuertemente a la Región de Coquimbo. Asimismo, aseguran que debe ser una herramienta de desarrollo sustentable, que permita abordar de manera integral los desafíos que hoy enfrenta la agricultura a nivel nacional y regional. “Apoyamos irrestrictamente todas las medidas que se adopten con miras a fortalecer el estatus del agua como un bien nacional de uso público. Y si bien está consagrado como tal en la Constitución, es importante reforzar el principio de dar prioridad al consumo y saneamiento humano, especialmente en situaciones de escasez hídrica”, comentan desde el gremio. También precisan que apoyan modificaciones a favor del medioambiente y contra la especulación.

Por otro lado, son categóricos al afirmar que rechazan la intención de afectar el derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas. “No se puede sustituir el régimen de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento del agua, consagrado en la Constitución. Es pilar del desarrollo económico y social de todo el país”.

Asimismo, comentan que los desafíos y problemas derivados de la escasez no se resuelven eliminando el carácter definitivo de los derechos de aguas, sino determinando cómo podemos optimizar la conservación uso y reutilización del agua. “El verdadero problema no es la escasez del recurso hídrico, sino la falta de inversión en infraestructura. Por lo mismo, se requieren mecanismos que ayuden a manejar riesgos que surgen por el cambio climático, crecimiento poblacional o por procesos de urbanización”, concluyen.