• Las organizaciones de gestión de agua en la región respaldaron los anuncios del ministro Fontaine.
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Lautaro Carmona
En el marco de la discusión de la reforma al Código de Aguas, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, despejó las dudas que aquejaban desde hace varios meses a las Juntas de Vigilancia de la Región de Coquimbo, asegurando entre otras cosas, la certeza jurídica de los derechos de agua.

Desde el anuncio de la reforma al Código de Aguas durante el gobierno de Michelle Bachelet, las Juntas de Vigilancia de Choapa, Elqui y Limarí fueron férreas opositoras a una de las condiciones de la modernización de la ley: el cambio de los permisos perpetuos de los derechos de aguas a una concesión temporal.

El tema fue una de las banderas de batalla de las organizaciones de la Región de Coquimbo durante 2017, situación que quedó a la espera de la pronunciación de la nueva administración durante 2018 (tras el cambio de Gobierno), hasta ahora.

En entrevista con Pulso, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, confirmó la voluntad del Gobierno de mantener la perpetuidad de los derechos del agua, y así lograr certeza jurídica, “que es lo que permite que los agentes económicos, personas o empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua”, explicó Fontaine.

En Chile existen 101 cuencas, varias de ellas ubicadas en la Región de Coquimbo.

Los planteamientos del Gobierno a través de una indicación a la ley

Así, según se estipula en el medio nacional, Fontaine señaló que para lograr una mejor disponibilidad de agua, hay mejores vías que limitarse a modificar el régimen de derechos de agua.

Por lo mismo, el titular de la cartera del MOP indicó que están planteando una indicación sustitutiva a la ley —que hoy se encuentra en el Senado—, que busca mantener la certeza jurídica de los derechos del agua. -Nosotros creemos que es un error quitarles certeza jurídica a los derechos de agua. “Mantenemos lo que existe hoy, que es la duración indefinida de los derechos de agua y la transferibilidad de ellos, pero hacemos una modificación en cuanto a que los nuevos derechos en el momento de otorgarse sean por licitación o remate, a diferencia de lo que ocurre hoy de que se otorgan gratuitamente, salvo que aparezca algún oponente, porque solo en ese caso hay remate”, señaló la autoridad a Pulso este domingo.

En tanto, están planteando en la indicación la obligación de la Dirección General de Aguas (DGA) de elaborar planes estratégicos de gestión de recursos hídricos; y el manejo de los acuíferos subterráneos. También buscarán crear un panel de cinco expertos, independientes de la DGA, que sean quienes aprueben las medidas que tome la dirección en esta materia.

“Además, tal como estaba en el proyecto del gobierno anterior, estamos priorizando el consumo humano, pero hay que tener en cuenta que es solamente el 12% de los usos del agua”, detalló Fontaine.

“Compartimos plenamente la visión del ministro, ya que esta ha sido nuestra pelea durante los últimos meses: mantener la perpetuidad del derecho como hoy está establecido”, Luis Lohse, presidente de la JDV de Choapa.

El respaldo de las organizaciones de la región

Frente a los dichos de la autoridad, las Juntas de Vigilancia de la región no tardaron en manifestarse a favor.

Luis Lohse, presidente de la JDV de Choapa, manifestó a diario El Día que en la organización han estado siempre por mantener el status quo de los derechos, es decir no sufrir modificaciones ni cambiar derechos que ya están adquiridos, por un derecho concesionado. “Por lo mismo compartimos plenamente la visión del ministro, ya que esta ha sido nuestra pelea durante los últimos meses: mantener la perpetuidad del derecho como hoy está establecido”, dijo.

Con respecto al anuncio de generar más organización en torno a la gestión del agua en torno a las cuencas, Lohse reveló que es una iniciativa que se viene planteando hace años, pero que hasta 201, muy poco se había avanzado. En esa línea, destacó un estudio de manejo integrado de recursos hídricos que se está haciendo en la zona con el apoyo del gobierno holandés. “Esto permite apuntar cómo todas las organizaciones y actividades gestionan el recurso y cómo crece una cuenca”, dijo.

En tanto, comentó que el punto de tope podría estar en la gestión de las aguas subterráneas, pues no se ha constituido ningún avance en torno al tema. “No existe un control de distribución de estos recursos, y es algo esencial para trabajar sobre el tema”, estimó, concluyendo que lo esencial en esta reforma, es que se termine con la especulación.

“Hay que darle más fuerza a las Juntas de Vigilancia, y que sea una labor fiscalizada en su actuar por la DGA”, José Eugenio González, presidente de la JDV de Limarí.

Desde Limarí llaman a darle continuidad a las JDV

Por su parte, José Eugenio González, presidente de la JDV de Limarí, señaló que, según su opinión personal, el agua en Chile siempre ha sido un bien nacional y de uso público. “Aquellos que le pertenecen a la nación toda, por lo tanto, me parece bien que el agua se mantenga así y que los usuarios tengan derecho a usarla. Me parece que el agua siempre debe ser prioridad para el consumo humano, uso doméstico y en cualquier circunstancia”, enfatizó.

Además, hizo hincapié en que históricamente en Chile la gestión del agua la han manejado las JDV en los cauces naturales, “y eso se ha hecho bien a mi juicio, sin ningún costo para el Estado, por lo demás. Yo creo que hay que darle más fuerza a estas organizaciones y que sea una labor fiscalizada en su actuar por la DGA”, dijo González, advirtiendo que en Chile no hay más disponibilidad de agua. “Lo que se debe hacer es mejorar la gestión de lo que hay. En ese sentido, en la medida que se van incorporando nuevas tecnologías, podemos ser más eficientes en la gestión”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la JDV de Elqui, Pelayo Alonso, advirtió que tras los anuncios del Gobierno en torno a la reforma, están tranquilos, toda vez que se mantiene la línea de darle certeza jurídica a los derechos de aprovechamiento de agua. "Las señales apuntan entonces a que se consolida el concepto de que los derechos existentes no sufrirán modificaciones, manteniendo su certeza jurídica, cuestión que compartimos plenamente desde el sector, puesto que entendemos que el problema es inversion en infraestructura y poner los incentivos correctos al uso eficiente. Modificar el regimen juridico de las aguas en ningun caso resuelve el problema", dijo.

"Nos parece mala idea introducir una indicación sustitutiva teniendo en cuenta todo lo que avanzamos en el Parlamento", Matías Walker, diputado DC.

Parlamentarios DC critican decisión del Gobierno

Pero lejos de celebrar los anuncios de Fontaine se encuentran los parlamentarios de la Democracia Cristiana, quienes discutieron y aprobaron la reforma al Código de Aguas tal como el gobierno anterior la proponía: con la caducidad de los derechos del recurso hídrico.

Al respecto, el diputado Matías Walker fue enfático en afirmar que como políticos de esa coalición, defenderán el proyecto como se planteaba antes. "Los diputados de la DC vamos a defender el proyecto que aprobamos en la cámara en 2016 en el gobierno de Bachelet bajo la titularidad del ministro Alberto Undurraga, que básicamente establece un nuevo régimen jurídico para los nuevos derechos de aguas que se constituyan, estableciendo que estos ya no van a ser perpetuos, como ocurre hoy, sino que serán concesiones de uso de agua con una vigencia de máximo 30 años, dependiendo de la disponibilidad del recurso", explicó el parlamentario. Según Walker, en la reforma hoy se establecen causales de caducidad por la no utilización de agua, de extinción respecto de los antiguos derechos de no inscribirse en el nuevo catastro de la DGA para tener clara la dotación del recurso de cada una de las cuencas. "Creemos que hay una sobredotación de derechos de agua a privados que no se utilizan y son los pequeños agricultores lo más perjudicados, ya que muchas veces no tienen acceso a agua. Nos parece mala idea introducir una indicación sustitutiva teniendo en cuenta todo lo que avanzamos en el Parlamento", señaló Matías Walker.62-02iR

La importancia de las Juntas de Vigilancia

Las Juntas de Vigilancia son organizaciones que se constituyen en torno de cauces naturales. Tienen competencia hasta la bocatoma de los canales que extraen las aguas del cauce. En este sentido, el Código de Aguas establece en su artículo 263 lo siguiente: “Las personas naturales o jurídicas y las organizaciones de usuarios que en cualquier forma aprovechen aguas de una misma cuenca u hoya hidrográfica, podrán organizarse como Junta de Vigilancia”.

Estas organizaciones tienen por finalidad administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en los cauces naturales; explotar y conservar las obras de aprovechamiento común, y realizar los demás fines que les encomienden la ley y sus estatutos. Podrán construir, también, nuevas obras relacionadas con su objeto o mejorar las existentes, con autorización de la Dirección General de Aguas.

Hay que destacar que en el marco del trabajo en conjunto entre el GORE de Coquimbo y el gobierno holandés, en un plan piloto que busca mejorar la eficiencia hídrica en la región (Giragua), expertos internacionales han destacado la organización y utilidad que han logrado las Juntas de Vigilancia en Chile, siendo un modelo destacado al punto de querer exportarlo a otros países.

 

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